La reforma de la educación superior que está por venir

Hace ya más de dos décadas cuando inicié mi carrera como profesor universitario, me tocaba viajar al Centro Universitario Regional del Este (CURE), extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio de Higüey. En ese entonces, el recinto no se encontraba en su moderna ubicación y era frecuente impartir clases en los salones disponibles de escuelas públicas y liceos. Desde ese entonces me percaté que nuestro trabajo como docentes universitarios era estrictamente eso: impartir clases, acumular secciones de cursos y llevar a cabo una vida docente que complementara los ingresos que ya se generaban como parte de otras actividades profesionales. Era como si en ese entonces existiéramos dos tipos de profesores universitarios: aquellos que ya teníamos una labor profesional y que veíamos la docencia como espacio de articulación y prestigio social que complementaba nuestro quehacer profesional y otros, que veían en la docencia una actividad productiva a la cual vincularse de forma inmediata, no tanto como una salida profesional, sino porque en muchos casos, como por ejemplo, para un graduado de física, química o matemáticas, no quedaba una mejor alternativa.

Más de 20 años después y concretamente a partir de instrumentos como el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT), creado en virtud de la Ley 139-01 de educación superior, ciencia y tecnología y del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2008-2018, el país ha dado pasos importantes para incorporar las otras dimensiones de la vida universitaria al quehacer académico: la investigación profesional y la vinculación con los sectores productivos. Aquí me refiero a la investigación (fundamental o aplicada) que produce conocimiento codificado en la forma de artículos técnicos y académicos para revistas arbitradas e indexadas a nivel internacional y propiedad intelectual, que contribuye con la formación de talento avanzado y con las dinámicas de desarrollo económico local y regional.¹   Esto no quiere decir que con anterioridad no se llevara a cabo investigación de carácter técnico y científico  en las universidades dominicanas, pero fue siempre una actividad marginal, un tanto anecdótica y ocasional y más de carácter formativo, hasta el punto que en el período 1960-1999 el sistema universitario dominicano (el conjunto de universidades) produjo en promedio 12 artículos por año con altos picos y fluctuaciones.² Por tanto, la actividad profesional en las universidades, con ciertos niveles de organización y consistencia a la largo del tiempo en cuanto a la producción científica, es un fenómeno relativamente reciente que se establece a mediados de la primera década del presente siglo gracias al impulso sustancial del FONDOCYT.³

A pesar de los avances en investigación de la última década y media⁴, como sistema la universidad dominicana sigue siendo predominantemente docente. Esto no es novedad, pero tampoco es negativo ya que no todas las instituciones de educación superior están llamadas a desarrollar una actividad investigadora de mediana o alta densidad. En el complejo y variopinto sistema norteamericano de educación superior, esa es precisamente una de las diferencias entre una universidad propiamente dicha y un college que ofrece titulación de educación superior (entre tres y cuatro años), o un community college que ofrece únicamente el grado asociado que consiste en dos años de educación superior postsecundaria (equivalente al técnico superior). Por supuesto en los Estados Unidos un college también equivale a una escuela o facultad dentro de una universidad, pero en sentido general las universidades, integradas de manera más orgánica con la investigación, ofrecen el nivel de doctorado (Doctor of philosophy abreviado como PhD). De hecho, en los Estados Unidos las universidades de investigación se clasifican en R1, R2 y R3 (research 1, 2, 3) para especificar el grado de intensidad de la investigación y su articulación con el nivel doctoral. La universidad norteamericana de investigación es el alma del sistema de ciencia y tecnología de los Estados Unidos.⁵ Insisto no todas las universidades están llamadas a ser universidades de investigación, pero un sistema nacional de educación superior debe contar con un número importante de universidades que trasciendan el mero quehacer docente, sean estas públicas o privadas.

