Las palabras sensatas y de sentido común de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fueron muy claras sobre la intentona de reforma de la normativa 09-15 que regula el programa de docentes de excelencia, lo que sin dudas trajo tranquilidad. No es la primera vez que se ha intentado la reforma de la normativa 09-15 y en las ocasiones en que se ha anunciado el pretexto ha sido contextualizar y facilitar el acceso a las carreras pedagógicas de los estudiantes interesados en cursarlas. Cuando se abordan cuestiones de políticas públicas tan serias como la calidad de la educación, hay que preguntarse de forma obligada ¿quiénes se benefician o afectan con la medida propuesta, en este caso con una reforma para aplatanar los requisitos de ingreso a las carreras universitarias pedagógicas? ¿Cuáles pueden ser los impactos de mediano y largo plazo en materia de calidad y su grado de reversibilidad? ¿Qué tipo de reforma se propone (regresiva o de avance del sistema)? ¿Se basa la propuesta de reforma en una evaluación de impacto? Claramente toda normativa y política pública es mejorable y los procesos de evaluación y revisión son más que necesarios, pero siempre como parte de un proceso informado basado en evidencias en el que se respondan estas y otras preguntas.
Más allá de las reformas, la cuestión de fondo es que debemos movernos a la comparabilidad en la educación pre-universitaria y universitaria y para ello al menos en el ámbito universitario, se debe avanzar y profundizar en los procesos de acreditación internacional para que nuestro sistema de educación superior se torne cada vez más competitivos y pueda formar profesionales, ciudadanos y en particular docentes que impacten positivamente en los distintos ámbitos de la vida nacional. En lugar de disminuir el requisito de doctorado para la docencia universitaria, debemos incrementarlo sin pausa, movernos a un sistema de carrera académica universitaria público e interuniversitario homologable y comparable a nivel internacional para que en unos años podamos tener un mayor número de doctores en el sistema. En un sistema universitario competitivo es inconcebible que un rector, vicerrector, decano o director de departamento académico carezca del nivel de doctorado con los méritos básicos para ello. De hecho, a partir de cierto nivel de desarrollo, el requerimiento del doctorado es un requisito básico de acceso al mundo universitario y en particular a la carrera académica universitaria. Aquí no vale la expresión su “equivalencia en experiencia” ya que los sistemas universitarios son por definición de naturaleza deontológica y meritocrática. Aún estamos lejos de eso y reconozco que todo modelo tiene sus problemas y que posiblemente hasta ahora estas cuestiones no eran relevantes en dominicana, pero esto ha cambiado. No estoy hablando de Europa o los Estados Unidos, baste con ver los avances en países hermanos como Costa Rica, Colombia, Perú o Ecuador, para no mencionar Argentina, Brasil, Chile o México, en los que el requerimiento del nivel de doctorado para la vida académica universitaria pesa de forma progresiva y constante.
República Dominicana ya alcanzó el umbral de una economía de renta media y alto de desarrollo humano, esto significa que es el momento de movernos hacia una reforma del sistema educativo, tanto pre-universitario como universitario, que consolide los avances que hemos experimentado en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza a lo largo de las dos últimas décadas. Hasta este punto las condiciones macroeconómicas que han facilitado el crecimiento económico del país pueden definirse como condiciones de primer orden, es decir, se trata de condiciones en materia de estabilidad, inversión extranjera y política fiscal que han facilitado el crecimiento pero que no podrán dar mucho más de sí. En la situación en las que nos encontramos en el contexto regional, un sistema educativo de alta calidad tanto en el nivel pre-universitario como universitario constituye un instrumento de políticas de desarrollo económico e inclusión social necesario para consolidar y profundizar los niveles de desarrollo. Del mismo modo es una de la vía más eficiente para evitar la trampa de la renta media (haber cruzado el umbral de un ingreso per cápita medido por el poder de paridad de compra o PPP sobre los US$10,000 y mantenerse por muchos años en ese nivel sin avanzar a un nivel de renta o desarrollo más alto). A partir de cierto nivel de crecimiento económico es relativamente fácil caer en la trampa de la renta media y puede resultar muy difícil salir de ella, con los riesgos que esto supone en estancamiento y retroceso económico. En el caso del sistema universitario no podemos continuar con unos parámetros de calidad que se corresponde con una economía de baja renta y una sociedad de bajo desarrollo humano, cuando el país ya ha dado un primer salto importante en convergencia en renta per cápita a nivel regional. Por tanto, el sistema dominicano de educación superior requiere de una serie de reformas que lo pongan a punto, una cuestión a la que me he referido en otro artículo. Salir de la trampa de la renta media, es posiblemente y una vez superada la coyuntura postpandemia, el mayor desafío que en materia de crecimiento y desarrollo enfrentemos como sociedad y para ello, la educación de calidad con un enfoque de inclusión será una pieza fundamental en el conjunto de las políticas públicas de desarrollo.
