Báez y el empréstito Hartmont
Al frustrarse el primer intento de anexión a los Estados Unidos y ante la agobiante crisis económica que afectaba su cuarto mandato, el presidente Báez comisionó a los señores Abraham Jesurum y al coronel Adolphe Mendes para que gestionaran la concertación de un préstamo en los Estados Unidos o Europa, y aunque sus gestiones resultaron infructuosas crearon las condiciones para que el usurero judío, Edward Hartmont, concretizara lo que el historiador César Herrera llama “la más colosal estafa de que ha sido víctima el Estado dominicano”.
Para Herrera, este empréstito “fue el primer grueso eslabón de la cadena de desaciertos que impidieron la evolución normal y progresiva de la República Dominicana” y sus “efectos desastrosos” repercutieron de forma negativa en los sesenta años posteriores. (1)
El contrato del préstamo se firmó el 1 de mayo de 1869 por un monto de 420 mil libras esterlinas (US$2,000,000), a una tasa de interés de un 6% anual por 25 años y en el mismo el gobierno de Báez se comprometía a reembolsar a los inversionistas un millón cuatrocientas setenta y dos mil quinientas libras (£1,472,500), es decir, 3.5 veces el monto del capital nominal (£420,000), de los cuales el gobierno solo recibió como “anticipo” £38,093 que Hartmont pudo conseguir inmediatamente en Londres y que el gobierno logró canjear con elevados descuentos.
El gobierno pagó de inmediato una comisión de £100,000 a los señores Hartmont & Cia. De modo, que los intereses y las comisiones eran tan elevados que “nadie que no hubiera sido Báez lo habría aceptado”, dice el historiador Moya Pons. (2) Con este préstamo quedaba comprometida la soberanía nacional pues el artículo 10 del contrato establecía que el pago regular del mismo quedaba garantizado por todos los activos del Estado dominicano como aduanas, impuestos y dominios como los bosques dominicanos, los depósitos de guano en la isla Alta Vela y las minas de carbón.
La historia de este gravoso préstamo no termina ahí, pues el rufián Edward Hartmont y sus socios, sin el consentimiento del gobierno dominicano, autorizaron a la casa Lawson & Son de Londres a emitir bonos sobre el empréstito por £757,700, es decir, £337,700 más que lo previsto en el contrato.
Para César Herrera “la conducta observada por el gobierno frente al caso Hartmont fue de una torpeza inaudita ya que era lógico suponer que ese financista, amparado en sus convenios legales, estaría flotando su empréstito con la banca inglesa”. “Pocos acontecimientos, sostiene Herrera, han sido tan funestos para el país como la desdichada operación Hartmont Báez de 1869”. (3)
Pero no solo el historiador Herrera pondera negativamente el empréstito, también lo hizo Rodríguez Demorizi que lo califica como “uno de los más nefandos hechos de nuestra historia, de más tristes consecuencias que nuestras peores revoluciones” en la medida en que provocó la “mediatización de nuestra soberanía, sementera de males sin cuento”. (4)
La exigua suma recibido de este empréstito no le permitió a Báez ni siquiera pagar los salarios de los secretarios de Estado aunque muchos funcionarios se mostraron dispuestos a sacrificarse, incluso solicitando dinero a personas acaudaladas, como vimos en el artículo anterior.
Báez requería suficientes recursos para mantenerse en el poder, enfrentar las rebeliones de los generales Gregorio Luperón en el norte y José María Cabral en el sur y continuar las negociaciones con el recién instalado presidente Ulises Grant de los Estados Unidos para la anexión del país y la compra o arrendamiento de la bahía de Samaná.
La anexión a los Estados Unidos (segundo intento)
Báez, a quien le animaban “propósitos de lucro y poder”, como indica Rodríguez Demorizi, no cejaba en su empeño por anexionar la república a los Estados Unidos y su objetivo se vio favorecido con la asunción a la presidencia de ese país del general Ulisses Grant, cuya firmeza moral cuestionaba Charles Sumner.
La anexión se consideraba una “negocio lucrativo”, dice el historiador García, y por ende, tenía atractivos para los pancistas y utilitarios. Entendía que la mayoría de los pensadores dominicanos deliraban con ese negocio mientras los los opuestos se hallaban en minoría. De acuerdo al historiador Roberto Cassá, “La realidad era que con posterioridad a la anexión a Estados Unidos, Báez tenía previsto grandes negocios en unión a los funcionarios cercanos al presidente Ulisses Grant y a los aventureros William Gazneau y Joseph Fabens, los inspiradores de todo lo que se tejía”. (5)
Al poco tiempo de instalado Grant el inescrupuloso aventurero, coronel Joseph Warren Fabens, un cabildero de Báez en los Estados Unidos, logró contactar al presidente Grant, y el 9 de marzo de 1869 presentó un Memorando al Departamento de Estado en el cual expone la disposición del gobierno dominicano de ingresar a la Unión americana como un nuevo Estado, al igual que Texas.
La insistencia de Báez y de Manuel María Gautier, ministro de Relaciones Exteriores, comprometieron al presidente Grant en el proyecto de Anexión que ordenó al secretario de Marina, a solicitud de Báez, la captura del barco de guerra El Telégrafo que conducía el general Luperón en su lucha contra los propósitos anexionistas, y además envió al país un agente confidencial, el general Orville Babcock, para tratar los detalles iniciales de la anexión.