Tanto en los sistemas europeos (actualmente normalizados en la era posterior a los Acuerdos de  Bolonia), el grado académico más elevado que se otorga es el doctorado, como expresión precisamente de la conjugación de las capacidades universitarias para llevar a acabo investigación profesional con base en unos programas, líneas y grupos de investigación que aglutinan la infraestructura de investigación existente, con los intereses  en materia de producción de conocimiento del personal académico y su quehacer científico, usualmente atados a una plataforma programática (políticas o reglamentos) que articula la investigación con el postgrado (particularmente con el nivel doctoral).  Es en el doctor en quien descansa en términos prácticos la tarea de realizar la investigación como proceso de producción de conocimiento y como acción formativa de calidad, de ahí su importancia en la vida universitaria. En el caso dominicano alcanzar el nivel doctoral suele ser la culminación de la vida universitaria, una aspiración de docentes veteranos que quieren alcanzar un legítimo sueño, con lo que el doctorado se convierte un punto de llegada de la vida universitaria cuando debería ser un punto de partida.  En algún punto esto debe cambiar.

¿Por qué es importante la articulación de la investigación con el nivel de postgrado y en particular con el doctorado y que impacto tiene en la vida económica de los países?  En primer lugar, la investigación técnico- científica, la investigación en las ciencias sociales y en las humanidades junto con la formación avanzada a nivel doctoral y el quehacer investigativo universitario en sentido general, tienen el efecto de mejorar sustancialmente la capacidad de absorción de la sociedad, de la economía y de las empresas, lo que incluye la capacidad de incorporar de nuevos conocimientos y tecnologías para la creación de valor y por vía de consecuencia potenciado el  perfil innovador y competitivo de los sectores productivos.⁶  Esto no quiere decir que la investigación científica (básica o aplicada) conduce de forma directa a la innovación entendida como la corriente de nuevos productos y procesos o de bienes y servicios mejorados que llegan al mercado, sino que es una condición necesaria para ello o  lo que se conoce como una condición de primer orden, como se enseña en un curso de fundamentos de la economía de la producción.   En otras palabras, la investigación científica forma parte de la plataforma, de la base que sustenta el desarrollo de una economía del conocimiento y las universidades de calidad con un claro foco en materia de producción y transferencia de conocimiento, así como en innovación y vinculación, contribuyen con la creación de riqueza y bienestar en los territorios en los que existen y en la medida en que se articulan con los sectores productivos.⁷

En segundo lugar, una buena base científico-tecnológica con doctores en activo, mejora sustancialmente la calidad del capital humano que se forma en los centros universitarios, lo que es particularmente relevante para las ciencias aplicadas y las ingenierías en sentido general.  Pero además permite mantener un flujo de conocimiento que a través del ejercicio profesional de la investigación, mejora el posicionamiento general de la economía y la hace un destino más atractivo para inversión extranjera de alto valor.⁷  Por el lado del capital humano basta con revisar por simple inspección el impacto que tienen las capacidades instaladas (infraestructuras, personal avanzado, bibliotecas, etc.) en los procesos de acreditación internacional de las ofertas de técnico superior, grado y postgrado de las universidades y por el lado de las políticas de innovación y desarrollo productivo, basta con una simple mirada a indicadores como el Índice Global de la Competitividad o GCI (Global Competitiveness Index), elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF).⁸   Una mirada al pilar de innovación del GCI nos permite darnos cuenta en dónde están las brechas que separan las economías de alto desarrollo, de las de mediano desarrollo y de estas con las de bajo desarrollo: producción científica, generación de propiedad intelectual, calidad de su infraestructura científica y tecnológica, formación y retención de talentos, formación de científicos y tecnólogos, articulación de los centros de investigación con las empresas,  entre otros.⁸

En el caso dominicano del universo de alrededor de 48 Instituciones de Educación Superior (IES), tan sólo diez de tienen una producción de conocimiento que se puede calificar como regular con sus fluctuaciones y alrededor del 50% o más a la fecha, simplemente no tienen producción de ningún tipo y el sistema como tal aporta alrededor del 38% del total de la producción científica dominicana con base en datos del año 2017.²  En todo caso se trata de un nivel de producción subóptima y de muy bajo nivel con base en cualquier parámetro comparativo para una economía de renta media como la dominicana con sus niveles de dinamismo y apertura comercial.  ¿Será este uno de los factores que explican la trampa de la renta media en la que se encuentra la economía dominicana?⁹

