La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresa su seria preocupación ante el clima creciente de conflictividad entre los derechos a la libre expresión del pensamiento y el derecho al honor e intimidad personal que atraviesa la esfera pública nacional. Esta situación no solo compromete la calidad del debate público, sino que pone en tensión el equilibrio entre derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
El derecho a la libertad de expresión, pilar esencial de la democracia y del control social sobre el poder, no puede entenderse de manera aislada ni absoluta. Su ejercicio legítimo exige ponderar de forma responsable otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho al honor, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar (art. 44 de la Constitución dominicana), que son igualmente indispensables para la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana.
Advertimos con preocupación que la inobservancia de los límites del discurso público está provocando un daño creciente a la confianza ciudadana en los medios de comunicación y en las instituciones, al tiempo que expone a personas y colectivos a ataques que desbordan el interés público y lesionan su esfera personal sin justificación legítima.
La libertad de expresión no debe ser entendida como sinónimo de impunidad discursiva. Los medios de comunicación juegan un rol social importante que exige responsabilidad, rigor y un compromiso ético con la verdad. Por su parte, si bien el derecho al honor no puede utilizarse como excusa para impedir el escrutinio legítimo sobre asuntos de interés colectivo, debe garantizarse un marco de respeto recíproco y garantías efectivas.
El Tribunal Constitucional en su sentencia TC/00437/16 ya advertía que: “Para determinar si la opinión o el pensamiento difundido a través de estos medios masivos de comunicación se traduce en una afectación a los derechos fundamentales de cualquier persona que se considere afectada por el mismo, debe partirse de un margen de razonabilidad objetiva que permita separar las impresiones personales e interpretaciones que se puedan tener sobre tales publicaciones. Entonces, solo así es que podrían advertirse los límites a que se encuentra ceñido el ejercicio de este novedoso y creciente derecho”.
En este contexto, hacemos un llamado firme a todos los actores sociales a elevar el nivel del debate público y evitar incurrir en prácticas que vulneren la privacidad, desinformen a la ciudadanía o desnaturalicen el rol de los medios como espacios de deliberación y formación de opinión. Asimismo, instamos a promover entornos comunicacionales más responsables, donde prevalezca la ética, el rigor informativo y la protección de la dignidad humana.
La defensa del derecho a expresarse libremente y del derecho a no ser injustamente agraviado debe ser una tarea colectiva, guiada por los principios constitucionales, el interés público y el respeto mutuo. Solo así se podrá restaurar la confianza en la palabra como herramienta de entendimiento, justicia y cohesión social.
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