La creencia de que “a más años de cárcel, menos delincuentes” surge de la impunidad percibida por la ciudadanía y alimenta el populismo punitivo. Ante el aumento de la criminalidad, nos planteamos si el endurecimiento de las penas es realmente una solución preventiva y eficaz.
Esta medida es políticamente popular porque solo requiere modificar el código penal, sin atender las causas de los delitos. El término “populismo punitivo” (Bottoms, 1955) describe la creencia de que aumentar las penas resuelve problemas sociales complejos, aunque es una postura arcaica y contraria a los principios generales del derecho y a los derechos humanos.
Los medios y grupos influyentes inducen a considerar la inseguridad como el principal problema, alejando la atención de la realidad. Endurecer las penas agrava el hacinamiento carcelario, limita la resocialización y expone a los internos a amenazas, violencia y a más vulnerabilidad.
El supuesto poder disuasivo de las penas duras carece de sustento empírico: la sanción penal no determina la comisión de delitos. Además, muchas leyes no cumplen criterios de racionalidad y proporcionalidad, afectando sobre todo a las clases bajas que cometen delitos menores.
La sociedad también es responsable, pues el comportamiento delictivo está influido por el entorno y las condiciones impuestas por el Estado, que no debe desconocer la dignidad humana. El derecho penal debe aplicarse como última ratio, no como regla general (prima ratio), y la Constitución limita el poder para garantizar derechos fundamentales, incluso contra la opinión mayoritaria.
La experiencia internacional muestra que el endurecimiento de penas no es efectivo a largo plazo. La ONU (2018) señala que las estrategias de prevención bien planificadas fortalecen la seguridad y el desarrollo sostenible. Es preferible apostar por políticas públicas preventivas y educativas de largo plazo que respeten los principios del derecho y los valores jurídicos superiores.
El endurecimiento de las penas no ataca la raíz de la delincuencia. La verdadera solución exige políticas educativas de largo plazo que formen una conciencia ciudadana capaz de reconocer que estas medidas chocan con los fundamentos del orden jurídico: los derechos fundamentales, los principios generales del derecho y los valores superiores que este protege.
Frente a la ineficacia del populismo punitivo, la educación y las políticas públicas bien diseñadas ofrecen un camino más sólido. Invertir en formación ciudadana, prevención social y programas de desarrollo no solo reduce la incidencia delictiva a largo plazo, sino que fortalece el tejido social y respeta los principios del derecho.
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