En un país donde la posibilidad de que ocurran emergencias repentinas que pongan en riesgo las vidas de las personas discapacitadas, es una falta que llama a velar por que las infraestructuras de servicios básicos sean inclusivas. Ese es un tema que pasa a ser uno de los principales retos que tiene el país en la actualidad.
“Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Una población que, al interactuar con diversas barreras, se ve impedida de participar plenamente en los asuntos de desarrollo”. Una población que pocas veces, o rara vez, es beneficiada directamente con servicios amigables a su condición.
Se trata de una población que necesita accesibilidad de forma segura en todos los espacios y momentos. Y en situaciones de emergencias, no deberían tener obstáculos para desplazarse con rapidez cuando buscan proteger sus vidas. Las facilidades de alojamiento en los centros colectivos (albergues), durante una emergencia, es una de las medidas a tomar como forma de garantizar sus derechos.
Asistir a los enfermos crónicos y adultos mayores, en un contexto de calamidad, es un derecho básico de esa población. Por ejemplo, las escuelas, los centros médicos, universidades, comercios, empresas, entre otros, todos están obligados a operar con parámetros de accesos y movilidad seguros para las personas discapacitadas.
La niñez, envejecientes, mujeres embarazadas, madres, individuos con reducida movilidad, discapacidad física-motora, dificultad para ver e inclinarse, sordas y en condiciones de habla especial hay que asegurarlas y evacuarlas cuando ocurren tragedias, llevadas a albergues para ser atendidas como los demás.
Los discapacitados componen un sector importante que debe ser incluido en los planes de desarrollo y crecimiento del territorio, sobre todo desde el punto de vista de las infraestructuras: vías terrestres, transporte, viviendas, edificaciones, en fin, el desarrollo se piensa y ejecuta con la integración de ese importante conglomerado.
Las salidas de emergencias, en las infraestructuras públicas y privadas, son de los puntos que están llamados a ser superados como barreras. Todo lo que sea un obstáculo para el desarrollo de esta población, y que impida el libre acceso, movilidad, libertad, estancia y circulación con seguridad de las personas con discapacidad hay que superarlo.
La gestión para la reducción del riesgo de desastre, área técnica que propone la aplicación de políticas y estrategias públicas de reducción del peligro, un campo técnico desde el cual opinamos siempre plantea un abordaje integral frente al sector discapacidad. “Abogar por que las barreras urbanísticas no existan y sean sustituidas por la accesibilidad a servicios sociales plenos”.
Elementos de señalización, rampas para sillas de ruedas, baños amplios e inodoros habilitados. Puertas de entradas y salidas anchas, mesas y espacios de compartir adecuados son algunos de los puntos que hacen que las personas con esas condiciones lleven una vida con dignidad al desplazarse y visitar lugares.
La sociedad dominicana está llamada a velar por la inclusión de las personas que viven con discapacidad; demandar la mejora de acceso en las infraestructuras de servicios que se erigen en la actualidad en el territorio nacional es un derecho en favor de ellos.
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