La experiencia de países con regímenes progresistas puros y la tendencia actual hacia regímenes derechistas, que también pueden ser muy extremos, nos llevan a la necesidad de esta reflexión. Y más aún cuando, en el caso de la República Dominicana, tenemos un gobierno que ha tomado lo peor de ambos mundos: de la derecha, el apoyo sin límites a un sector privado que en muchos casos ha resultado ser explotador e insaciable; de la izquierda, el clientelismo parasitario, usado como herramienta de control social y de gobernabilidad fácil, que dispara el déficit, la deuda y una inversión pública cada vez más improductiva. Un gobierno que dice abrazar la disciplina del mercado, pero que lo hace favoreciendo a unos pocos; y que al mismo tiempo pretende comprar paz social repartiendo prebendas que hipotecan el futuro de la nación.
La experiencia internacional lo demuestra: ni la derecha pura ni la izquierda pura han dado respuestas definitivas a los dilemas del desarrollo. La derecha liberal tiene la virtud de abrir mercados, atraer capital, impulsar la competencia y favorecer la innovación. Al reducir trabas, liberar las fuerzas productivas y exigir disciplina fiscal y monetaria, genera confianza en los inversionistas y promueve el dinamismo económico. Pero su pecado está en olvidar lo social: cuando se recorta el rol del Estado hasta la médula, lo que queda es desigualdad, exclusión y erosión de la gobernabilidad. No hay emprendimiento sostenible en sociedades fragmentadas ni industrialización moderna sin educación pública, salud y capacitación laboral que garanticen capital humano de calidad.
El progresismo, por su parte, tiene el mérito de haber puesto en el centro de la política la justicia social. Gracias a sus políticas, millones de personas en América Latina accedieron por primera vez a educación, salud y vivienda. Han reducido brechas históricas y recordado al mundo que el desarrollo no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino también en equidad y dignidad. Pero cuando ese progresismo degenera en estatismo, aparecen los males conocidos: gasto social convertido en clientelismo, dependencia parasitaria, Estados que en vez de fomentar la iniciativa privada compiten con ella, déficits fiscales insostenibles, corrupción y servicios públicos que se derrumban. En lugar de movilidad social, se crean poblaciones atrapadas en la dependencia de las migajas del poder.
Lo que hoy se necesita no son dogmas ideológicos, sino pragmatismo con visión de país. En la República Dominicana hemos probado, por la vía de los hechos, que el extremo no funciona. Los subsidios sin controles han permitido abusos empresariales y acumulación obscena de riquezas en manos de unos pocos, mientras el clientelismo político ha convertido la pobreza en un negocio rentable para los gobernantes de turno. Se nos vende un modelo de “progreso” que en realidad es una alianza entre élites económicas voraces y un Estado populista que compra lealtades a base de subsidios, nóminas ocultas, pensiones solidarias y deuda creciente. Esa no es la fórmula de desarrollo, es la receta para la crisis.
El progresismo, por su parte, tiene el mérito de haber puesto en el centro de la política la justicia social.
El camino verdadero pasa por un equilibrio. Necesitamos un Estado árbitro, no competidor ni cómplice. Un Estado que regule, fomente la transparencia, garantice derechos y asegure que la riqueza no se concentre en pocos bolsillos. Necesitamos inversión pública en lo que realmente transforma: educación, salud e infraestructura. Porque solo con personas capacitadas, sanas y con oportunidades podremos aspirar a una industrialización moderna y a un país competitivo en la economía global. Y necesitamos políticas sociales que no sean dádivas, sino palancas de movilidad: programas que capaciten, inserten en el mercado laboral y abran puertas al emprendimiento, en vez de perpetuar la dependencia.
De la derecha debemos conservar la disciplina fiscal, la estabilidad monetaria y la confianza en el emprendimiento privado. De la izquierda debemos preservar la justicia social, el acceso universal a la salud y a la educación, y la convicción de que el crecimiento económico solo tiene sentido si es inclusivo. Pero ni la motosierra del ajuste radical ni el estatismo absoluto generan desarrollo sostenible. Lo que necesitamos es una síntesis: un modelo transparente, equilibrado y capaz de articular la fuerza del mercado con la responsabilidad social del Estado.
En un mundo donde los extremos han fracasado, la República Dominicana no puede darse el lujo de repetir errores. Nuestro país merece un proyecto de desarrollo que combine lo mejor de ambas visiones, que impida los abusos del sector privado, que elimine el clientelismo político y que ponga la inversión pública al servicio del pueblo. Solo así podremos garantizar crecimiento con equidad, estabilidad con justicia y progreso con dignidad.
La experiencia internacional lo demuestra: ni la derecha pura ni la izquierda pura han dado respuestas definitivas a los dilemas del desarrollo
La República Dominicana no necesita un Estado sometido a los caprichos de grupos empresariales ni mucho menos un Estado que se disfraza de benefactor mientras siembra dependencia y clientelismo. Nuestro pueblo exige un gobierno que gobierne para la posteridad, que defienda la libre empresa, pero que también proteja al ciudadano común, que impulse la inversión productiva y no la especulación, que invierta en escuelas y hospitales antes que en propaganda. Si no rompemos con este modelo híbrido de privilegios y prebendas, lo que heredaremos será más desigualdad, más deuda y menos futuro. El desafío de nuestra generación es claro: construir un equilibrio justo, capaz de garantizar crecimiento con equidad, progreso con dignidad y un país en el que el éxito de unos no sea la condena de otros.
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