Desde hace varias décadas, la discusión fiscal en República Dominicana ha girado en torno a la premisa de que el problema central es la falta de ingresos y que la solución se reduce a una reforma tributaria. La reciente misión del FMI refuerza esa visión al enfatizar en una de sus recomendaciones que el gobierno se aboque a una “Reforma Tributaria”, obviando referirse a la parte del gasto público, con lo cual pasa a avalar un ya peligroso status quo.
En efecto, en relación a lo fiscal y enfocando su recomendación esencialmente en los tributos (impuestos y tarifas), el FMI hace caso omiso del mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030, Ley 1-12). Esta establece el compromiso de una “Reforma Fiscal” mediante la realización de un pacto, lo que no fue una ocurrencia fugaz, sino el producto de la visión consensuada de la mayoría de los sectores del país. Fue un mandato por ley, no por decreto, para impulsar el desarrollo con miras al 2030.
Por consiguiente, en su corazón y con plena convicción, todas las organizaciones y personas que consensuaron la END 2030 establecieron, de manera inequívoca, el Pacto Fiscal (Artículo 36), no como una simple reforma de impuestos, sino como un contrato social integral. Un acuerdo nacional para construir un sistema justo, donde la discusión sobre cómo se recauda estuviera indisolublemente ligada a la de cómo se gasta: en calidad, eficiencia y transparencia.
Sin embargo, tres administraciones gubernamentales consecutivas, y sigue el conteo, han convertido el mandato legal en letra muerta. ¿Por qué? La respuesta es tan clara como desalentadora: tocar el pacto fiscal real significa desafiar a los poderes fácticos que se benefician de un Estado disfuncional y de estructuras partidarias que se sostienen beneficiando a los poderosos y reproduciendo sus propios intereses.
De un lado, está un sector empresarial del gran capital, que ha disfrutado de exenciones tributarias perpetuas (privilegios que permiten a ciertas empresas no pagar impuestos durante largos períodos), tratos preferenciales y un sistema que premia el lobby más que la innovación. Del otro, una clase política que utiliza el erario público como botín para alimentar una maquinaria de clientelismo y lealtades. Esta simbiosis tóxica ha encontrado su fórmula perfecta en la llamada “reforma tributaria”.
Una reforma urgente, impulsada por la presión del FMI, es el camino fácil que se quiere recorrer y que el FMI aúpa. Crea las condiciones para que los políticos argumenten “el FMI nos obliga” para subir impuestos a la clase media y a través de impuestos regresivos (que afectan proporcionalmente más a quienes menos ganan), sin tocar los privilegios de los más ricos ni la opacidad del gasto. Es poner parches en un sistema podrido en lugar de sanearlo.
El FMI, con su mirada puesta en los indicadores macroeconómicos de corto plazo, déficit (cuando el Estado gasta más de lo que recibe), deuda y estabilidad cambiaria (mantener el valor del peso frente al dólar y otras monedas), se convierte en ese actor que, a través de sus recetas históricas, recomienda apretar más la soga al trabajo y hacer fiesta con los privilegiados. Su receta, aparentemente solo “técnica”, de “reforma tributaria”, les da a los gobiernos la excusa perfecta para evadir su responsabilidad histórica: sentarse a negociar el verdadero pacto fiscal de reestructuración fiscal integral (END 2030, artículo 36).
La gran pregunta no es si el gobierno actual se inclinará a formular y aprobar otra reforma tributaria. Los signos visibles, aunque aún tenues, apuntan en esa dirección. La verdadera pregunta es si tendrá el presente gobierno la voluntad política, y el valor, de aprovechar la muy difícil coyuntura fiscal actual para romper con trece años de complicidad y encarar por fin el debate que de verdad importa: cómo acabamos con los privilegios de unos pocos y cómo transformamos el Estado en un motor de desarrollo para todos.
Porque es más que sabido que el verdadero desarrollo sociopolítico, que garantice el “placer de vivir para todas las personas”, no se alcanza con parches tributarios. Se alcanza con voluntad política, con visión y acción integral, que desemboque en una escalada ascendente de equidad fiscal.
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