Esta semana el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.) se sumó a las críticas permanentes hacia la Organización de Estados Americanos (OEA), por su conocida debilidad institucional y la ineficacia frente a las graves crisis en del hemisferio. El profundo problema haitiano fue el ejemplo presentado por Marcos Rubio para evidenciar esa inutilidad.

La frase “¿para qué sirve entonces la OEA?” tiene un gran contenido simbólico, pues con ello Rubio señala que la OEA ha abandonado sus objetivos, que son la cooperación hemisférica y la defensa de la democracia, los derechos humanos y la estabilidad regional. Igualmente, desafía la legitimidad de la institución al señalar su incapacidad para actuar ante una crisis humanitaria y de seguridad grave como la de Haití. Se trata, pues, de un cuestionamiento a la pertinencia y la propia sobrevivencia de la OEA.

Asimismo, sus declaraciones contienen una crítica implícita a la diplomacia multilateral, uniéndose con ello a una visión más pragmática, en la que la acción, liderada obviamente por EE. UU., se valora más que los mecanismos colectivos, que muchas veces se detienen por la falta de consenso político entre los Estados miembros.

Las declaraciones de Rubio constituyen también una reivindicación de liderazgo estadounidense. Al plantear la crítica en el Senado, también busca consolidar el liderazgo estadounidense en el hemisferio, responsabilizando indirectamente a EE. UU. de ejercer presión y marcar el rumbo cuando otros organismos, como la OEA, vacilan.

La OEA está en coma y son muchos sus retos y desafíos para salir de la emergencia tan prolongada que ha tenido. En primer lugar, el fortalecimiento institucional y operativo. Esto entraña reformar los mecanismos de toma de decisiones, de modo que situaciones de emergencia, como la de Haití, no se paralicen por falta de decisiones consensuadas.

En segundo orden, crear una fuerza regional de respuesta rápida para crisis humanitarias y de seguridad, con una estructura clara y financiación preestablecida. Tercero, participación activa del secretario general, ya que se requiere un liderazgo más proactivo y con legitimidad multilateral para mediar en conflictos y articular soluciones. Cuarto, convocar cumbres extraordinarias en casos de crisis para mantener la relevancia del organismo. Quinto, mayor colaboración con actores externos. Sexto, trabajar junto a la ONU, CARICOM y otros organismos regionales con mayor arraigo en zonas como el Caribe, donde la OEA suele tener menor penetración. Y séptimo, incorporar a organizaciones de la sociedad civil para implementar soluciones más integrales.

Durante mucho tiempo se ha indicado que Estados Unidos, Canadá y Francia deben asumir una participación determinante. Pero estas potencias como otras deben evitar que sean interpretadas sus participaciones como neocoloniaje, ya que esto genera rechazo en Haití y en otros países de la región. Y, en su lugar, deben ofrecer apoyo técnico, financiero y logístico bajo liderazgo haitiano y regional, sin imposición. Debe haber una coordinación internacional real. Esto es, actuar en sintonía con la OEA y no de forma unilateral. Estados Unidos, Canadá y Francia deben liderar una coalición legitimada multilateralmente, que no sea percibida como tutelaje.

Deben promoverse soluciones haitianas, lo que implica fortalecer las instituciones locales, apoyar procesos de diálogo entre sectores políticos haitianos y fomentar elecciones libres y justas. Se precisa el establecimiento de un fondo regional para crisis, con la participación conjunta de la OEA y la ONU para abordar emergencias futuras, con Haití como caso piloto, que sirva como herramienta de previsión y respuesta rápida.

Son precisamente las declaraciones del Secretario de Estado nortemericano las que han motivado que la OEA haya convocado a un simposio para buscar soluciones a la crisis haitiana. Es un paso positivo en términos diplomáticos, pero insuficiente si no va acompañado de acciones concretas y compromiso político real por parte de los Estados miembros.

Con la convocatoria la OEA reconoce la existencia del problema, esto es, la gravedad de la crisis en Haití y la necesidad de encontrar una solución multilateral, lo cual es crucial para activar mecanismos de cooperación. También es positivo porque genera un espacio de diálogo con actores diversos como diplomáticos, expertos, representantes haitianos, ONG y organismos internacionales.

