El robar una tapa o rejilla de acero de un imbornal de alcantarillado tiene que ser penado como un crimen que atenta contra la vida de las personas, en especial de la niñez y envejecientes. Los casos de las niñas de 13 años del sector de Lavapiés, San Cristóbal, y la niña de 5 años en la comunidad de Los Solares de Villa Mella, Santo Domingo Norte, son dos hechos que nos alertan sobre ese mal en aumento.
No podemos vivir en una sociedad donde elementos antisociales se roben tapas y rejillas de acero de los registros de infraestructuras de alcantarillas y no pase nada. Tenemos que resolver ese problema social que pone en riesgo a la población y urge resolverlo aplicando un régimen de consecuencias ejemplar.
Reflexionar y actuar sobre lo fatal que pueden ser esas acciones vandálicas, así como el descuido de algunos familiares y autoridades locales ante esa situación en crecimiento.
Los inescrupulosos que se lo roban todo, las cañadas a cielo abierto sin rejillas ni registros, la irresponsabilidad de algunos padres y la falta de mantenimiento a las infraestructuras pluviales es un problema multicausal que debemos confrontar a tiempo.
El papel que juegan los padres y adultos que cuidan a niños tienen que concentrarse en velar por la protección de estos. Los derechos de la niñez, adolescentes y jóvenes establecen que esa población debe ser atendida y ayudada en situaciones normales y de peligros.
No se justifica que los padres o tutores de menores se descuiden de estos en momentos de condiciones atmosféricas extremas. Ningún niño debe ir o venir de sus centros de estudios sin la debida compañía de un adulto de confianza. El padre, la madre o tutor deben custodiar cada momento.
Las lluvias acrecientan los niveles de riesgos de la población infantil. Es una inseguridad que se amplifica dentro y fuera del hogar. Un peligro multicausal y hay que detenerlo, caiga quien caiga. Castigar con todo el rigor de la ley a los desalmados que sustraen las tapas de las alcantarillas.
Advertir a las familias también que no deben descuidar la seguridad de sus hijos, especialmente en momentos normales y de emergencias. Orientar a las familias sobre las implicaciones legales que acarrean este tipo de casos acorde al marco de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes.
Reclamar a las autoridades locales la limpieza de los sistemas pluviales locales y no descuidar la vigilancia de las infraestructuras hidráulicas, así como también estar pendientes de las familias para que garanticen el resguardo de los menores.
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