Los desafíos que tiene por delante la Sociedad de Psiquiatría

Recién se acaba de juramentar la nueva directiva de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP), que por los siguientes dos años, hasta el mes de septiembre de 2027, para ser específico, gestionará el quehacer que por misión tiene en sus estatutos. Promete hacerlo al cumplir con la ejecución de los Ejes del Programa de Gestión que tuvo a bien promocionar durante la campaña previa al día de las elecciones.

La nueva directiva está integrada en su totalidad por psiquiatras impecables. Desde el presidente a los demás miembros de la Junta Directiva, los vocales, los asesores y los miembros de los diferentes comités, son colegas que nos llenan de orgullo. Podemos afirmar sin rubor que, quizá, pudo haber una directiva pasada con igual estatura profesional y moral, pero no mayor. Por solo citar a uno de sus miembros, nos referimos al nuevo presidente, el Dr. Julio Ravelo Astacio, que, como señala la nota con la que impulsó su campaña y que hacemos nuestra, es una figura señera de la medicina dominicana, con un legado incuestionable en la psiquiatría, en la educación superior y el servicio a la sociedad. Llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su trayectoria conjuga profundidad académica, compromiso social y vocación humanística.

Al armonizar la misión institucional, expresada en sus estatutos, con los Ejes del Programa de Gestión y al analizar la coyuntura actual en la que se encuentra la SDP, podemos afirmar con rotundidad que los desafíos de esta directiva son enormes. Nos vamos a detener en apenas unos pocos temas del referido Programa, no obstante, los mismos son de significativa importancia y trascendencia, no solo para la vida institucional del gremio, sino también para las políticas de salud y, en sentido general, para nuestro país.

El Eje III del referido programa señala “Compromiso de la SDP como eje transformador en la salud mental del país”, para más adelante, en el mismo Eje, prometer  “Elevar la incidencia de la SDP en la formulación de políticas públicas de salud mental”.

Como ambas aspiraciones se complementan, nos referiremos a las dos en su conjunto. La ocasión, para que estos propósitos se cumplan están planteadas en la agenda nacional. Nos explicamos, hace pocos días, el ministro de Salud  introdujo al Congreso Nacional, vía el Senado de la República, un PROYECTO DE LEY SOBRE SALUD MENTAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, QUE DEROGA LA LEY 12-06.  Esta es una oportunidad que la SDP tiene que aprovechar para colocarse al lado de los actores que están en la delantera de la defensa de esta aspiración tan largamente esperada. La SDP debe apoyar al Ministerio de Salud Pública desde la primera fila del debate. Conocer el contenido del anteproyecto colocado en el Congreso, analizarlo y enriquecerlo es un imperativo. Hacer causa común, hombro a hombro, como actor principal, no como invitado circunstancial, tiene que ser el propósito de la SDP. Vamos más lejos, debe buscar asesoría legal, contratada, porque es una forma de mostrar un apoyo irrestricto y poder así realizar un aporte sustancioso a  este proyecto de ley que contiene grandes avances en salud mental.

No se puede defender lo que no se conoce. Nuestro humilde consejo es que, de inmediato, la nueva directiva, en su conjunto, realice un taller en donde se analice el contenido, se identifique posibles mejoras, se determine qué no se debe negociar de dicho contenido, qué contiene que no debería tener y qué no contiene que debería incluirse. La invitación es pues, a actualizarse, documentarse, defender con conocimiento y hacer abogacía desde la primera fila, haciendo frente común con los otros actores que desde la sociedad civil están estructurando una defensa conjunta. Esta es una oportunidad que esta directiva tiene que aprovechar al máximo, tanto por el fin profesional, buscar lo mejor para el paciente, como para visibilizar al gremio como estandarte de las mejores causas.

El proyecto sometido al Senado plantea avances significativos en temas capitales. Desde los principios rectores por los que se regirá, como son respeto a los derechos humanos, equidad e inclusión, consentimiento informado, participación de las personas usuarias y atención centrada en la comunidad que, de por sí, nos muestran un enfoque centrado en la persona, hasta plantear los derechos de los usuarios, los deberes del Estado, la organización de los servicios de salud mental, hasta proponer el Modelo de Atención con Enfoque Comunitario. Es un salto cualitativo de innegable avance que todos debemos conocer y defender. La propuesta llega más lejos, sugiere los mecanismos para la desinstitucionalización progresiva y, por primera vez, se coloca el tema de la cobertura de los seguros en salud mental como fuente de debate oficial. Los cambios propuestos son de avanzada, no conocerlos al detalle debilita su defensa.