De igual forma, favorece un enfoque más integral y participativo que no siempre se logra en espacios más cerrados y posibilita la relegitimación institucional, ya que es una oportunidad para que la OEA recupere parte de su legitimidad y liderazgo regional, especialmente después de críticas como las de Marco Rubio y otras figuras internacionales.

Las dudas que surgen respecto de este espacio es que se convierta en uno puramente retórico, como muchas veces lo ha sido en los hechos. Si el simposio no resulta en una hoja de ruta clara, con plazos, compromisos financieros y coordinación operativa, quedará como un gesto simbólico más, sin impacto real sobre el terreno. En segundo orden, sin la presencia de actores claves haitianos, las soluciones solo serán impuestas y sin respaldo interno.

Un simposio sin participación representativa de los sectores sociales y políticos de Haití corre el riesgo de repetir errores del pasado, que no han sido más que soluciones externas impuestas y desconectadas de la realidad local.

Es obvio que la comunidad internacional está hastiada, pues Haití ha sido objeto de múltiples misiones, promesas, conferencias y recursos, que no han dado los frutos esperados, de pacificación y organización del Estado y del gobierno. Si esta reunión se queda en promesas podría generar mayor desconfianza.

De ahí que el simposio deberá tener un impacto real, para lo cual hay que incluir actores haitianos claves. No bastan los representantes oficiales, sino que también son necesarios los líderes comunitarios, de la diáspora y de la sociedad civil. Hay que acordar compromisos concretos como los fondos, mecanismos de seguridad, apoyo electoral y reconstrucción institucional. Será imprescindible establecer seguimiento posterior, para lo cual hay que crear un grupo de trabajo permanente que dé continuidad a las decisiones del simposio. Asimismo, es necesario coordinar con la ONU, CARICOM y otras organizaciones internacionales para sumar fuerzas y legitimidad.

En definitiva, la convocatoria del simposio es un paso en la dirección correcta, pero el verdadero desafío es pasar del discurso a la acción. Haití no necesita más diagnósticos, sino un plan sincero y ejecutable, con liderazgo haitiano, apoyo regional y compromiso sostenido.

El clamor del presidente de la República, desde su llegada al Palacio Nacional como del ministro de relaciones exteriores, de que la solución al problema haitiano no puede venir de los dominicanos, que tanto hemos sufrido sus consecuencias, sino que debe ser el resultado del apoyo de la comunidad internacional, ha logrado el clamor norteamericano y el compromiso del mayor aportante a los fondos de la OEA y del país que, por mucho, tiene la mayor influencia en la región -y en el mundo- para hacer realidad el apoyo internacional para enfrentar la grave crisis haitiana, que tanto daño y retos plantea para nuestro país.

Carlos Salcedo Camacho

Abogado

Abogado, litigante, asesor jurídico, estratégico e institucional de diversas personas, empresas e instituciones. Dirige desde 1987 su firma de abogado, Salcedo y Astacio, con oficinas en Moca y Santo Domingo. Tiene varios diplomados, postgrados y maestrías, en diversas ramas del derecho, como la constitucional, corporativa, penal y laboral. Autor y coautor de varias obras de derecho y en el área institucional. Columnista y colaborador de las revistas Estudios Jurídicos, Ciencias Jurídicas y Gaceta Judicial y periódicos nacionales y de obras internacionales como el Anuario de Derecho Constitucional, de la Fundación alemana Konrad Adenauer. Desde el año 2010 es articulista fijo del periódico El Día. Ha sido redactor y coredactor de diversas, leyes y reglamentos. Ha sido profesor en la PUCMM y en diversas universidades, tanto en grado como en maestrías. Conferencista en el país y en el extranjero, en diferentes ramas de las ciencias jurídicas y sociales. Fue Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) (2001-2003). Director Estratégico del Senado de la República y Jefe del Gabinete del Presidente del Senado de la República (2004-2006). Fue asesor ejecutivo y el jefe del Gabinete del Ministerio de Cultura (2012-2016).

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