Nada erosiona más la autoridad que el poder que, en lugar de obedecer, decide fingir que la sirve.
El Estado moderno descansa sobre una premisa fundamental, la autoridad legítima, emanada del pueblo, se traduce en acción a través de la administración. Sin embargo, lo que debería ser continuidad entre soberanía y ejecución se desdobla, con frecuencia, en una tensión más profunda. Allí donde se espera obediencia, surge autonomía; allí donde debería haber fidelidad, aparece el cálculo personal. Lo que emerge de ese proceso no es simple corrupción ni ineficiencia, sino algo más radical, es un contrapoder, un poder paralelo que habita dentro del Estado y lo desafía desde sus entrañas.
Este contrapoder se gesta en lo que Husserl llamó el mundo de la vida, un trasfondo de prácticas y significados que sostiene toda experiencia institucional. En la administración pública, ese mundo se bifurca, de un lado, el orden normativo orientado al bien común; de otro, la práctica cotidiana de funcionarios que transforman la rutina en soberanía. Lo que debería ser instrumento de ejecución se convierte en orden alternativo, más real en la experiencia ciudadana que la propia ley.
La fuerza de este fenómeno radica en su capacidad de narrar la realidad desde dentro. La administración inventa justificaciones, produce informes que reinterpretan mandatos y multiplica tecnicismos que posponen derechos. Como señaló Ricoeur, el relato no solo describe, también configura; así, la burocracia termina contando una historia en la que la autoridad se vuelve dependiente de sus relatos internos. La ley permanece, pero el relato administrativo gobierna en su lugar.
Arendt advirtió que los mayores peligros para la vida pública provienen de actos ordinarios ejecutados sin reflexión ética. El contrapoder se alimenta de esa banalidad que no necesita grandes conspiraciones, solo la repetición de trámites ciegos, la obediencia mecánica que en realidad es desobediencia disfrazada. Cada excusa procedimental erosiona la fidelidad al interés común y refuerza la autonomía de quienes deberían ser servidores del mandato democrático.
No se trata de una conjetura abstracta. Estudios como Government at a Glance de la OECD muestran cómo los retrasos en la implementación de normas, la opacidad en el presupuesto o la discrecionalidad en la gestión son indicadores concretos de un Estado que no siempre obedece a su propia autoridad. Transparency International, con su Índice de Percepción de la Corrupción, confirma que esta distancia entre legalidad formal y prácticas administrativas es una de las grietas más profundas de la confianza ciudadana.
En el fondo, el contrapoder es un problema ético. Cada funcionario que utiliza su cargo como patrimonio personal o su discrecionalidad como moneda de intercambio rompe el pacto fundamental de la función pública que es servir al interés general bajo la conducción legítima de la autoridad. El liderazgo puede mantener legitimidad y discurso, pero si la administración se emancipa, lo que queda es un simulacro, palabras de honestidad sostenidas por prácticas infieles.
Hablar de contrapoder, entonces, es advertir que dentro de todo Estado conviven dos órdenes, el visible, que se legitima en las urnas, y el subterráneo, que opera en los intersticios del trámite y de la omisión. Allí donde debería existir obediencia, surge autonomía; allí donde debería haber unidad, se instala duplicidad que, si no se enfrenta con responsabilidad y transparencia, esa fractura no solo debilita a un gobierno en particular, sino a la idea misma del Estado como garante de lo común.
Referencias
- Arendt, H. (2006). Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal (M. Serrat, Trad.). Lumen. (Trabajo original publicado en 1963).
- Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology (D. Carr, Trad.). Northwestern University Press. (Trabajo original publicado en 1936).
- Ricoeur, P. (1984). Time and narrative (Vol. 1). University of Chicago Press. (Trabajo original publicado en 1983).
- OECD. (2017). Government at a glance 2017. OECD Publishing.
- Transparency International. (2022). Corruption perceptions index 2022. Transparency International.
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