"Crujía la vergüenza que se iría al monte a entonar en alto el decreto de la guerra necesaria, la misma que tuvo sus inicios en una Juventud Democrática, en un Luperón resurgido y en un Cayo Confites libertarios. En el prefacio de su muerte Manolo Tavarez, advirtió que los hijos del 14 de junio del 59, alumbrarían de cuabas redentoras las eminencias agrestes y tupidas de su país. Cuadrúmanos de kepis, batas tuertas en peana, tutumpotes en la hora cero de la piñata y otros fisgones, llevaron a cabo la lúgubre operación de desmonte de la historia que este pueblo fraguaba en esos momentos con Juan Bosch en el poder."
Juan Miguel Pérez
Un gobierno ilegal ofrece garantía de respeto a las vidas de quienes, con justas razones, se levantan en armas para reponer al gobierno legal, presidido por el profesor Juan Bosch, derrocado por la oligarquía cívica y la cúpula militar bajo la dirección del pentagonismo.
Los insurgentes deponen sus armas acogiéndose a las garantías ofrecidas de respetar sus vidas. Se entregan en rendición. Los militares, violando el ofrecimiento del gobierno del Triunvirato, deciden humillarlos y fusilarlos.
Tres elementos hay que destacar:
1. Su acción insurrecta fue legal y legítima.
2. Sus vidas debían ser respetadas, no sólo porque la rendición conlleva a eso, sino también porque la misma, se produce bajo las garantías ofrecidas.
3. De acuerdo a la Convención de Ginebra, una vez rendidos y apresados, sus vidas debían ser respetadas.
Pese a que el gobierno del Triunvirato no era legal, su carácter de gobierno usurpador, le confería la categoría para juzgar a los guerrilleros de acuerdo a sus normativas de poder y fuerza, con las estructuras jurídicas que les respondían. La pena de muerte no estaba contemplada en las leyes vigentes.
El Triunvirato era presidido por un jurista que creyó en las garantías que ofreció, quedando estupefacto ante el desafío de los militares que actuaron en ese crimen, pues en su barbarie no cumplieron las promesas del gobierno ilegal, y sobre esa ilegalidad, cometieron otra, al no respetar una decisión y un ofrecimiento de los miembros civiles del gobierno. Eso conllevó a que el Licenciado Emilio de los Santos, renunciara a la presidencia del Triunvirato.
Es por esto que los militares involucrados en el fusilamiento de Manolo Tavárez y sus compañeros deben ser juzgados y condenados, sin importar el tiempo. La decisión de llevar a la justicia a los que actuaron en ese acto genocida, no es con espíritu de venganza, odio o resentimiento.
Es una posición de justicia, honor y de vergüenza, así como una justa reparación histórica hacia esos valiosos y dignos ciudadanos que se atrevieron a sacrificarse por la libertad, la justicia y los verdaderos ideales democráticos.
Sólo hay que conocer la trayectoria de esos valiosos y nobles dominicanos para darnos cuenta, que constituían una pléyade de jóvenes patriotas, de mucho provecho para el pueblo dominicano.
Este nuevo 21 de diciembre, aniversario de ese horrendo crimen, debemos, no sólo recordarlos, sino mantener la lucha y exigencia para que los asesinos paguen por sus crímenes, por lo menos con una condena moral y ejemplarizante, y se publiquen sus nombres, para que el pueblo conozca su historial delictivo y criminal; porque se mantuvieron como asesinos vulgares, manchando el uniforme sagrado de la carrera militar.
