El gobierno de Abinader le está dando una cátedra magistral al país sobre los peligros que encierran los proyectos reeleccionistas para la democracia, sobre todo en un país con una cultura política atrasada, donde la mayoría de la población tiene bajos niveles educativos, lo que la hace más vulnerable a las artimañas de los liderazgos políticos y religiosos. En las últimas semanas hemos visto como tres problemáticas de gran importancia son manipuladas por el gobierno con medidas demagógicas que ni por asomo aportan soluciones reales, pero que ayudan a congraciar al presidente con los sectores más conservadores.
Primero fueron las redadas indiscriminadas contra migrantes haitianos y sus descendientes, cuyo principal resultado hasta ahora parece ser la gran cantidad de policías, militares y funcionarios de migración que han aumentado sus ingresos extorsionando infelices, ya sea para evitar la deportación o para ingresar nuevamente de manera irregular. La problemática migratoria y laboral del país no ha cedido un ápice con las repatriaciones, pero la histeria patriotera le ha subido los bonos a Abinader, que se ha apropiado exitosamente del discurso xenofóbico de los sectores políticos más atrasados.
Luego vino la decisión de enfrentar la delincuencia “con mano dura” (léase: dando su beneplácito a la policía para matar gente indiscriminadamente en supuestos intercambios de disparos). O mejor dicho, para matar MÁS gente, porque los asesinatos extrajudiciales hace tiempo que son utilizados tanto por la policía como por los políticos para encubrir su incapacidad para enfrentar la delincuencia. La orgía de sangre de los últimos días, culminando con la masacre de Los Alcarrizos, no va a reducir el problema de la inseguridad ciudadana, pero sí le da a las bandas policiales la excusa para realizar “ajustes de cuentas” dentro de sus propias filas. Mientras tanto, seguimos a la espera de algún político o funcionario con la valentía suficiente para responderles como corresponde a los 10 exjefes de la policía que hace poco se auto-canonizaron.
Por último, esta semana el gobierno de Abinader retomó su campaña con la derecha religiosa derogando la Orden Departamental 33-2019, que disponía el diseño e implementación de una política de género en el Ministerio de Educación. De nuevo estamos ante una medida demagógica cuyo principal objetivo es promover el proyecto reeleccionista del PRM, visto que la Orden tiene más de tres años engavetada y ni este gobierno ni el anterior manifestaron nunca la más mínima intención de ponerla en práctica, a pesar de las obligaciones contraídas en ese sentido por un listado interminable de acuerdos nacionales e internacionales. Y para que nadie vaya a dudar del “compromiso” de Abinader con las mujeres dominicanas, ese mismo día el Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto de ley que eleva la pena por feminicidio a 60 años de cárcel. Qué pena que olvidaran por completo lo prometido en el Programa del Gobierno del Cambio, acápite 5.1, página 21 (“Género: hombres y mujeres en igualdad de condiciones y derechos”).
La derogación de la Orden Departamental 33-2019 ha sido eufóricamente recibida por la derecha religiosa, que reconoce claramente lo que muchos no alcanzan a entender: primero, que para superar el intenso machismo cultural que sustenta la discriminación y la violencia contra las mujeres se necesitan cambios ideológicos intergeneracionales que no pueden lograrse sin la participación del sistema educativo; segundo, que la implementación de una política de género en la educación no significa, como dicen algunos, “enseñarle a los niños que hay 50 géneros”, aunque esto es mucho más fácil de satanizar que los contenidos y objetivos reales de una educación con enfoque de género, es decir, de una educación que -para poner un ejemplo- enfatice la igualdad de mujeres y hombres en dignidad y derechos, para que los niños entiendan que las mujeres no tienen que someterse a la autoridad de los hombres en la familia (ni en las iglesias), como enseña la derecha religiosa.
Pero no se trata solo de hablar de equidad, cosa que hasta los machos más retrógrados dicen apoyar, sino de deconstruir ideas y prácticas sociales arcaicas que siguen teniendo vigencia en la sociedad dominicana actual. Seguro que los creativos, los dueños de la empresa y los consumidores a los que les encantó el remake del anuncio de Choco Rica (“Yo estoy como un torito, y yo como una estrella…”) no ven problema alguno con los estereotipos de género caricaturescos que promueve el comercial, ni los conectan con consecuencia alguna en la vida real.
Este sería un primer tema a considerar en relación a la fallida Orden 33/2019: la cantidad de gente que nunca en su vida ha leído un análisis feminista sobre los efectos psicológicos y sociales de los estereotipos de género, ni sabe a qué se refiere el currículum oculto de las escuelas, por ejemplo, pero que repite como dogma el discurso religioso contra la mal llamada “ideología de género”, que distorsiona la verdadera naturaleza del análisis feminista y lo fusiona con ciertos postulados extremos del activismo trans. Como los fanáticos religiosos locales siguen al pie de la letra las pautas de sus casas matrices en EEUU, y como a nivel de opinión pública resulta mucho más rentable hablar plepla sobre los 50 géneros, estas distorsiones han tenido un éxito indiscutible en el país -porque la derecha religiosa desprecia a las feministas y a los gays, pero le guarda un odio especial a la gente trans-.
Los religiosos más ilustrados saben que en su formulación original la “ideología de género” fue inventada en los años 80 por Ratzinger cuando presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe (o sea, la Inquisición), con el propósito de condenar el feminismo, la teoría de género y los derechos reproductivos de las mujeres. El posterior surgimiento del activismo trans permitió a activistas católicos y evangélicos fusionar reclamos de ambos movimientos (feminista y trans) en un solo término, como si se tratara de la misma teoría. La decisión de la corriente principal del feminismo de asumir (o al menos, de no contradecir públicamente) las demandas más extremas del movimiento trans, le puso la estrategia del descrédito en bandeja de plata a la derecha religiosa. A las feministas nos cabe la responsabilidad de permitir que la Teoría Queer y el movimiento trans nos colonizaran la teoría feminista de género y la desnaturalizaran por completo, por lo cual estamos pagando ya las consecuencias.
Ojalá que la derogación de la Orden Departamental 33-2019 no sea un anticipo de cosas peores por venir, como ha advertido una analista. A fin de cuentas, la Ley General de Educación está en proceso de revisión y al gobierno le quedan casi dos años, tiempo más que suficiente para causarle múltiples estragos a la democracia.