Según la Ley No. 11-92, artículo 296, los salarios de empleados/as formales en República Dominicana deben pagar impuesto sobre la renta. Los salarios desde $34,685.00 a $52,027.42 pagan un 15% de impuesto; y esa tasa va subiendo hasta 25% para salarios superiores a $72,260.25.
Ahora bien, desde 2017 se incumple la ley que ordena “indexar” o fijar el salario que paga impuestos. Si la ley se respetara, a este momento los salarios hasta $50,612.00 estarían exentos del ISR.
Esta violación de la Ley ha permitido al gobierno recaudar 91,400 millones de pesos en 2024, de un 23% de asalariados y asalariadas que no deberían haber pagado ISR sobre su salario, todo esto sin necesidad de hacer ninguna reforma fiscal “declarada”, y mientras se están otorgando privilegios fiscales anuales que rondan los 340 mil millones de pesos a favor de quienes más riqueza manejan.
Esta combinación de ilegalidad e injusticia llega a lo alarmante cuando es el propio presidente de la República quien fundamenta no aplicar la indexación diciendo que: “Si lo hacemos, hay que decir a quién le quitamos los recursos: ¿a salud, a educación?”. Es decir, los servicios sociales que, por su naturaleza, deberían financiarse solidaria y equitativamente, cargando más a quienes más recursos tienen, dependen de un impuesto regresivo e ilegal a la misma clase trabajadora que los necesita, mientras “los de arriba” reciben exenciones y exoneraciones de toda clase, y que luego arrojan que el Presupuesto General del Estado deba contemplar 401,800 millones de pesos para pagar deuda y cubrir déficit.
Pero ¿hablar de hacer la indexación alcanza para corregir y mejorar los salarios? Esto se responde con las estimaciones hechas junto al economista Francisco Tavárez, las cuales permiten ver que, para 2024, la canasta familiar promedio valía $45,448, mientras el 80% de los y las trabajadores formales tenían un salario promedio por debajo de los $40,200. Más grave aún, el 60% tiene un salario por debajo de $28,000.
En este escenario, en que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras tiene salarios que no llegan a los costos de vida de un hogar, aplicar la indexación representaría apenas un alivio de $47.25 para un salario de $35,000; y de $797.25 para un salario de $40,000. Alivios más, alivios menos, quedaría intacta su insuficiencia para las necesidades básicas, y esto refleja la descomunal injusticia entre salarios, riqueza producida y crecimiento del PIB.
La Constitución en estos temas es clara. En su artículo 62 establece que ”Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, y en su artículo 243 dicta que “El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas".
Para hablar de salarios e impuestos, no basta hablar de la indexación. Hay que terminar con un régimen salarial y fiscal hecho a la medida de quienes tienen poder e influencia, a costa de la dignidad y los derechos de las mayorías. Es hora de hablar de aumento general de salarios, de ingresos estatales para financiar servicios públicos suficientes y de calidad en un nuevo esquema de impuestos equitativos, haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Quienes tienen el mandato de gobernar y legislar están para eso; no para poner a la gente a elegir entre la borona o no tener salud y educación.
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