El sistema eléctrico dominicano atraviesa una crisis que ya no se puede ocultar. Los apagones de varias horas han regresado, los usuarios se quejan con razón, y el Estado continúa transfiriendo miles de millones de pesos cada año para cubrir dos subsidios que distorsionan el sector: uno a las tarifas, para que la ciudadanía no pague el verdadero costo de la electricidad, y otro a las distribuidoras, para que puedan sobrevivir con niveles de pérdidas que superan el 40%.
Esta política de subsidios ha tenido un efecto perverso: por un lado, se evita la indignación inmediata de los usuarios al mantener la tarifa artificialmente baja; por el otro, se protege a empresas distribuidoras que no tienen incentivos a reducir pérdidas, mejorar su gestión ni invertir en ampliar y modernizar sus redes.
Un simple ejercicio muestra la magnitud del problema. Si las distribuidoras hubieran operado en 2024 con pérdidas de apenas un 12% —un nivel razonable y alcanzable en la región— habrían podido facturar y cobrar cerca de 17,400 GWh de electricidad. Con esos ingresos, y aplicando la tarifa técnica en lugar del margen reducido que hoy se utiliza, el Estado no tendría que cubrir déficits tan abultados, y las empresas habrían generado beneficios suficientes para pagar miles de millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta.
La realidad es otra: como la tarifa técnica no se aplica, el margen de facturación se reduce a niveles mínimos (apenas 1.69 centavos de dólar por kWh). Eso significa que el país subsidia tanto a usuarios como a empresas, mientras se posterga una reforma que ya no admite más demoras.
La consecuencia está a la vista: un sistema que no satisface la demanda, apagones prolongados que afectan hogares y negocios, y un Estado que continúa drenando recursos fiscales que podrían destinarse a salud, educación o seguridad.
La política debe enfrentar esta realidad con valentía. Una reforma integral del sector eléctrico no solo es deseable, sino inevitable. Esa reforma debe contemplar:
– Aplicación gradual de la tarifa técnica, acompañada de un esquema focalizado de subsidios solo a los usuarios vulnerables.
– Metas obligatorias de reducción de pérdidas, con sanciones y premios claros para las distribuidoras.
– Transparencia en las finanzas del sector, de modo que los ciudadanos vean con claridad cuánto se factura, cuánto se cobra y cuánto se pierde.
– Un plan de inversión en infraestructura y gestión que devuelva al sistema la capacidad de atender la demanda sin recurrir al racionamiento.
La electricidad es la columna vertebral del desarrollo. Sin un sistema eléctrico confiable y financieramente sano, la República Dominicana seguirá atrapada en un círculo vicioso de apagones, subsidios y déficits. La clase política tiene en sus manos la decisión: continuar con los parches o asumir la reforma de fondo que el país necesita.
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