Según el PNUD, nuestro país ya clasifica como un país de “desarrollo alto”. Tal alegre diagnóstico parece derivado de la ostentosa abundancia de vehículos de alta gama en las grandes ciudades. Pero la cruda realidad es que, aun con la disminución en la pobreza extrema que reporta el gobierno, la creciente desigualdad social desmiente esa miope conclusión. Mientras exista ese segmento de la población aplicarnos el mote de “desarrollo alto” parece una soez burla. Por tanto, la justicia social exige la erradicación de por lo menos la pobreza extrema y la indigencia. Y en materia de inclusión la IA puede ayudarnos a visualizar la intervención requerida.
La “terca realidad” de la desigualdad social requiere una máxima prioridad de la política pública para estos segmentos de la población. “A pesar de avances en la reducción de la pobreza, la desigualdad persiste y se evidencia en diversas áreas, como la distribución de ingresos, el acceso a educación y salud, y la desigualdad de género. El país ha experimentado un crecimiento económico, pero este no se ha traducido en una distribución equitativa de los beneficios. La promoción de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza, el acceso a servicios de calidad y la participación de todos los grupos sociales son cruciales para lograr una sociedad más equitativa y sostenible.”
Según fuentes oficiales, “la pobreza monetaria ha experimentado una disminución notable en 2024, pasando del 23.0% en 2023 a un 19.0%. Esto significa que 413,686 personas han superado la condición de pobreza. La pobreza extrema también ha disminuido, pasando del 3.24% al 2.44%.” Por otro lado, los clasificados en pobreza extrema no equivalen exactamente a los indigentes. Ambos se caracterizan por la falta de recursos, pero la pobreza extrema se refiere a la incapacidad de cubrir las necesidades básica, (como alimentación, agua potable, salud y vivienda), mientras que la indigencia implica la falta de hogar y a menudo otros servicios esenciales (como agua potable, salud, educación). El desarrollo no puede calificarse de “alto” en un país sin que a estos segmentos de la poblacion se le otorgue prioridad máxima.
La IA reporta que los indigentes están incluidos entre los de pobreza extrema. La vivienda es el elemento clave de la diferencia entre los dos grupos. Basado en el estimado de que tenemos una población de 11 millones de habitantes, un 2.44% de ella clasificaría como de pobreza extrema e indigencia. Esto equivale a 264,000 individuos. Si asumimos que el tamaño promedio de los hogares es de 3.2 individuos, eso equivaldría (según ENHOGAR) a 82,500 hogares. De ahí que la eliminación de la pobreza extrema e indigencia requeriría la provisión estatal, con o sin condicionalidades, de recursos y prestaciones suficientes para auxiliar esa cantidad de hogares.
Erradicar la pobreza extrema y la indigencia requiere de una intervención integral, tal y como lo demuestra el hecho de que la vivienda es el elemento clave de la diferenciación entre esos dos grupos. Aquí, sin embargo, podemos visualizar por lo menos los recursos monetarios que serían necesarios para confrontar el desafío del ingreso. Si a las 82,500 hogares que clasifican en este segmento de la población se le asignara un ingreso básico mensual de RD$10,000 el costo anual para el fisco sería de RD$9,900 millones. Como el costo del programa Supérate fue de RD$49,000 millones en el 2024 –para millón y medio de hogares–, el total de la asistencia para ambos programas sería de cerca de RD$60,000 millones anuales.
Esto representa solo un 5.3% del Presupuesto General del Estado (2024). Y sería menos si asumimos que los 82,500 hogares mencionados están incluidos en el 1.5 millones de los actuales beneficiarios de Supérate. Según la IA: “En el Presupuesto General del Estado dominicano para el año 2025 se asignaron RD$173,291.1 millones a la protección social, lo que representa aproximadamente el 11.7% del gasto total presupuestado de RD$1,484,235 millones. Esta asignación incluye programas como transferencias monetarias, subsidios alimentarios y apoyo a adultos mayores, y equivale al 2.13% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para ese año. Aunque este porcentaje es inferior al promedio regional de América Latina (4.4% del PIB en 2023), se mantiene en línea con el promedio de Centroamérica, México y República Dominicana (2.2% del PIB).
