Actualmente, a nivel mundial y nacional, estamos transitando por un período bastante convulso y complejo: de derrumbe de las utopías socialistas, de crisis del capitalismo global, pero también de desencanto de la democracia liberal. Vivimos en medio de desigualdades sociales, de grandes luchas ideológicas, de crisis de alternativas políticas y de las amenazas de retroceder a nuevas formas de autoritarismo político.
En ese sentido, me propongo discutir dos teorías políticas que nos ayudan a diferenciar las formas de la democracia liberal y/o republicana, a partir de la hegemonía de las élites o la participación de los ciudadanos, y vislumbrar alguna salida a la encrucijada de la democracia dominicana.
Pero, lo primero, es subrayar que la democracia es un tipo ideal, una forma de gobierno legal racional, que procura garantizar los derechos políticos como la libertad, la igualdad, como también el derecho a la propiedad, el libre comercio, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. De manera que siempre habrá un abismo, una brecha, entre el ideal democrático-liberal y/o republicano y la complejidad de la sociedad. Para la sociología, la democracia es un sistema de gobierno que siempre está influenciado y mediatizado por la complejidad del entorno social en una coyuntura determinada.
Dicho esto, la primera teoría de la democracia que nos interesa presentar es la conocida propuesta de la poliarquía, que ha sido desarrollada, principalmente, por el politólogo estadounidense Robert A. Dahl, en su texto La poliarquía.
Según el autor, la democracia es un sistema político que se caracteriza por las competencias electorales entre élites, partidos o grupos políticos. Es un modelo realista de la democracia moderna que cumple con el ideal de la libertad política, la participación ciudadana, la libertad de la opinión pública, la competencia electoral y la transferibilidad del poder político.
La democracia dominicana ha devenido en una forma de gobierno dominada por élites políticas y empresariales
Para Dahl, la poliarquía se caracteriza por la existencia de ciertas instituciones políticas como los partidos, el sistema electoral, la administración pública y la opinión pública, que garantizan la libertad de expresión y el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos.
La poliarquía se presenta a sí misma como una teoría política científica que garantiza la libertad política y se adapta a la realidad —en términos positivistas—, siendo neutral, objetiva, analítica y cuantificable, sin pretensiones ideológicas ni morales.
Por otro lado, nos encontramos con la noción de democracia deliberativa del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. A diferencia de la poliarquía, el autor propone que lo que caracteriza a la democracia son los ideales y principios de equidad, de justicia social, de deliberación racional y participación política de los ciudadanos.
En otras palabras, para Habermas —desde una perspectiva republicana— una democracia no se sostiene solo por la libertad de los partidos políticos de participar en las competencias electorales. Sino cuando el Estado crea las condiciones jurídicas y políticas para la deliberación y la participación de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Cuando los ciudadanos tienen los derechos legales y políticos para deliberar, intercambian razones y proveen argumentos morales y racionales para defender el interés general y contrarrestar los intereses particulares del poder político y los grupos empresariales.
En la sociedad dominicana, la primera experiencia democrática se produjo a partir del ajusticiamiento del dictador Trujillo y el advenimiento del gobierno efímero de Juan Bosch en el 1962, que apenas duró 7 meses, debido a la oposición de las élites conservadoras, militares, políticas y empresariales de ese momento que organizaron un golpe de Estado. La segunda transición democrática se produjo en 1978, que fue impactada por la crisis fiscal de los años ochenta y, a partir de 1996 hasta la actualidad, estamos transitando el período de “consolidación democrática”.
Durante el período de “consolidación”, se ha incrementado la desigualdad social, han privatizado las empresas públicas, ha crecido la deuda pública y el déficit fiscal del Estado, y se ha reducido la capacidad del Estado de dar respuesta a las necesidades de seguridad y bienestar de la población. Se han desbordado los escándalos de narcotráficos y corrupción de la clase política; como también se ha fortalecido el conservadurismo político, la hegemonía de las élites políticas, empresariales, y se ha reducido la participación de los ciudadanos.
En el llamado período de “consolidación”, la sociedad dominicana se ha fragmentado, individualizado, polarizado y ha quedado sin un punto de apoyo para la integración, la cohesión y la solidaridad social. De esa manera, la democracia dominicana ha devenido en una poliarquía, en una forma de gobierno caracterizada por el predominio de los intereses de las élites políticas, empresariales y la clientelización de la participación política de los ciudadanos.
La poliarquía dominicana se ha caracterizado por: Primero, el control de los cargos de la administración pública. Segundo, en mantener su influencia en la opinión pública, donde los partidos y gobiernos invierten una cantidad significativa de dinero. Tercero, en buscar el apoyo corporativo con los grupos empresariales que son los que financian los candidatos y las campañas electorales y, cuarto, en tratar de construir legitimidad política sobre la base de políticas públicas asistencialistas y clientelistas.
Durante este período de “consolidación”, la democracia ha devenido en una democracia de élites corporativas que se disputan el control de los cargos de la administración pública, la hegemonía de la opinión pública y, por supuesto, las preferencias político-electorales de los ciudadanos. En ese sentido, la democracia dominicana se ha vaciado de contenido social, estructurando una crisis de la esfera pública y de solidaridad social.
De manera que, frente a las amenazas de autoritarismo, del control de las élites de la esfera pública y la encrucijada de la democracia dominicana, se hace necesario reivindicar la solidaridad social, la equidad y fortalecer las instituciones que hacen posible la participación política de los ciudadanos dominicanos.
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