El derecho de todo Estado de darse sus propias leyes, máxime las que entiende claves para la defensa su soberanía, es inobjetable. Pero, que los límites para el ejercicio de ese derecho lo ponen el Estado mismo y no la ley es absolutamente objetable porque todo ejercicio de derecho tiene un corsé: el debido proceso. Es éste el principio que se le reclama al gobierno en materia migratoria en lo referido a su política de deportación de cualquier ciudadano que no tenga la documentación requerida para transitar, permanecer o residir en el territorio nacional. Discursivamente el gobierno acepta ese principio, pero eso no es concordante con los hechos, registrados y sistematizados, que suceden en la camiona transporte/cárcel que transporta a supuestos o reales indocumentados.
En efecto, en los últimos años se han recrudecido las redadas contra nacionales haitianos o de origen para establecer la condición legal de su estadía en el país. Esas acciones se han multiplicado y se llevan a efecto en lugares de trabajo, en residencias, hospitales, en medios de transportes, en las calles etc., al tiempo de acentuarse las violaciones a elementales derechos de los apresados y con ello las demandas del respeto de esos derechos de parte de sectores nacionales y de organismos internacionales. El lugar donde son más frecuentes, ostensibles, variadas y escandalosas esas violaciones es en la llamada camiona. Inexplicablemente, esa piedra de escándalo se amplia y se mantiene en el tiempo sin que desde el Estado se exprese una clara señal de detenerla.
De madrugada, la camiona inicia su viaje infernal de redada y a su paso los agentes de Migración apresan indiscriminadamente a reales o supuestos nacionales haitianos o de origen, a mujeres que obligan a dejar niños abandonados en las calles, a otras, embarazadas o con sus niños, se les sube en el vehículo para deportarla junto con ellos. En el recorrido, apean los apresados que han podido llamar un familiar o su empleador para que le lleven entre 10 o 15 mil pesos como pago a los agentes. También le roban su dinero o pertenencias frecuentemente golpeándolos antes y después de subirlos en la camiona. Delitos de odio y común.
El gobierno dominicano aduce que, la particularidad, inseguridad, deterioro y peligrosidad de la situación que vive Haití determina que nuestro problema migratorio algo único en el mundo y de ahí la excepcionalidad de algunas medidas que toma. Se entiende. También alega que el país es y ha sido solidario con Haití. Es innegable. Pero la camiona, que parecería ser una de esas medidas, es inaceptable; como también la lentitud y trabas para llevar el proceso de regularización para paliar los efectos perversos de la resolución 168-13 y las febriles campañas ultranacionalistas de contenidos xenofóbicos. Esos lastres debilitan los alegatos del gobierno y hacen más difícil encontrar la racionalidad necesaria para enfrentar el tema migratorio y las relaciones con Haití.
Es notorio que muchas escenas represivas de los agentes de Migración son grabadas y difundidas por dominicanos que enfrentan con firmeza a los agentes, manifestando así modo su solidaridad con las víctimas. Lo hacen durante las redadas en autobuses, carreteras, calles o vecindarios, porque son conscientes de que esas personas se dirigen pacíficamente a sus trabajos. Esa condena al abuso constituye nuestra superior expresión de solidaridad. Los trabajadores haitianos y de origen envían a sus familiares en Haití cuatro mil millones de dólares al año, que palian sus condiciones de vida y contribuyen a fijar allí a eventuales migrantes. Ese dinero da una idea del valor de la riqueza que producen para nuestro país, y lo testimonian grandes empresarios y productores dominicanos.
En el periódico Hoy del pasado 2 de julio, cientos de productores de banano se quejaron “porque los guardias no están solo recogiendo a los haitianos, sino que les toman los chelitos que tienen en la casa. Van a las tres de la mañana y le llevan hasta el cilindro de gas”. Los “recogen” básicamente en camiona. Por consiguiente, el mal manejo de la imprescindible mano de obra de origen migrante afecta nuestra economía, crea diversas formas tensiones sociales, empañan nuestra imagen a nivel internacional y dificultan nuestras relaciones con organismos internacionales. La excepcionalidad de nuestro tema migratorio exige medidas necesarias difícilmente digeribles, pero en eso se ha llegado lejos en extremo por impericia y por una insania indigerible …y eso debe detenerse.
Finalmente, este gobierno se propone hacer cambios trascendentes en el país y diversos gestos evidencian la sinceridad del propósito. Una de las transformaciones que este tiene como tarea, en primer lugar el presidente, es dejar como legado unas relaciones armoniosas con Haití basado en un estricto control migratorio irrestrictamente apegado al respeto de los derechos del migrante. Es la única forma de que tengamos una solución sostenible del tema migratorio. La nueva ministra de Interior y Policía, conocida por trayectoria de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de la mujer y del país todo, tiene ante sí una buena oportunidad para contribuir a que su gobierno y su presidente logren ese objetivo.
En ese sentido, si ella para en seco las violaciones que se cometen en la camiona daría un buen paso.