Históricamente, el sistema de servicio de energía eléctrica en la República Dominicana ha estado en un proceso en el que siempre se ha prometido que se resolverá el problema de deficiencia en dicho servicio, el cual está plagado de situaciones que van desde lo financiero —como la falta de pago a los generadores privados—, hasta precariedades en la transmisión de la energía producida, problemas gerenciales en el manejo del cobro de la electricidad a la población y dificultades para enfrentar el fraude eléctrico. Además, existe una pérdida significativa de energía, que según informaciones del CONEP, fue del 42.6% en el año 2023. Todo esto se traduce en lo que sufre en carne viva la población: apagones constantes y tarifas altas en la factura mensual.
El 25 de febrero de 2021 se firmó lo que se denominó el Pacto Eléctrico para impulsar la reforma del sistema eléctrico nacional. Este pacto fue firmado por representantes del gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, del sector empresarial y de partidos políticos, en el ámbito del Consejo Económico y Social. Sin embargo, las organizaciones sociales y populares estuvieron ausentes en la firma del mismo.
A más de cuatro años de la firma del pacto, gran parte de las expectativas que se crearon con él no se han cumplido. La razón principal es la siguiente: de los nueve puntos en los que el presidente Luis Abinader se comprometió a cumplir, solo uno ha sido ratificado por ley, que fue la creación de las empresas de Transmisión Eléctrica Dominicana y de Generación Hidroeléctrica Dominicana, según el primer Informe Anual 2024 de veeduría y seguimiento del Pacto Eléctrico-RD. Los otros ocho compromisos solo se han iniciado o no se han cumplido, como por ejemplo, la definición del subsidio basado en el índice de calidad de vida y el nivel de consumo de las viviendas en condiciones de pobreza, así como la integración del sistema eléctrico nacional al sistema de emergencias, con personal capacitado para responder a situaciones de riesgo.
Mientras tanto, en el incumplimiento del Pacto Eléctrico, las pérdidas de energía de las distribuidoras (las EDEs) alcanzaron un 42.2% en términos de la energía que finalmente llega a los consumidores. Desde el punto de vista financiero, esto representa una carga para el Estado, ya que esas pérdidas en 2024 implicaron un subsidio del gobierno por aproximadamente US$1,769.1 millones para cubrir las deficiencias del sector eléctrico.
Además de afectar las finanzas públicas, la deficiencia en la operatividad del sistema eléctrico se traduce en un mayor déficit del presupuesto nacional. Esto no solo afecta la calidad de vida de la población, sino que también genera pérdidas económicas en pequeñas empresas, talleres y negocios de tamaño pequeño y mediano. Estas empresas, además de pagar tarifas elevadas por energía de baja calidad, deben recurrir a fuentes de energía de emergencia, como pequeñas plantas eléctricas, lo que incrementa sus costos de producción y operación.
Por ello, es fundamental que el gobierno cumpla con lo pactado en el Pacto Eléctrico, para que el sistema eléctrico nacional, especialmente las EDEs, pueda ofrecer un servicio adecuado en términos de calidad y precio. La tarifa eléctrica debe reflejar la realidad de los ingresos y condiciones de la población, garantizando así un servicio justo y sostenible.
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