Las características que definen a un Estado son su soberanía, delimitación territorial, capacidad legislativa y población. Estos han sido tradicionalmente los pilares sobre los cuales se construye su legitimidad ante el derecho internacional. Sin embargo, estos elementos también se convierten en herramientas de blindaje legal cuando se trata de exigir responsabilidades a ciertos actores estatales. Ese es, precisamente, el caso del Vaticano.
A lo largo de las últimas décadas, el Vaticano ha sido el centro de uno de los escándalos más perturbadores en la historia de la Iglesia Católica: los abusos sexuales sistemáticos cometidos por miembros del clero. Desde el tristemente célebre caso del padre Lawrence Murphy en Milwaukee, Wisconsin, en la década de los años 1970, hasta las revelaciones ocurridas en Bélgica, Italia, Países Bajos y varios países de América Latina.
Los intentos por llevar al Vaticano ante la justicia internacional han fracasado, atrapados en una red de tecnicismos legales y privilegios diplomáticos. El blindaje legal del Vaticano no es accidental. Como mencioné antes, el Vaticano es considerado un sujeto de derecho internacional, con personalidad jurídica propia y un marco normativo basado en el derecho canónico.
Además, goza de inmunidad soberana, un principio del derecho internacional que impide que un Estado sea juzgado por los tribunales de otro Estado sin su consentimiento. Es decir, aunque el Vaticano sea visto como la cabeza de una institución religiosa, en términos legales funciona como un Estado soberano, lo cual lo protege de cualquier demanda internacional obligatoria.
Este privilegio tiene su origen en los Pactos de Letrán, firmados en 1929 entre el Reino de Italia, representado por Benito Mussolini, y la Santa Sede. A través de este acuerdo, se reconoció la plena soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano, dotándolo de independencia política y jurídica.
Desde entonces, el Vaticano no solo es el principal centro espiritual del catolicismo, sino también una entidad estatal protegida por las mismas normas que amparan a naciones como Francia o Alemania.
¿Realmente es un Estado?
Surgen, sin embargo, preguntas inevitables: ¿Qué tipo de Estado es el Vaticano? ¿Cumple con los elementos básicos para ser considerado como tal? Técnicamente, el Vaticano es una monarquía electiva absoluta, cuya autoridad central recae en la figura del Papa. En cuanto a su población, datos de 2019 estiman que existen aproximadamente 618 ciudadanos vaticanos, de los cuales solo 246 residen dentro de sus murallas. De estos, más de un centenar forman parte de la Guardia Suiza. No posee territorio marítimo, ni espacio aéreo propio, ni recursos naturales. Su soberanía está más basada en acuerdos diplomáticos que en una capacidad efectiva de controlar un territorio en el sentido tradicional, fundamentada en un entramado de tecnicismos legales y privilegios diplomáticos.
Y, sin embargo, sigue siendo reconocido como Estado por la comunidad internacional, lo que le garantiza un nivel de impunidad estructural. En 2021, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó una demanda colectiva presentada por víctimas de abusos sexuales contra el Vaticano, al considerar que este gozaba de inmunidad soberana.
Casos similares han sido archivados o desestimados en diversas jurisdicciones bajo el mismo argumento: al ser un Estado, no puede ser juzgado por otro.
Los archivos del silencio
Pero más allá del derecho y los tratados, hay un aspecto profundamente humano en esta historia del principal símbolo de la Iglesia Católica: el dolor de las víctimas. Mientras el Vaticano sigue siendo destino para políticos, jefes de Estado y aristócratas que buscan una bendición, esa misma institución ha negado durante años el reconocimiento y la justicia a quienes fueron silenciados dentro de sus propios templos.
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