En América Latina, el acceso a medicamentos innovadores y tecnologías sanitarias de alto impacto enfrenta un dilema estructural toda vez que la velocidad de la innovación científica supera la capacidad de los sistemas de salud para financiarlas sin comprometer su estabilidad fiscal. Este no es un problema coyuntural de presupuesto; es una cuestión de arquitectura financiera, gobernanza y visión estratégica. La experiencia comparada demuestra que las soluciones efectivas emergen de la convergencia de cuatro principios: Abordar directamente los desafíos de financiación, integrarse sin fricciones en el sistema existente, operar con transparencia y proyectar sostenibilidad (World Health Organization [WHO], 2022). Ello exige sustituir la lógica reactiva por una planificación basada en datos, evaluaciones económicas rigurosas y control del valor sanitario de cada intervención.
Por su parte, la sostenibilidad está condicionada por el financiamiento, que abarca la asequibilidad, el control de precios y la evaluación del valor terapéutico; el sistema de salud, que define la cobertura real y la capacidad resolutiva, especialmente en la atención primaria; la gobernanza, que requiere claridad de reglas, alineación de intereses y transparencia; y la innovación y manejo de datos, que implican digitalización, inteligencia artificial y sistemas de información interconectados. Un fallo en cualquiera de estos elementos aumenta el costo de oportunidad y reduce la eficiencia marginal del gasto en salud (OECD, 2023).
El financiamiento actual, basado principalmente en impuestos generales y contribuciones obligatorias, es insuficiente para sostener terapias de alto costo. Diversificar las fuentes es un imperativo técnico y político. Existen mecanismos probados en otros países que podrían adaptarse, como los bonos de impacto social, utilizados en el Reino Unido para programas de salud mental y reinserción social (Fraser et al., 2018); los impuestos correctivos, como el IEPS a bebidas azucaradas en México, que financia parcialmente programas de salud pública (Colchero et al., 2016); el etiquetado fiscal para salud, como en Filipinas, donde los impuestos al tabaco y alcohol se destinan directamente a la cobertura sanitaria universal (Quimbo et al., 2020); y el cofinanciamiento público-privado, como en Brasil, con asociaciones para la provisión de medicamentos oncológicos en estados con baja cobertura (Pereira et al., 2022).
En nuestros sistemas sanitarios, hasta un 20–40% del gasto en salud se pierde en ineficiencias (WHO, 2010; Banco Mundial, 2022), estimación global adaptable y no un dato medido para cada país. Incluyen la subutilización de genéricos y la negociación ineficaz de precios, el uso de medicamentos falsificados o de baja calidad, procedimientos sin valor clínico y hospitalizaciones innecesarias, corrupción, sobredimensionamiento de infraestructura y errores prevenibles. Reducir estas fugas no solo libera recursos, sino que permite reinvertir en innovación costo-efectiva sin ampliar el presupuesto total. Mientras la OCDE destina en promedio un 5% de su gasto sanitario a medicamentos especializados, Brasil y México apenas alcanzan entre un 2% y 3% (IQVIA, 2024). Este rezago limita el acceso a terapias innovadoras y refleja una asignación presupuestaria que favorece la inercia sobre el valor incremental.
Integrar la innovación sin quebrar el sistema requiere más que aumentar el gasto, implica redirigir el flujo financiero hacia intervenciones de alto valor sanitario, etiquetar recursos específicos para innovación, pagar por resultados clínicos en lugar de volumen de unidades adquiridas, incentivar la producción local o regional de medicamentos, digitalizar la gestión del gasto y la trazabilidad de insumos, y hacer de la evaluación económica un filtro técnico vinculante para la cobertura. Cada peso mal gastado es una oportunidad perdida para salvar vidas, mejorar la calidad de vida o prevenir deterioros irreversibles. El desafío no es si innovar, sino cómo financiar y gestionar la innovación para que genere el máximo retorno social.
Las cifras sobre composición del gasto farmacéutico provienen de IQVIA (2024) y OECD Health Statistics (2023). Los porcentajes de ineficiencia corresponden a estimaciones de WHO (2010) y Banco Mundial (2022), adaptadas a contextos de países de ingreso medio. Los ejemplos internacionales han sido seleccionados por su aplicabilidad técnica y resultados documentados.
Referencias
Banco Mundial. (2022). World Development Report 2022: Financing Health Systems Efficiently. Washington, DC: World Bank.
Colchero, M. A., Rivera-Dommarco, J., Popkin, B. M., & Ng, S. W. (2016). In Mexico, evidence of sustained consumer response two years after implementing a sugar-sweetened beverage tax. Health Affairs, 35(3), 564-571.
Fraser, A., Tan, S., Lagarde, M., & Mays, N. (2018). Narratives of promise, narratives of caution: A review of the literature on Social Impact Bonds. Social Policy & Administration, 52(1), 4–28.
IQVIA. (2024). Global Medicine Spending and Usage Trends. Parsippany, NJ: IQVIA Institute.
OECD. (2023). Health at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
Pereira, L., Rodrigues, J., & Oliveira, A. (2022). Public-private partnerships for oncology medicines in Brazil: Results and challenges. Revista de Saúde Pública, 56, 15.
Quimbo, S. A., et al. (2020). The sin tax reform in the Philippines: Transforming public finance, health, and governance for more inclusive development. The Lancet Public Health, 5(3), e149–e156.
WHO. (2010). World Health Report: Health systems financing – The path to universal coverage. Geneva: World Health Organization.
WHO. (2022). Innovative financing for health. Geneva: World Health Organization.
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