Un informe de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o el club de los países ricos), revisó la importancia de la regulación y la atención que debe ponerse a los aspirantes a las carreras de educación, particularmente a la población joven con educación postsecundaria que aspira a las mismas. Es simple con esto no se puede jugar. En caso de existir dudas sobre la importancia, relevancia y necesidad de mantener requisitos elevados de acceso, control y acompañamiento a los futuros docentes de los niveles primarios y secundarios, recomiendo el artículo científico de Ingvarson y Rowley (2017), aquí referido. En este trabajo los autores evaluaron las prácticas de 17 países con un resultado más que claro: se encontró una relación positiva y estadísticamente significativa entre la solidez de las medidas que forman parte del sistema de calidad (entre ello requisitos de acceso) y los resultados de los países en las pruebas estandarizadas de matemáticas a nivel internacional. Es simple: los países con políticas sólidas para garantizar la calidad de los nuevos docentes se encuentran entre los que obtienen las mejores puntaciones en las pruebas internacionales.
Particularmente le tengo terror a la versión criolla del término contextualizar, es decir, aplatanar las cosas, ya que suele ser una excusa para hacernos menos rigurosos y permisivos y en el ámbito universitario y en los sistemas educativos en general esto no cabe, ya que lo único que se logra es la persistencia de la baja calidad (un impreciso eufemismo) y con ella profundizar la inequidad social. Esta aseveración me lleva a las dos primeras preguntas de inicio que me permito reformular de la siguiente manera: ¿quiénes pueden verse afectados con una reforma de tipo regresivo de la normativa 09-15? En sentido general ¿cuál sería el impacto social y económico de una reforma regresiva?
Las respuestas a estas preguntas son similares y están relacionadas y para ello pensemos en escenario hipotético de una sociedad con dos clases de ciudadanos. Por un lado, tenemos un relativamente reducido grupo de dominicanos y dominicanas que ya en la adolescencia han alcanzado las competencias que les permitirán el acceso a todas a las oportunidades de desarrollo humano. Al menos ya son bilingües, con competencias de nivel internacional en matemáticas y ciencias, en lecto escritura y comunicación mientras que, por otro lado, tendríamos un grupo amplio y mayoritario de dominicanos con una educación altamente deficitaria, que inclusive con los estudios secundarios y universitarios concluidos, apenas pueden expresarse de forma inteligible en su lengua materna con serias dificultades de comunicación oral y escrita. El primer grupo asistió a escuelas privadas de calidad y el segundo grupo a un sistema público de cuestionable compromiso con la calidad. Mientras el primer grupo hipotético ya es bilingüe en la adolescencia en el segundo grupo encontraríamos una proporción importante de madres adolescentes que, como única oportunidad futura, en el caso de que logren culminar sus estudios secundarios, cursarían una carrera de educación con menos requisitos de acceso y posiblemente para terminar como profesores en el sistema público. Los jóvenes que no tengan aspiraciones artísticas cursarán carreras masificadas y los que estudien educación lo harán porque es más fácil hacerlo dado que al final los retornos mincerianos de un título universitario son más altos en la República Dominicana (el cambio en la renta por cada año o ciclo adicional de educación), con lo cual existe un claro incentivo para cursar carreras universitarias de fácil acceso y poca regulación. El escenario descrito se puede definir como una especie de apartheid social y educativo. Me parece incensario conducir un experimento social real para constatar la veracidad del escenario hipotético descrito, ya que sabemos y experimentamos diariamente los resultados de la inequidad social desde el punto de vista educativo. Por tanto, es fácil saber quiénes se verían afectados con una reforma regresiva de la normativa 09-15 y podemos imaginar con claridad el impacto de largo plazo en desarrollo e inclusión social para un segmento mayoritario de la población dominicana. La mayor inequidad social es la que se genera de una educación deficitaria ya que niega oportunidades y limita la movilidad social y para ello el Estado tiene el compromiso irrenunciable de conjurar sus efectos.
