Tengo la convicción de que el presidente Abinader posee la firme voluntad de combatir de manera frontal los grandes focos que, por décadas, han causado las profusas debilidades sociales, por parte de poderosas maquinarias de corrupción que se resisten a los cambios que demandan los tiempos, para no perder la hegemonía que han tenido en los últimos decenios en la República Dominicana.
El mandatario ha motorizado iniciativas tendentes a producir reformas que tocan la médula de prácticas históricas que han sido traumas institucionales. En ese sentido, ha encabezado la llamada reforma policial, que debiera llamarse conformación de una nueva Policía Nacional, con el aumento de salarios dignos que se correspondan con el orgullo de llevar arma y uniforme que representan la autoridad, la tranquilidad de solvencia familiar y garantía de un buen nivel de vida, lo cual genera temor de perder la posición.
A pesar del incremento de las deportaciones de extranjeros indocumentados, crece la población de ciudadanos ilegales en RD, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por reducir la mortalidad materno-infantil, pero se producen incrementos vertiginosos de decesos de parturientas extranjeras sin previos manejos médicos de sus embarazos, así como una alta mortalidad de sus hijos.
Mientras se invierten sumas cuantiosas en la prevención y persecución del crimen, la sociedad sigue siendo víctima de la delincuencia; mientras se producen denuncias de irregularidades en algunos órganos del Estado, el gobierno da muestra de una administración eficiente de los recursos con los que cuenta.
En esta administración se han hecho esfuerzos en procura de la eficiencia del manejo de la cosa pública, como es el orden operativo del Estado a través de Centro de Capacitación, en Planificación e Inversión Pública con medidas de burocracia cero, el control y monitoreo de las contrataciones del Estado, el modelo de gestión de excelencia que se ha convertido en un referente internacional.
Uno de los grandes retos que tiene el presidente es conformar una estructura de hombres y mujeres probos y decididos a imponer consecuencias ejemplarizantes con el tema del terrible flagelo del tráfico de personas. En República Dominicana operan estructuras delincuenciales compuestas por dominicanos y extranjeros, con ramificaciones internacionales, dispuestos a desafiar toda ley y autoridad, amparados en que no hay un régimen de sanciones efectivas que le pongan freno desde el poder del Estado.
La Dirección General de Migración requiere y necesita ser dotada de nuevas herramientas, de autonomía presupuestaria y administrativa, y que dependa directamente del Ejecutivo, con capacidad de concentrar bajo su dirección, los instrumentos de poder que le permitan un accionar más efectivo y profesional.
Lejos de tener que requerir la asistencia de las autoridades militares y policiales “para el cumplimiento de las funciones de control migratorio de entrada, permanencia y salida de personas,” tal como lo establece su ley, la Dirección General de Migración debería disponer de una policía migratoria profesional, una fuerza militar fronteriza especializada, laboratorios, personal experto en materia migratoria y un cuerpo de investigación nacional, con capacidad para combatir el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, garantizando así su eficiencia en los diferentes órdenes operativos.
Tomando como modelo el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, antiguo (Immigration and Naturalization Service), encontraremos la concentración de poderes, como son, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Detención y Deportación (ERO) y la Oficina del Asesor Jurídico Principal, con un personal de más de veinte mil agentes y más de cuatrocientas oficinas en los Estados Unidos y alrededor del mundo, con un presupuesto anual de más de 8 billones de dólares, solo para las agencias migratorias, en razón de que la parte aduanal posee su propio personal y presupuesto.
Si no se importantiza a la DGM en la magnitud que las circunstancias requieren y no se dota de las herramientas necesarias, esta dirección seguirá siendo la cenicienta del Estado, mendigando el apoyo de las demás instituciones que le deben servir de soporte para que pueda realizar sus funciones, lo que ocasiona la mención de esta dirección en situaciones de manejos inadecuados, producidos por personas ajenas a la institución pero que prestan servicio de apoyo a sus labores.
No se puede responsabilizar a Migración del reingreso de los inmigrantes que, al momento en que son llevados a la frontera, retornan por vía de las mafias de entradas ilícitas, que cobran peajes que superan los 15,000.00 pesos, según testimonios de los mismos migrantes.
Es necesario dotar a la Dirección de Migración de poderes constitucionales suficientes, para que pueda tener alcance y operatividad en todas las ramas de su accionar y así pueda asumir el mando de los controles fronterizos, con una guardia migratoria fronteriza, control interno, con equipos y oficiales migratorios bien entrenados y bien remunerados en los puestos de chequeos, policía especializada en los operativos de interdicción migratorio, policía científica en las investigaciones de tráficos y fraudes, entre otros aspectos.
En la reforma constitucional propuesta, se impone un mandato más preciso sobre la migración y la lucha contra el tráfico de personas, en razón de que la palabra migración solo aparece en el literal g del artículo 93 de la Constitución, en lo relativo a las atribuciones del Congreso. Proponemos incluir en el capítulo IV sobre población, en lo relativo a la persona que “la nacionalidad, la inmigración, la emigración, la extranjería y el derecho de asilo sean temas de la competencia exclusivas del Estado, bajo el manejo de la Dirección General de Migración, órgano superior dependiente directo del Poder Ejecutivo”.