Imaginemos por un instante que el Estado dominicano es un árbol majestuoso. Si sus raíces se hunden en tierra contaminada por la injerencia política, ese árbol no florece: se marchita lentamente. Así ocurre con nuestras instituciones de justicia, privadas de la savia de la autonomía, la integridad y la fortaleza. No basta con proclamar independencia; hay que nutrirla con recursos estables y reglas claras. En República Dominicana, la Procuraduría General figura como un órgano autónomo, pero sigue atrapada en busca de su verdadera libertad.
La fortaleza de una república no se mide en el crecimiento del PIB ni en obras de infraestructura, sino en la solidez de sus instituciones. Entre todas ellas, la justicia es la más sagrada. La Constitución de 2010 consagró la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público. Desde 2004, la Ley 194-04 obliga a destinar cerca del 4.10 % de los ingresos internos al órgano y al Poder Judicial. Sin embargo, entre 2005 y 2024, el Ejecutivo incumplió esa disposición en más de RD$145,700 millones —equivalente al 39 % de lo que correspondía. Es decir, la independencia presupuestaria aún es un espejismo.
Una Procuraduría descentralizada debería garantizar acceso equitativo en todo el territorio nacional. La realidad es otra: fiscalías regionales sin infraestructura adecuada, centralización excesiva y desigualdad en el acceso a la justicia. Esa fragilidad ha tenido consecuencias visibles: durante tres décadas, casos emblemáticos se han diluido en la impunidad. Pocos funcionarios cumplen condenas significativas, menos aún pierden sus bienes mal habidos, y la inhabilitación para cargos públicos brilla por su ausencia. La impunidad se ha convertido en una moneda de cambio: un incentivo tácito para el crimen de cuello blanco.
La lentitud de los procesos judiciales es otro obstáculo. Transparencia Internacional lo ha señalado como un freno para condenas efectivas por corrupción. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) recibe informes de la Cámara de Cuentas, pero los avances son lentos y más reactivos que preventivos. Procesos mediáticos como Odebrecht, Calamar, Antipulpo, Coral, Coral 5G o Medusa han captado la atención nacional, pero las irregularidades procesales y el sesgo político percibido limitan sus efectos transformadores.
Además, la justicia parece tener dos varas de medir: condenas ejemplares para delitos menores y sanciones leves —cuando existen— para figuras poderosas. Este doble rasero erosiona la confianza pública y profundiza la percepción de desigualdad ante la ley. Un sistema así no educa ni disuade; perpetúa el círculo de la impunidad.
La experiencia internacional ofrece lecciones claras. En Chile y Argentina, el Ministerio Público es autónomo, con carrera fiscal y presupuesto garantizado. Guatemala y Colombia, con todas sus dificultades, han logrado avances mediante fiscalías independientes y voluntad política sostenida. En cambio, en República Dominicana seguimos discutiendo designaciones politizadas, presupuestos incompletos y fiscalías abandonadas en provincias.
La solución está a nuestro alcance. Cumplir de forma estricta la Ley 194-04 y garantizar el presupuesto íntegro y auditable para la Procuraduría sería un primer paso. A esto debe sumarse la descentralización efectiva de fiscalías provinciales, fortalecidas con personal capacitado e infraestructura digna. Se requiere también agilizar procesos judiciales, legitimar pruebas, proteger el debido proceso y dictar sentencias fundamentadas que resistan escrutinio. La designación del Procurador a través del Consejo Nacional de la Magistratura, en lugar de decisiones políticas, abriría un camino hacia una justicia menos vulnerable a presiones.
La justicia sin raíces firmes no florece. Un Ministerio Público independiente no es un privilegio de gobiernos ni partidos: es un derecho de la ciudadanía. Sin un órgano libre, robusto y equitativo, el Estado se reduce a un adorno sin sustancia. El futuro del país depende de sembrar esas raíces profundas donde germinen confianza, acceso y verdadera justicia.
Ya no hay tiempo para excusas ni atajos: ha llegado la hora de conquistar esa autonomía.
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