Cuando la ley vive del pasado, la justicia se posterga
La Seguridad Social Dominicana es un castillo de la memoria, una arquitectura legal erigida hace casi un cuarto de siglo que sigue operando con fundamentos anacrónicos. La Ley 87-01, presentada como modernización histórica, se sostiene hoy en supuestos agotados: formalización laboral que nunca ocurrió, transición epidemiológica que subestimó el peso de lo crónico y un financiamiento solidario lineal que, en ausencia de un per cápita ajustado por riesgo, se convirtió en fuente de inequidad y subsidios cruzados ineficientes.
El Régimen Subsidiado (RS) es el ejemplo más evidente. Su per cápita vigente asciende a RD$321.97 por afiliado, al que se suman RD$11.45 mensuales para el FONAMAT (atenciones médicas por accidentes de tránsito), establecida mediante la Resolución CNSS No. 610-04. En total, el per cápita efectivo del RS alcanza los RD$333.42/mes por afiliado. Aun así, este monto dista de cubrir la canasta real de prestaciones incluidas en el Catálogo. El Régimen Contributivo, por su parte, opera con un per cápita de RD$1,715.46 (incluye FONAMAT), cifra que apenas soporta el incremento exponencial de medicamentos de alto costo y terapias biológicas. La paradoja es clara, se proclama un Catálogo universal, pero se financia con una inequidad estructural que fractura el principio mismo de solidaridad.
La distancia entre diseño y realidad se amplía cuando se examina la región (USD corrientes, 2022). El gasto público per cápita en salud en la República Dominicana ronda los USD 180 anuales (World Bank; OECD/CEPAL, 2023), mientras que el gasto total (público + privado) alcanza aproximadamente USD 417 (Banco Mundial, 2022). En contraste, Colombia invierte cerca de USD 540, Costa Rica alrededor de USD 1,050, y Chile más de USD 1,700 por persona al año (OECD/CEPAL, 2023). La conclusión es ineludible, el país se ubica en el tercio inferior de América Latina y el Caribe, con un sistema que debe hacer más con menos, pero que, atrapado en la captura regulatoria y en la asimetría de información, termina financiando gasto sin valor y transfiriendo déficits al presupuesto nacional.
El seguro previsional refleja la misma inercia. El modelo de capitalización individual, gestionado por las AFPs, prometía sostenibilidad en el largo plazo. Sin embargo, con una densidad de cotización inferior al 40% y una alta rotación laboral, con 30 años de cotización, rentabilidad real 3–4% y comisiones vigentes, la mayoría de los afiliados no alcanzará una tasa de reemplazo bruta proyectada superior al 30%, la tasa efectiva es menor con densidad de cotización irregular (Mesa-Lago, 2020). En países de referencia, como Uruguay y Costa Rica, la tasa de reemplazo proyectada supera el 55%, y en sistemas mixtos como el de Chile, tras la reforma de 2008 y la reciente discusión constitucional, se busca garantizar un piso del 60% (Mesa-Lago, 2020; CEPAL, 2023). La evidencia comparada es clara, mientras los sistemas mixtos alcanzan tasas de reemplazo promedio del 63%, los de contribución definida como el dominicano apenas llegan al 37% (BID, 2020). En comparación, el modelo dominicano revela no solo una debilidad actuarial, sino una incapacidad de ofrecer legitimidad social.
Ambos componentes del SDSS —salud y pensiones— comparten un mismo defecto, dependen cada vez más del presupuesto público para cubrir vacíos que el diseño original prometió resolver. Así, el SENASA, mediante transferencias extraordinarias para cubrir el déficit del Régimen Subsidiado; el sistema de pensiones, a través del Fondo de Solidaridad Social para garantizar las pensiones mínimas. El castillo se protege con muros gruesos de inercia, pero las grietas son inocultables: el per cápita es insuficiente, el Catálogo está desalineado con la carga de enfermedad, las tasas de reemplazo son inviables y se evidencia una pérdida creciente de legitimidad.
Mientras tanto, el mundo discute sobre valor por dinero, sostenibilidad actuarial, digitalización con interoperabilidad, auditorías en tiempo real, métricas de outcomes en salud, y Catálogos de Prestaciones adaptativos. La República Dominicana, en cambio, insiste en la nostalgia normativa de 2001, atrapada en la repetición de un diseño que ya no conversa ni con la demografía, ni con la epidemiología, ni con la economía política contemporánea.
La memoria protege, pero también encarcela. La Ley 87-01 puede seguir siendo un castillo cerrado sobre sí mismo, incapaz de responder a las demandas de salud y pensiones del presente, o puede abrirse a un rediseño que asuma la complejidad del siglo XXI. Lo que está en juego no es solo la suficiencia del per cápita o la dignidad de las pensiones, sino la viabilidad misma de la seguridad social como contrato ciudadano.
La memoria sin reforma es repetición, y la repetición sin cambio es decadencia.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Health financing in Latin America: trends and challenges. Washington, DC: World Bank.
- CEPAL. (2023). Protección social en América Latina y el Caribe: avances, brechas y desafíos. Santiago de Chile: CEPAL.
- International Labour Organization. (2022). World Social Protection Report 2020–22: Social protection at the crossroads. Ginebra: OIT.
- Mesa-Lago, C. (2020). Re-reformas de pensiones en América Latina: tendencias, problemas y perspectivas. Nueva Sociedad, (288), 54–71.
- Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). (2024). Informe sobre el per cápita y el déficit del Régimen Subsidiado. Santo Domingo: SISALRIL.
- Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). (2004). Resolución No. 610-04 sobre FONAMAT. Santo Domingo: CNSS.
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