En una comunidad de Montecristi, un joven me dijo: “Aquí no pedimos favores, pedimos que nos traten como ciudadanos”. Esa frase, directa y reveladora, resume por qué rendir cuentas es más que una formalidad: es una forma de dignificar la relación entre el Estado y la ciudadanía.
El artículo 126 de la Constitución solo exige la entrega de un informe escrito. Pero nosotros decidimos ir más allá: comparecimos en el Congreso Nacional a rendir cuentas de forma pública, voluntaria y solemne, porque la transparencia es, también, una pedagogía democrática. Y porque creemos que el Estado se fortalece cuando se somete a la mirada crítica de su gente.
Los resultados de nuestra gestión no son propaganda, son datos. Recibimos y gestionamos más de 9,000 casos en 2024, con una tasa de respuesta efectiva del 96.2 %. Creamos la Ruta de los Derechos, que impactó a más de 52,000 personas en todo el país. Desarrollamos un plan de formación que alcanzó a más de 312,000 dominicanos y dominicanas con contenidos sobre derechos fundamentales. Y todo esto lo hicimos con menos del 0.03 % del Presupuesto General del Estado.
En paralelo, certificamos bajo norma ISO 9001 todos los procesos de atención ciudadana. Construimos una nueva sede institucional con una inversión menor a RD$165 millones, sin sobrevaluaciones ni improvisaciones. Y organizamos la institución aplicando el enfoque de gestión por resultados, sustentado en la teoría de Robert Behn (Harvard): los recursos deben seguir a los resultados, no a la retórica.
Nuestra estrategia territorial se ha traducido en estructura: para 2025, instalaremos 10 Casas de los Derechos en universidades públicas y privadas de cada región, y hemos establecido mesas comunitarias, defensorías escolares y redes universitarias. Hemos demostrado que es posible hacer política pública con cercanía, rigor y visión de largo plazo.
Pero también hemos dicho una verdad incómoda: el Estado dominicano necesita una reingeniería profunda. Mantener instituciones sin impacto, estructuras clientelares o duplicidades funcionales es traicionar el mandato constitucional de eficiencia y equidad. Hoy destinamos solo un 9.8 % del presupuesto a inversión real. Según CEPAL, deberíamos estar por encima del 20 % para cerrar brechas sociales. No se trata de reducir el Estado, sino de volverlo útil.
Como escribí en mi libro Por el Bien Común: “El país que soñamos no se construye desde el poder hacia abajo, sino desde la dignidad hacia adelante.” La dignidad es nuestra brújula. Y por eso rendimos cuentas: para mostrar que es posible servir sin corromperse, transformar sin estridencia, y proponer sin cálculo.
La República necesita instituciones que respondan, funcionarios que escuchen y políticas que trasciendan el ciclo electoral. Ese es el país por el que vale la pena seguir caminando.
Compartir esta nota