¿Hasta dónde puede la universidad dominicana docentista seguir contribuyendo con la formación del talento sofisticado y con la producción del flujo de conocimiento necesario para promover un proceso de transformación productiva que nos permita transitar hacia una economía intensiva en conocimiento y en la creación de alto valor agregado? La respuesta a esta pregunta es casi tautológica, ya que el potencial de la universidad docente es altamente limitado, al menos en lo que respecta a la contribución del flujo de conocimiento para los procesos de innovación y transformación productiva. Esto no quiere decir que este tipo de universidad no pueda articularse con la formación de calidad, pero no sustituye el papel creativo de la universidad orientada a la producción, transferencia de conocimiento a la innovación⁷, lo que es particularmente relevante cuando se pretende incurrir en el desarrollo del nivel de doctorado.  En esto quiero ser claro: una universidad sin actividad investigadora organizada y consistente no puede ni debe ni siquiera pretender incurrir en el nivel doctoral.

Para poder acometer los retos que, en materia de desarrollo productivo e inclusión, confrontará la economía dominicana para la próxima década y más como fruto de la recomposición del comercio internacional y las cadenas globales de valor por efecto de la pandemia de la COVID-19, se requiere de una reforma de la educación superior dominicana que efectivamente reconozca la importancia de un insumo relevante: el talento de sus profesores e investigadores.  Ser profesor universitario dominicano es ser un docente de muchas horas a la semana para poder llegar a fin de mes, con poco o nula cobertura de servicios y de la seguridad social en el caso de los profesores por asignaturas no contratados. Ese modelo de bajo costo y de corte taylorista, va en claro detrimento de la calidad fomentando la figura mal pagada e incomprendida en nuestro medio del instructor universitario, permitiendo además el florecimiento de universidades corporativistas alejadas de la divisa de creación de bienes públicos de conocimiento, en algunos casos de dudosa calidad, pero altamente rentables surgidas aquí y allá.  No tengo nada en contra de la educación superior privada, muy por el contrario, creo firmemente en ella, pero debe distinguirse entre una universidad privada sin fines de lucro orientada a la creación de bienes públicos de una universidad corporativista animada de facto por el fin comercial, una cuestión difícil de dilucidar dado que depende del marco jurídico de cada país, dándose situaciones en las que a pesar de que en algunos países está prohibida la educación superior con fines de lucro no cabe dudas de que algunas organizaciones de facto operan como tales, planteando retos regulatorios importantes.¹⁰

¿Qué tiempo de formación de calidad tiene un profesor universitario que dedica más de 10 horas a la semana a la docencia? Trasladando esta cuestión a un nivel institucional ¿Qué puede enseñar una universidad que no investiga? ¿Cómo pueden articularse con los sectores productivos universidades con un bajo perfil en materia de talento y con infraestructuras y plataformas tecnológicas limitadas?  La reforma universitaria que está por venir es aquella en dónde finalmente se le de espacio y cabida al investigador universitario como una figura de pleno derecho y creadora de valor a través de su quehacer científico.  Un paso de avance en el país ha sido la creación de la Carrera Nacional de Investigadores, prevista en el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2008-2018, pero tal como ha sido implementada es un avance tímido, puesto que no constituye una carrera de Estado con todos los deberes y derechos debido a sur carácter honorífico. En países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y particularmente en México, para no hablar de los sistemas europeos y norteamericanos, los sistemas nacionales de investigadores están bien establecidos, altamente regulados y rigurosamente definidos en cuanto a la acumulación de los méritos académicos que permite el avance en la carrera de investigador y la definición de las compensaciones correspondientes.

En el caso dominicano se cuentan con los dedos de las manos las universidades que cuentan con sistemas de carrera académica efectivos, esto es que tomen en cuenta la producción y el quehacer científico además de la tradicional y limitada métrica docente.  Ergo un sistema profesional de carrera académica de Estado vinculante y efectivo se constituye en un bien público de alto valor que contribuye a la calidad de sistema de educación superior al darle acceso a las universidades a personal académico que de otra manera no pueden pagar o que en la mayoría de los casos compensan de manera subóptima y con pocos incentivos para la producción científica.  Los modelos están a la mano, los recursos también. ¿Por qué no transformar el Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (FONPER) en un instrumento financiero para la educación superior, la ciencia y la tecnología que contribuya con el surgimiento de una economía intensiva en conocimiento e innovación?

