En 1916, las botas de los marines norteamericanos pisaron nuestra soberanía en la primera intervención armada de Estados Unidos en la República Dominicana. ¿Los argumentos? Una vez más, las deudas.
Pocos dominicanos saben que el origen de aquel drama se remonta al gobierno de Buenaventura Báez, quien en 1868 firmó el tristemente célebre Contrato Hartmont, mediante el cual se comprometía la economía nacional a cambio de un préstamo ruinoso. Peor aún, el propio Báez olvidó retirarle el respaldo al contrato, permitiendo que el agente Hartmont siguiera vendiendo bonos en nombre de la República, generando un endeudamiento sin control ni beneficio para el país.
En 1888, el presidente Ulises Heureaux (Lilis) renegoció esos bonos con la Compañía Holandesa de Westendorp, autorizándole a emitir por un millón y medio de libras esterlinas. Poco después, Lilis permitió que los derechos de la Westendorp pasaran a manos de inversionistas norteamericanos, quienes formaron en 1890 la San Domingo Improvement Company.
El problema se agravó: la Westendorp tenía derecho a cobrar directamente los impuestos de aduana, con supervisión extranjera. Al pasar esos derechos a la Improvement Company, la República quedó hipotecada a una deuda de 20 millones de dólares, de los cuales apenas se había recibido una mínima fracción. En otras palabras, el país cargaba con una deuda sin haber disfrutado los recursos.
El gobierno del presidente Woodrow Wilson comenzó entonces a presionar a los sucesivos gobiernos dominicanos —frágiles, endeudados y dependientes— para garantizar el pago a sus socios norteamericanos. Era una deuda manchada por fraudes, corrupción y entreguismo.
En 1907, el presidente Ramón Cáceres, tras el ajusticiamiento de Lilis, firmó la llamada Convención Dominico-Americana, mediante la cual aceptó que Estados Unidos administrara las aduanas nacionales como garantía de pago. Su delegado en las negociaciones fue Federico Velásquez, lo que provocó el rechazo de los jóvenes horacistas. El intento de secuestrar a Cáceres terminó en su asesinato en 1911, abriendo una etapa de caos político que sirvió de excusa perfecta para la ocupación militar estadounidense de 1916.
Aquel endeudamiento y aquella intervención marcaron la historia dominicana por décadas.
Y HOY… ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Cuando escribí este texto en 2006, la deuda pública dominicana rondaba los RD$237,000 millones, acumulada en apenas cuatro años de gestión del gobierno PRD–PPH. Me preguntaba entonces, y sigo preguntándome hoy: ¿Dónde están esos cuartos?
Hoy, en 2025, la **deuda consolidada del Estado dominicano supera los RD$3.2 billones (más de US$56,000 millones), una cifra sin precedentes. Solo entre 2020 y 2024, la deuda aumentó en más de un 60 %, impulsada por los préstamos externos, los bonos soberanos y los déficits fiscales anuales.
Una parte se destinó a enfrentar la pandemia, otra a obras de infraestructura, pero mucho se ha perdido entre gastos superfluos, clientelismo y corrupción. La historia parece repetirse con otros nombres y otros pretextos.
Y, como en 1868, como en 1916, la cuenta final sigue cayendo sobre los mismos hombros: usted, yo y nuestros descendientes.
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