El 28 de noviembre de 1869 el presidente Báez consiguió la autorización del Senado dominicano para firmar dos tratados para el arrendamiento de la península y bahía de Samaná y la anexión a los Estados Unidos. El primero de ellos como una medida preventiva en caso de que el segundo fuera rechazado. Al día siguiente el mayor Babcock le entregó a Báez US$148,000 en efectivo y en armas procedentes de los fondos secretos a disposición del presidente Grant.
Al siguiente día se firmó el Tratado mediante el cual la República Dominicana renunciaba a su soberanía como nación independiente y soberana, cediendo estos derechos a los Estados Unidos de América a quien cedía la totalidad de sus bienes.
Los ciudadanos dominicanos se incorporarían a los Estados Unidos como ciudadanos de ellos; los pueblos de la República Dominicana debían expresar su voluntad respecto a las cesiones del contrato y los Estados Unidos brindarían protección al país contra toda intervención extranjera. En el artículo se consignaba que los Estados Unidos se comprometían a entregar a Báez $1,000,000 en oro luego de que el Senado de ese país aprobara el tratado.
Se comprometía al pago de la deuda externa, a mantener las leyes dominicanas que no fueran contrarias a la de los Estados Unidos. El artículo IX establecía que el Tratado debía ser aprobado por el Senado de ese país, el X que tenían el derecho de adquirir la península y bahía de Samaná en cualquier tiempo antes de los 50 años por la cual pagarían US$2,000,000 en oro.
Mientras en el último artículo se acordaba que luego de ratificado el Tratado los Estados Unidos entregarían, a cuenta del arrendamiento de Samaná la suma de $147,229.91 pesos a ser deducidos del US$1,500,000 consignados en el quinto artículo. (6)
Desde que se envió al Senado la prensa de Nueva York tuvo acceso al Tratado y al poco tiempo se verificó la reacción de los patriotas dominicanos que abogaban por la “independencia absoluta”, como el general Luperón que el 10 de diciembre de 1869, en respuesta a una carta del historiador García le expresa no sentirse:
“[…] alarmado de un hecho tan vergonzoso para la República, puesto que sabía todas las infatigables gestiones del traidor Báez con los filibusteros yanquis, pero sí sorprendido de la enormidad del mismo crimen y de la aparente indiferencia de nuestros compatriotas”.
En la misiva le informaba de “la gran cantidad de correspondencia” que había hecho llegar a todos los pueblos del Cibao con la finalidad de contrarrestar lo que sucedía en ese momento, aunque lo que realmente atormentaba al general Luperón era la “indiferencia” de los patriotas de esa región pues se cuidaban “muy poco o nada de su independencia política”.
Luperón se consideraba como el menos indicado para ocuparse por “unos compatriotas infames y por una patria tan indigna” pues los primeros lo desacreditaron con la imputación de que pretendía establecer la guerra de castas, y la segunda por “pregonarme de pirata ante las naciones del mundo autorizándolas a que me ahorcaran como un malvado, solo porque odio y le hago la guerra a un traidor, meticuloso Mariscal español. Una solemne mentira y una vil ruindad”. (7)
En enero de 1870 el general Luperón escribió lo que Rodríguez Demorizi califica como “una de las más bellas páginas de nuestra historia que hoy mismo no podría ser leída sin emoción” y sin ver en ella la lucha de David contra Goliat, el Débil por encima del Fuerte y al “inerme dominicano, a Luperón mismo, sobre el poderoso yanqui”. (8)
En dicha carta de protesta, Luperón le reprochaba a Grant haberse aliado con el “traidor Báez” para perseguir a los buenos ciudadanos y aniquilar la independencia dominicana, además de haber ordenado la destrucción de El Telégrafo al acoger el “decreto inmoral” del “mercenario Senado de Báez”.
Sobre este último tópico Luperón propone apelar de forma conjunto a un “juicio imparcial” de las naciones cultas para determinar cuál es el “verdadero pirata”:
“[…] entre el general Luperón, que montaba El Telégrafo, que procuraba salvar la integridad territorial del suelo que le vio nacer, o el presidente Grant, que envía sus vapores a ampararse de Samaná sin previa autorización del Congreso americano; la solución no sería muy difícil Señor Presidente: S. E ha abusado de la fuerza para proteger la más baja corrupción.
Y si es cierto que es humillante para el pueblo dominicano tener mandatarios tan traidores, no es menos indecoroso para el gran pueblo americano el que su Gobierno consienta en tan ruines achicamientos. Para ambas naciones el hecho es afrentoso”. (9)
Referencias
(1) C. A. Herrera, De Hartmont a Trujillo, Santo Domingo, 2009, p. 44.
(2) F. Moya Pons, Manual de historia dominicana, 15a edición, Santo Domingo, 2013, p. 361.
(3) C. A. Herrera, De Hartmont a Trujillo, p. 44.
(4) Prefacio de E. Rodríguez Demorizi al Informe de la Comisión de Investigación de los EUA en Santo Domingo de 1871, pp. 12-13.
(5) R. Cassá, Buenaventura Báez. Cinco veces presidente, Santo Domingo, 2000, p.
(6) Prefacio de E. Rodríguez Demorizi al Informe de la Comisión…, pp. 15-17.
(7) Emilio Rodríguez Demorizi (editor), Escritos de Luperón, Ciudad Trujillo, 1941, pp. 27-29.
(8) Prefacio de E. Rodríguez Demorizi al Informe de la Comisión de Investigación de los EUA en Santo Domingo de 1871, pp. 18.
(9) Ibidem, pp. 18-19.