La perspectiva antropológica aporta datos, descripciones, explicaciones y causalidades construidas desde categorías que responden a las lógicas sociales de los sujetos. Se trata de escuchar, comprender e interpretar la manera en que los distintos grupos sociales, según su edad, género, identidad de género (LGTBIQ), condiciones socioeconómicas, origen étnico-racial y territorial organizan su vida cotidiana, sus estrategias de sobrevivencia, liderazgos y capacidad de resiliencia.
Los estudios de los problemas sociales y las realidades de los distintos grupos y territorios son insumos fundamentales para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas e intervención social. Los grupos destinatarios de políticas públicas y sociales son su sujeto-objeto, sus respuestas y condiciones influyen en su éxito o fracaso.
El engavetamiento y rechazo de estudios que “sorprenden” con datos que resultan “muy críticos” es otra expresión de negación, sordera y ceguera ante el conocimiento abierto y transparente de la realidad.
Se requiere una revisión de las políticas públicas que se están desarrollando sobre todo aquellas que afectan la vida y la trama social de las comunidades, debilitando su cohesión interna.
Muchas de las políticas públicas que se desarrollan actualmente desde el ámbito gubernamental no toman en cuenta estos aspectos. Hoy muchas comunidades están protestando porque los procesos de construcción de obras de infraestructura, explotaciones mineras, depredación de árboles y montañas, no han partido de un proceso de consulta, diálogo y conocimiento previo de la realidad que están afectando con su intervención. Las obras de infraestructura se han convertido en una prioridad en sí misma, se ha perdido su sentido social y su objetivo, aporte al bienestar de la población. Por el contrario, se expulsa a la población que le ha dado valor a la tierra, los recursos, ha forjado una historia, una vida y un tejido social en estos territorios.
La negación de la mirada al conocimiento sociocultural genera afectaciones sociales, incrementa la pobreza y las vulnerabilidades en grupos que ya de por si lo eran como personas con condiciones de discapacidad, adultos mayores, niñez, mujeres y madres adolescentes.
Estamos viviendo en una sociedad totalmente dividida con una agudización de la estratificación social desde donde se amplían las brechas y se levantan muros para esconder y negar la realidad.
Esta situación deteriora la gobernabilidad y la cohesión social generando más violencia y desigualdad social.
Se requiere una revisión de las políticas públicas que se están desarrollando sobre todo aquellas que afectan la vida y la trama social de las comunidades, debilitando su cohesión interna. Junto a ello revisar el deterioro progresivo de los recursos naturales con corte indiscriminado de árboles y destrucción de montañas que incrementan el proceso de calentamiento y desaparición de ríos. El reclamo del derecho al agua es uno de las demandas más importantes de las comunidades que debe ser escuchado y actuar en consecuencia.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY
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