En América Latina, millones de personas enfrentan barreras invisibles para acceder a la justicia, comenzando por algo tan básico como entender que están frente a un problema legal. Según el reporte de 2023 sobre Acceso a Justicia en Iberoamérica, solo una de cada tres personas en la región logra identificar correctamente que su situación requiere una solución jurídica.
Esta desconexión entre el lenguaje institucional y la realidad cotidiana de la ciudadanía limita el ejercicio de derechos y profundiza la exclusión. A esto se suma la congestión judicial; el Índice de CEJA de 2025 revela que la acumulación de casos afecta directamente la eficiencia y la confianza en el sistema. Siendo relevante el caso de República Dominicana: en 2024 tuvo la tasa más baja de los últimos cinco años (2.87), pero, aun así, en todo el período de siete años analizado, la congestión sigue en el nivel considerado crítico (>2.0).
La Declaración de Santo Domingo sobre Justicia Abierta nos brinda recomendaciones muy prácticas para avanzar
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entendemos la justicia abierta como una vía transformadora para enfrentar estos desafíos, fortaleciendo la democracia, la resiliencia institucional y el desarrollo sostenible. Este enfoque se fundamenta en principios de transparencia, participación inclusiva de la ciudadanía, accesibilidad y rendición de cuentas, inclusión, reconociendo que el acceso efectivo a la justicia es un derecho humano y un pilar esencial del Estado democrático de derecho.
En el marco de la Conferencia Internacional sobre Justicia Abierta, el Poder Judicial de República Dominicana, junto a la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) y Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), abrió las puertas a la región para compartir soluciones y experiencias que colocan a las personas en el centro del sistema de justicia. Este espacio también permitió visibilizar el proceso de construcción participativa del Plan Estratégico Decenal por Escenarios (PEDE) 2025–2034, una hoja de ruta innovadora que integra la justicia abierta, la transformación digital y la generación de evidencia como ejes fundamentales para la modernización institucional. Además, se fomentó el intercambio de buenas prácticas en torno a la innovación, el uso ético de tecnologías y los mecanismos de co-creación con la ciudadanía que orientan políticas públicas más inclusivas basadas en evidencia.
La experiencia de República Dominicana es un ejemplo inspirador de cómo avanzar hacia una justicia más abierta y resiliente. El Poder Judicial ha implementado el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24, construido mediante procesos participativos con más de 600 jueces y representantes de la sociedad civil.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entendemos la justicia abierta como una vía transformadora para enfrentar estos desafíos, fortaleciendo la democracia, la resiliencia institucional y el desarrollo sostenible
Además, con el apoyo del PNUD, se han desarrollado ejercicios de futuros para imaginar el sistema de justicia que el país necesita en los próximos 20 años, integrando inteligencia colectiva y planificación basada en evidencia. Entre las iniciativas destacadas se encuentran el Observatorio Judicial, la Juriteca, el Portal de Datos Abiertos Judiciales y la Plataforma de Acceso Digital, que permiten a la ciudadanía consultar expedientes, participar en audiencias virtuales y presentar denuncias éticas.
Asimismo, en colaboración con el PNUD, el World Justice Project y la Justice Action Coalition, se han dado pasos concretos hacia una justicia más abierta, inclusiva y centrada en las personas; siendo la actualización del marco nacional de indicadores de justicia y la transición digital algunos de los principales avances destacados, incluyendo la digitalización obligatoria de tribunales y el fortalecimiento de la interoperabilidad con otras instituciones del sistema.
La Declaración de Santo Domingo sobre Justicia Abierta nos brinda recomendaciones muy prácticas para avanzar hacia una justicia más transparente, inclusiva e innovadora. Desde el PNUD, renovamos nuestro compromiso de acompañar a los países en la implementación de sus recomendaciones, movilizando capacidades, conocimiento y cooperación técnica para fortalecer las instituciones judiciales.
La justicia abierta es una herramienta poderosa para construir sociedades más justas, resilientes y democráticas en América Latina y el Caribe.
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