Es tiempo de generar una gran alianza público-privado a favor de la educación superior de calidad, que siente las bases para que el mediano plazo la economía dominicana se torne más competitiva fortaleciendo la calidad de su talento y sus capacidades científico-tecnológicas.  Alguien puede argumentar que la economía dominicana no puede o que aún no está preparada para absorber doctores, lo cual es una mirada limitada dado que sin doctores que produzcan conocimiento con los incentivos y la compensación adecuada para ello, el sistema tiene pocas posibilidades de desarrollar capacidades de absorción científico-tecnológicas que sirvan de base a una economía más intensiva en innovación, conocimiento y de alto valor agregado.  Pero igual se trata de romper un ciclo vicioso de baja calidad que llega hasta la educación primaria y secundaria en cuestiones claves como la formación rudimentaria en arte, matemáticas y ciencias y en este punto todos conocemos los retos sistémicos del sistema dominicano de educación.  La agenda de desarrollo e innovación de un país la determina su agenda y políticas en materia de educación, ciencia y tecnología.  ¿Qué calidad tienen los profesores universitarios que forman a los futuros docentes de los niveles primarios y secundarios? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la educación básica sin promover cambios sustanciales en el sistema de educación superior?

Concluyo de vuelta al autobús que nos traía desde Higüey a la ciudad de Santo Domingo. Recuerdo que era frecuente y aún lo es que un profesor universitario dominicano se dirija a otro llamándolo catedrático o académico. Años después, con la experiencia acumulada en varios países, me percaté que en ese entonces no era un académico y mucho menos un catedrático, a pesar de mi experiencia docente.  Ser catedrático en términos formales y no coloquiales, es tener un asiento en la cátedra (terminología heredada de la tradición clerical de la universidad europea), que se obtiene luego de haber ganado un numero determinado de trienios, cuatrienios, quinquenios o sexenios de investigación (dependiendo del modelo imperante), basados en la revisión de evidencia tangible y uno de cuyos pilares fundamentales es la producción científica.  La reforma que viene en la educación superior dominicana para que no sea cosmética deberá tomar muy en serio la carrera académica con carácter vinculante y la articulación profesional del sistema nacional de investigadores, entre otros factores.

Este es un desafío que tiene que ver con la creación de bienes públicos y con la adopción de una visión más integral y orgánica por parte de la sociedad, pero sobre todo del Estado dominicano, del papel del sistema dominicano de educación superior en las dinámicas de desarrollo y transformación productiva. Quizá ha llegado el momento de un pacto por la calidad de la educación superior en el que participen los principales actores económicos y sociales del país, uno de cuyos componentes más importantes será sin duda el profesor e investigador universitario, así como el quehacer científico innovador como ejes vertebradores de la calidad del sistema nacional de educación superior, ciencia y tecnología. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?

Referencias

1. Valero A, Van Reenen J. The economic impact of universities: Evidence from across the globe. Economics of Education Review 68, 53-67 (2019).

2. Riggio-Olivares G. Indicadores bibliométricos de la actividad científica de la República Dominicana.). Tesis doctoral). Universidad Carlos III de Madrid (2017).

3. Gómez-Valenzuela V. STI policies in the Dominican Republic: the influence of economic rationales from a context-development perspective. Science and Public Policy 47, 371-383 (2020).

4. Riggio-Olivares G. Evolución y estado actual de la ciencia y la tecnología en República Dominicana. Ciencia y Sociedad 45, 7-32 (2020).

5. Atkinson RC, Blanpied WA. Research Universities: Core of the US science and technology system. Technology in Society 30, 30-48 (2008).

6. Mascarenhas C, Ferreira JJ, Marques C. University–industry cooperation: A systematic literature review and research agenda. Science and Public Policy 45, 708-718 (2018).

7. Audretsch DB. From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. The Journal of Technology Transfer 39, 313-321 (2014).

8. WEF. The Global Competitiveness Report 2019.). The World Economic Forum (2019).

9. Gómez-Valenzuela V. Relación entre propiedad intelectual, innovación y desarrollo: evidencias de datos de panel. Ciencia y Sociedad 43, 11-29 (2018).

10. de Garay A. La glocalización del corporativo Laureate. Distintos mercados, diferentes estrategias. El Cotidiano, 65-76 (2017).