“Una nación debería juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables”— Nelson Mandela.
Siguiendo el hilo del artículo anterior, uno de los reclamos más reiterados de los distintos grupos de suplidores es la creación de un canal formal que permita un diálogo directo y productivo con la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). Dentro del instituto prevalece la convicción de que esta interacción no solo responde a la demanda de transparencia; también descansa sobre pilares que potencian la eficiencia y la calidad de los programas públicos.
En primer lugar, pocas voces enriquecen tanto la toma de decisiones como las de quienes, contractual y operativamente, garantizan a diario el suministro de bienes y servicios esenciales para cumplir la misión social del INABIE —quizá la iniciativa estatal de mayor impacto en términos de educación y desarrollo humano en República Dominicana—. Ampliar ese caudal de conocimiento permite afinar estrategias, ajustar modelos de intervención, perfeccionar los pliegos de condiciones y corregir con oportunidad cualquier disfunción que emerja en el camino.
En segundo término, involucrar a las partes interesadas fortalece la rendición de cuentas y consolida la estricta observancia de la normativa de contrataciones. Cuando los suplidores participan de forma activa en la identificación de obstáculos y en la generación de soluciones, dejan de ser simples oferentes para convertirse en socios estratégicos de la modernización institucional. Así, el acercamiento exigido deja de ser una petición retórica para erigirse en componente indispensable de un círculo virtuoso de mejora continua.
La propuesta delineada refleja fielmente la visión estratégica del director Víctor Castro; con todo, resulta criticable que esa visión aún no se haya traducido en un mecanismo de interlocución legítimo, permanente y reglamentado con los actores del sector. La heterogeneidad que define al universo de las Mipymes quizá explique la demora: conviven allí iniciativas genuinamente constructivas con otras motivadas, cuando menos, por intereses cuestionables. Más grave todavía, ciertos grupos apuestan sin ambages al fracaso —o incluso al colapso— de los programas, movidos por ambiciones políticas de corto alcance o por la convicción, fundada o no, de que el ecosistema de licitaciones previo a 2021 fue desmontado para perjudicar al sector. En realidad, el propósito es redirigir, con eficacia y transparencia, el esfuerzo institucional hacia la trascendental misión legal del Instituto.
Pese a la ausencia de un cauce formal, la Dirección Ejecutiva ha mantenido las puertas abiertas a todas las asociaciones dispuestas a aportar al fortalecimiento competitivo y legal de los procesos, incluso en escenarios de malentendidos, inconformidades y reproches. Sus directivos reconocen que, gracias a los planteamientos de dichas agrupaciones, la institución ha promovido la democratización de los procedimientos mediante la simplificación de requisitos formales, sin sacrificar ni la calidad exigida ni el estricto cumplimiento de la ley.
Basta observar el ciclo de cada licitación. Antes de publicar la convocatoria, se elabora un borrador de pliego de condiciones que incorpora las lecciones derivadas de experiencias previas y de las observaciones con mérito formuladas por las empresas. Ese pliego es el documento básico de las reglas de juego: fija de manera detallada y vinculante el objeto, alcance y reglas del concurso; define requisitos legales, técnicos y financieros; describe especificaciones de productos o servicios; establece criterios de evaluación —precio, calidad, inclusión de Mipymes—, garantías, penalidades y cronograma, así como los formularios y otros documentos necesarios para asegurar igualdad de oportunidades y total transparencia.
Bajo la conducción de Víctor Castro, cada cronograma licitatorio incluye una etapa pública de socialización del pliego con los actores interesados. Este ejercicio de transparencia y cogestión se lleva a cabo tanto de manera individual como a través de las asociaciones sectoriales. En dichas sesiones se presentan los términos de referencia, se recogen por escrito inquietudes y observaciones, y se remiten al Comité de Compras y Contrataciones para su evaluación técnica. Tras validar las propuestas viables, se incorporan las enmiendas pertinentes y se publica la versión definitiva del pliego, asegurando que el instrumento contractual haya sido depurado con los aportes de quienes enfrentan de primera mano los desafíos operativos.
Además, la normativa vigente mantiene abierto el cauce de impugnación a través de los recursos administrativos correspondientes, de modo que cualquier objeción fundada pueda devenir en ajustes adicionales que perfeccionen el proceso. Al combinar diálogo presencial, retroalimentación documentada y revisión técnica rigurosa, este esquema asegura acceso equitativo, transparencia en la toma de decisiones y un ciclo permanente de optimización, robusteciendo la confianza de los proveedores y, sobre todo, la calidad del servicio que llega a los estudiantes dominicanos más vulnerables.
Compartir esta nota