En comparación con el año anterior, la asignación para protección social en 2024 fue de RD$155,470.1 millones, representando el 11.3% del gasto total de RD$1,371,992.8 millones. Esto indica un incremento tanto en términos absolutos como porcentuales en el presupuesto destinado a protección social para 2025. Además, el Gabinete de Política Social del Poder Ejecutivo contará con RD$71,703.7 millones, de los cuales el 76.39% se destinará a programas de protección social. En resumen, el Gobierno dominicano ha incrementado su inversión en protección social para 2025, “reflejando un compromiso continuo con el apoyo a los sectores más vulnerables de la población.”
A las anteriores prestaciones se debe añadir la meta del gobierno de eliminar el hambre. Acampañando el ingreso básico para el segmento poblacional más carenciado, el gobierno se ha propuesto la meta de erradicar el hambre en la población. El objetivo es poner fin al hambre y la desnutrición, garantizando el acceso a alimentos nutritivos y suficientes para todos. La FAO ha reportado que en nuestro país se registró una notable reducción en los índices de subalimentación. El programa Hambre Cero se enfoca en lograr la seguridad alimentaria y nutricional A través de los programas de subsidios de Supérate (p. ej. Aliméntate), los mercados populares de Inespre, los Comedores económicos, el fortalecimiento del sector agropecuario y la alimentación escolar se espera lograr esa meta. Y el representante de la FAO en el país declaró recientemente que la erradicación del hambre en nuestro país sería posible para el 2028.
Ahora bien, el desafío mayor reside, por ser los más desheredados de la fortuna, en la correcta identificación del grupo mas vulnerable: el indigente. Entre estos se incluye a: “1) Personas sin hogar (sin techo o sin vivienda digna), 2) Ancianos sin pensión ni apoyo familiar, 3) niños o adultos en mendicidad, 4) hogares encabezados por personas con discapacidades severas sin empleo, y 5) víctimas de violencia o desplazamiento sin protección estatal o comunitaria.” La IA tambien ayuda estipulando los factores claves para la identificación: “1) ingreso mensual cero o extremadamente bajo, 2) sin acceso a servicios básicos (agua, electricidad, saneamiento), 3) vivienda precaria o inexistente (techos de lata, piso de tierra, hacinamiento extremo), 4) alta dependencia (hogares con adultos mayores solos, discapacitados, niños sin tutores), 5) sin seguridad social ni programas de protección activa, 6) situación de calle, desplazamiento o abandono.” Así son los indigentes.
Por supuesto, la extrema pobreza no exoneraría de algunas condicionalidades que el Estado pueda imponer. Pero estas deben ser compatibles con las limitaciones de los beneficiarios: registro en un centro comunitario o albergue, enviar a los hijos a la escuela si los tienen, participar en programas de alfabetización, asistir a chequeos médicos básicos, cumplimiento de reglas de convivencia, etc. Según la IA, “las condicionalidades no deben excluir a quienes, por limitaciones físicas o mentales, no puedan cumplirlas. Debe haber excepciones humanitarias.”
Obviamente, la tarea de identificar correctamente a los potenciales beneficiarios del ingreso básico y monitorear el complimiento con las condicionalidades no es tarea fácil. Asimismo, la estrategia para disminuir la pobreza extrema y la indigencia no puede quedarse en la provisión de un ingreso base. Pero debemos y podemos comenzar con por lo menos eso, lo cual sería posible dentro del manto de protección social y presupuestario existente. Tal ayuda contribuiría a disminuir los más lacerantes efectos del desamparo y la sordidez de la celda social que los tiene atrapados y sin salida. En la pobreza extrema y la indigencia reside el mas oprobioso baldón de la desigualdad social y sus corrosivas repercusiones.
Citando la encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco, en uno de sus ADC el destacado periodista Anibal de Castro nos recuerda: “La fraternidad no brota solo del respeto a las libertades ni de declaraciones abstractas sobre igualdad. Es una tarea, una construcción paciente, que exige voluntad política, educación cívica y sensibilidad humana. Sin ella, la libertad se vuelve soledad decorada, y la igualdad muta en lema hueco.” La desigualdad social solo es compatible con la justicia social cuando se ejerce la fraternidad responsablemente, cuando seamos genuinamente hermanos y no socios.
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