En el mismo Eje III al que hicimos referencia, existe la proposición que dice: “Fortalecimiento de relaciones con sociedades médicas, sector público/privado, academias e industria farmacéutica”. Nos interesa sobremanera detenernos en la relación con la industria farmacéutica. Sabemos con certeza que este es un tema complejo, difícil y sensible. Para sostener esos tres adjetivos nos remitimos a cientos de artículos que de forma libre se pueden encontrar en la red digital.  Hay posiciones para todos los gustos: desde un radicalismo a ultranza, que plantea que toda relación con la industria es inaceptable, hasta los que preconizan que esa relación es en cierto modo necesaria. El hecho es que, en muchos países, desde sus autoridades sanitarias, gremios de salud y a veces desde el Congreso, se han establecido reglas para hacer más decoroso ese vínculo.

En nuestro país no tenemos referente alguno. Ni desde el gremio médico, ni desde la SDP, ni desde el sector oficial. En el caso que nos ocupa, la SDP, ese lazo ha sido laxo, tanto que ya ha llegado a un punto en donde se hace imposible guardar silencio. Lo que hasta hace poco solo se comentaba entre colegas de confianza y a baja voz de pronto sale a relucir un escrito que viene de una voz autorizada y con conocimiento de causa que, por demás, tiene una probidad incuestionable. Nos referimos  a la presidenta saliente de la SDP, quien siendo aún presidenta, semanas antes de cumplir su mandato, a modo de desahogo y frustración escribió un mensaje a los demás componentes de la Directiva que la acompañaba.

Queremos citar en su totalidad dicho mensaje, porque solo este, sin mayores adornos, debe mover a la reflexión a cada colega psiquiatra. Más aún, debe accionar a la SDP en el modo en que debe proceder ante este grito que nos debe espantar a todos.

A continuación el texto de la pasada presidenta:

Este lamento requiere medidas acordes con la magnitud de la denuncia. Es ineludible que la directiva entrante se acoja a buscar solución a este espinoso tema que, por demás, implica a los psiquiatras y también a la industria. Entre ambos, hay una relación indisoluble porque la segunda aporta material indispensable para el trabajo del primero. No obstante ese cordón inseparable, tiene que establecerse en base a reglas claras de deontología y de ética profesional.

Si lo anterior no se establece, la vida institucional de la SDP corre riesgos que serán determinantes para su credibilidad en el mediano y largo plazo ante los ojos de la comunidad que queremos ayudar a sanar sus dolencias. Nuestros achaques morales serán tan graves que nuestra integridad profesional nos desnudará y expondrá de manera peligrosa ante los ojos de la sociedad.

Si con anterioridad hemos afirmado que existe un divorcio entre las políticas públicas de salud mental y el psiquiatra que formamos, se puede asegurar que aquello que denuncia la pasada presidenta “le pone la tapa al pomo” a esa formación. El apoyo activo a residentes de psiquiatría, que se establece en el Eje II, donde se disponen las mentorías para los residentes, no sería más, en algunos casos, que “poner la iglesia en manos de Lutero”.

Si bien creemos que muchos colegas desconocen aspectos ligados a los conflictos de intereses en su relación con la industria, sabemos ciertamente que esto no los inhibe de culpa. Le corresponde al gremio, con las asesorías correspondientes, abocarse a la elaboración de un Código Deontológico y a un Código de Etica que subsane esta gravosa situación.

Nos queda un último tema. Los Estatutos de la SDP, en el Título I, tema 4, dice: “Misión. Es acoger, apoyar, asesorar, educar, integrar, DEFENDER y representar al colectivo de miembros de la SDP”. Las mayúsculas son nuestras. Amparándonos en ello, le sugerimos a la Directiva, asumir la defensa pública del Dr. Héctor Guerrero Heredia ante las denuncias en su contra, esas que durante meses han circulado y que  le han afectado en su honradez personal y profesional. Es un desagravio que el colega se merece.