El desplome del muro del paso a desnivel 27-Máximo Gómez que segó la vida de nueve personas, entre ellas cuatro puertorriqueños, constituye el más impactante de los tantos lamentables hechos registrados durante el torrencial que anegó el país el pasado fin de semana. La magnitud del desastre en zonas rurales y urbanas más que de las lluvias, en última instancia, es resultado de los graves desaciertos de la gestión de los espacios naturales y construidos, de la pobre institucionalidad y la profundidad de las fracturas sociales que nos lastran como país. Que se conocieran previamente las malas condiciones del muro, la dimensión el colapso del tránsito, transporte y tráfico, básicamente en el Gran Santo Domingo, la cantidad de desechos sólidos que obstruían su drenaje pluvial, son ejemplos.
En efecto, reportan los medios de comunicación que desde más de dos décadas ingenieros del CODIA advirtieron vicios estructurales del muro. También se dice de drenaje. Cualquiera que sea la causa, no se actuó con la debida diligencia, máxime cuando en noviembre pasado se advirtió la magnitud y peligrosidad de los cambios climáticos con una cantidad de lluvia récord en 24 horas, roto por las caídas en el presente. La pregunta es ¿quién no actuó diligentemente? En cualquier país mínimamente institucionalizado se piensa inmediatamente en el ayuntamiento municipal, es más, cuando suceden desgracia como la referida, incluso de menor calado, es frecuente que el encargado de obra de esa institución renuncia. Pero, de formalizarse una demanda, ¿cuál institución sería la demandada?
Resulta que esa, como todas las grandes obras de infraestructura vial en este país las diseña y ejecuta el gobierno central. Esas y otras grandes intervenciones urbanas se conciben y ejecutan en oficinas o ministerios a veces sin que oficialmente lo conozca el ayuntamiento municipal correspondiente. Ahí comienzan los problemas de carácter institucional que hacen más graves y complejos el referido evento. Cierto, los gobiernos locales carecen de recursos para acometer proyectos o cirugías urbanas de profundo calado, por lo cual la intervención del gobierno central es imprescindible y hasta deseable en las más de las veces, pero que estas intervenciones se hagan sin la activa y determinante participación de los municipios, a futuro, agrava los problemas.
Las obras más impactantes sobre las ciudades las hacen básicamente los ingenieros de Obras Públicas, pero, de acuerdo con el marco competencial de los entes locales, son estos quienes tienen la obligación, en primera instancia, de gestionar el impacto que estas tienen sobre el tránsito, transporte, tráfico, en lo urbano y en el ordenamiento territorial. Además de esas competencias, los gobiernos locales tienen otras funciones: la gestión de la producción del espacio y de los asentamientos. Sin embargo, en momentos de grandes eventos naturales, estos son desplazados por las acciones del gobierno central con las conocidas improvisaciones, dejaciones y dejadez…posiblemente, en medio de una tormenta un alcalde abandone sus funciones para ir a la boda de una hija…
Pero el problema tiene muchas aristas, momentos como el del fin de semana pasado pone a prueba la institucionalidad de un país. La previsión de los eventuales alcances de un fenómeno natural en particulares territorios recae básicamente sobre las autoridades municipales. Con frecuencia, estas aducen falta de recursos materiales y humanos para un eficiente ejercicio de sus funciones, pero no es tan así. No es nada desdeñable el cúmulo de informaciones existentes sobre los territorios que gestionan y es significativo número de personas con formación en gestión municipal para que su mandato no adolezca de las falencias que se les enrostra. Pero los niveles deficiencia de los gobiernos locales tiene un mal de fondo. Está incrustado en la cultura y/o intereses de la clase política.
Esta cultura e intereses son factores que en última instancia limitan las posibilidades de que los gobiernos locales se doten de autoridades cuyos niveles de formación, sensibilidad y compromiso se corresponda con las necesidades y particularidades del municipio o distrito municipal. Por consiguiente, la persistencia de ese lastre impide que la gestión municipal logre una eficiente identificación y previsión de los factores de riesgo que agravarían los efectos de un fenómeno natural y que se torne en desastre. Defensa Civil, 911, comisiones varias y otras instancias son útiles en estos casos, pero lo determinante es una correcta gestión y ordenación del territorio, lo cual es competencia indeclinable del municipio.
Es difícil que esto se entienda, la cultura centralista de este país, una rémora, lo dificulta. Toca a las Federaciones de municipios y distritos municipales dominicanas y fundamentalmente a la Liga Municipal Dominicana y porque no, al Gobierno Central, pensar seriamente esta circunstancia y extraer la debida lección de lo acontecido el pasado fin de semana. Les toca insistir en que el país se dote de un poder local que exprese consecuentemente el principio de descentralización y de la subsidiaridad del municipio, reflexionar sobre las consecuencias y costos que tienen para el país las falencias de la generalidad de los municipios y distritos municipales dominicanos para una lograr eficiente gestión de sus territorios y las ciudades con sus entornos rurales.
Es la mejor y única forma de ordenar eficiente y democráticamente el territorio, el mejor camino para institucionalizar y democratizar una nación.