¿Significa esto la inamovilidad de la normativa 09-15? Para nada, pero me pregunto, ¿se han evaluado los logros del programa de excelencia docente al amparo de los objetivos de la normativa 09-15? ¿Cuál ha sido el impacto del programa? ¿Cómo se ha avanzado en sus objetivos? Es posible que se cuente con evaluaciones de impacto muy bien realizadas y que justifiquen un proceso de reforma que profundice la calidad y fortalezca el marco de implementación de la normativa, pero esto debe comunicarse de forma transparente ya que “la fiebre no está en la sabana”. Es posible que la reforma o sus aprestos, estén motivados por una evaluación integral del impacto que en materia de calidad educativa ha tenido la normativa, en un país que lleva una década invirtiendo el 4% de su PIB en educación, pero al menos al momento de escribir esta nota carezco de la información. Sería interesante conocer los resultados de los concursos docentes tomando en cuenta las universidades en las que se forman los candidatos, ya que esto se puede incorporar como parte de las herramientas de evaluación de la normativa para mejorar la oferta de las carreras que se imparten en las distintas universidades que participan del programa de excelencia.
La fuerza niveladora y la potencia creadora de inclusión social de la educación pública de alta calidad es el motor más potente del progreso y del desarrollo económico. La agenda social y de desarrollo económico de un país la determina su agenda educativa y la República Dominicana se encuentra ya en la coyuntura económica y social en la que estas palabras tienen más sentido que nunca. Estudiar una carrera de educación primaria o secundaria no va solo de adquirir determinadas competencias pedagógicas, va también de formar un docente y un ciudadano con valores, que con su ejemplo dentro y fuera del aula inspire a los estudiantes y construya ciudadanía. El futuro profesor de primaria y secundaria debe ser lo mejor y los requisitos de ingreso deben disuadir aquellos aspirantes sin las condiciones para ello. Los requisitos deben ser iguales o más más altos que para un médico o un ingeniero, ya que será ese profesor quien formará las bases cognitivas de los futuros profesionales de la medicina o de la ingeniería. Debe estar bien remunerado y considerado con respeto por la sociedad y su comunidad, para que con ello la carrera docente en el sector público se haga atractiva para la clase media.
Confío en la sana intención de las autoridades de los dos ministerios de educación (el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología) y el MINERD (el Ministerio de Educación) que sienten la presión de ofrecer resultados centrados en la calidad educativa y para lo cual tienen que manejar presiones de todo tipo y de diversos sectores. No obstante, si bien se requieren reformas que mejoren y profundicen la calidad educativa, es importante que se hagan las preguntas pertinentes sobre objetivos y medios, beneficiarios y afectados, así como sobre la naturaleza de los impactos sociales y económicos que pueden causar tales políticas o sus reformas y sobre todo si cuentan con la evidencia para promover un proceso informado de toma de decisiones.
Finalmente, celebro la intención de las autoridades de abordar la cuestión de la calidad en la educación dominicana, pero dejemos de buscarle la vuelta y un bajadero a un problema cuya solución será de mediano y largo plazo y con base en esfuerzos sostenibles y consistentes a lo largo del tiempo. La educación es una cuestión de desarrollo y esto debe entenderse más allá del ámbito pedagógico en el que habitualmente se han movido y abordado las políticas educativas dominicanas. Por consiguiente, avancemos en reformas basadas en evidencia que profundicen la calidad del sistema educativo y que promuevan un enfoque de inclusión generacional asentado en la premisa del derecho ciudadano a una educación pública pre-universitaria y universitaria de alta calidad para niños, adolescentes y jóvenes de todo el territorio y para lo cual un docente de excelencia y de valores en los niveles primarios y secundarios constituye la piedra angular en la que descansará el edificio del progreso y la prosperidad.