Cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia: se convierte en un acto de impunidad institucional. Y lo que está ocurriendo en el Tribunal Superior Central de Tierras de Santo Domingo es una verdadera vergüenza judicial. La República Dominicana no puede permitirse un sistema judicial que funcione a paso lento, porque algunos jueces no cumplen con el mandato de ley, y mucho menos cuando con esa actitud afecta directamente al desarrollo económico, la confianza ciudadana y, sobre todo, a la seguridad jurídica, que tanto proclamamos.
En junio de 2024 la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia definitiva en un caso relacionado con la propiedad de tierras turísticas en Punta Cana. Esa decisión —irrevocable y obligado cumplimiento— fue enviada al Tribunal Superior Central de Tierras de Santo Domingo para su ejecución inmediata. Estamos en junio de 2025, un año después, y aún no ha sido ejecutada. Suma 5 sentencias favorables desde que inició en junio del 2012. Son 12 años, más uno de demora injustificable.
La responsabilidad recae en la sala del tribunal encargado de dar cumplimiento a la sentencia, en la figura de la ponente del caso, la magistrada Febrillet, cuya inacción alarma. Es inconcebible que una decisión judicial firme quede atrapada por un juez que debería ser ágil y respetuoso de la autoridad del más alto órgano judicial. Es una falta de respeto y violación del Estado de Derecho, que un juez ignore durante un año una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Este caso es síntoma una enfermedad crónica: la morosidad judicial. Hay procesos que llevan años pendientes, debido a trámites interminables, recursos dilatorios y de alarmante falta de voluntad, de algunos jueces para impartir justicia en un plazo razonable. Es tan así, que recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo que pronunciarse y reclamar atención la a este problema.
Las consecuencias son extremadamente perjudiciales. Empresas paralizadas, inversiones bloqueadas, propiedades en conflicto, inseguridad jurídica y desconfianza creciente en el sistema judicial. No podemos atraer inversiones con algunos jueces que convierten tribunales en instancias que obstaculizan el desarrollo.
Un caso ya juzgado que lleva un año esperando ejecución es grave. El silencio y la falta de acción de la juez ponente no tienen justificación válida y exigen una respuesta institucional. Debemos recordar que ningún juez está por encima de la ley, sino a su servicio. Que su labor es una función pública que debe ejercer con responsabilidad y compromiso con la justicia.
Casos como este exige medidas ejemplares. El Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia deben intervenir para asegurar la ejecución de las sentencias, revisar los tiempos de respuesta, los procedimientos internos y conductas individuales, como esta, que paralizan una inversión turística y comprometen la credibilidad del sistema judicial.
La morosidad judicial es una forma de corrupción. Un año de espera es demasiado después que la Dirección General de Catastro confirmara el derecho de propiedad y pasar 12 años en 5 tribunales que lo confirmaron. Es tiempo robado a un país que necesita garantizar seguridad jurídica para avanzar. Esa pérdida tiene nombre.
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