“La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre nada sobre la mentira como el aceite sobre el agua.” — Miguel de Cervantes Saavedra.
Aunque resulte chocante —e, incluso, inadmisible— el torrente de críticas que se cierne sobre la Dirección Ejecutiva del INABIE, sostenemos que la mayoría carece de respaldo jurídico o documental verificable, aun cuando algunas inquietudes sean atendibles. A la actual gestión se le acusa, por ejemplo, de descuidar el mandato legal de favorecer a las Mipymes y, peor aún, de auspiciar la participación de presuntas “empresas fantasmas”.
Ese cuestionamiento cobra sentido al examinar con detalle los primeros meses de la administración de Víctor Castro, iniciada a finales de noviembre de 2021. En aquel período emergió un entramado de empresas vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el que los intereses privados prevalecieron sobre la transparencia institucional, eludiendo la normativa vigente, los procedimientos de licitación y los principios de buena gobernanza, en franca vulneración del derecho de los estudiantes a un servicio eficiente y responsable.
Quienes vieron desmanteladas sus lucrativas concesiones, financiadas con recursos públicos destinados a la alimentación escolar, jamás perdonaron al director su determinación de clausurar esos privilegios, en muchos casos ilegítimos, mediante los cuales se apropiaban de cientos de millones de pesos. No evocamos estas prácticas deleznables para justificar supuestos desvíos normativos actuales, sino para que el lector calibre el terreno fértil donde germinaron recelos, oposiciones y denuncias pagadas en los medios, alentadas por actores que viven de la estridencia, la calumnia y el descrédito ajeno.
Paradójicamente, aquel legado actuó como un auténtico catalizador, impulsando a la nueva dirección a fijar objetivos precisos y una estrategia bien definida. Uno de sus pilares —aunque algunos prefieran pasarlo por alto— consistió en reorientar el INABIE hacia el fortalecimiento real y sostenido de las Mipymes. El examen de la participación de estas empresas en los diversos programas del instituto demuestra que la supuesta hostilidad ejecutiva hacia su contratación carece de fundamento. Muy por el contrario, la institución ha fomentado sistemáticamente la concurrencia de las Mipymes en sus procesos de compra, registrando un crecimiento notable entre 2021 y 2024.
En la modalidad de Jornada Escolar Extendida, los suplidores adjudicados pasaron de 1, 500 en 2022 a 1, 993 en 2024, un incremento del 33 %. En Utilería Escolar, los proveedores aumentaron de 145 en 2023 a 453 en 2025, lo que supone un alza del 212.4 %. En cuanto a las Mipymes lideradas por mujeres, las adjudicaciones subieron de 57 en 2021 (25.2 % del total) a 602 en 2024 (41.4 %).
Estas tendencias confirman el estricto cumplimiento de la Ley 340-06 y su reglamento (Decreto 416-23), que fijan cuotas presupuestarias obligatorias —15 % para Mipymes y 5 % para las lideradas por mujeres—, establecen procedimientos exclusivos para bienes y servicios de origen local y determinan plazos razonables que eliminan barreras de acceso. El INABIE honra estos mandatos con rigor, lo que explica el incremento sostenido de la participación de dichas unidades productivas en sus contrataciones.
No se trata solo de apuntalar la salud financiera de estas empresas, sino de elevar la calidad de su gestión, optimizar sus procesos y fomentar una cultura corporativa alineada con una visión sistémica de excelencia.
Así, el instituto trasciende la mera asignación de recursos y se convierte, desde la esfera pública, en motor de transformación profunda del tejido productivo, incubando capacidades que perduran más allá de los estados de cuenta, influyendo positivamente en la modernización de las Mipymes y aportando sostenibilidad a largo plazo en consonancia con la misión superior del Estado de garantizar el bienestar estudiantil.
Tal como confirmó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en 2023, los programas ejecutados por el INABIE inciden de forma decisiva en la reducción de la pobreza. El Estudio de Pobreza Monetaria 2022 —que por primera vez incorporó en el ingreso per cápita familiar las transferencias monetarias del Gobierno y los beneficios del Programa de Alimentación Escolar— revela que más de 456, 000 dominicanos dejaron de vivir en condición de pobreza monetaria durante ese año. Habría que investigar qué sucedió en el período 2023-24 cuando el programa inició una expansión sostenida, incluyendo nuevos beneficiarios y modalidades.
El compromiso del INABIE, de repercusiones intra e intergeneracionales, trasciende, repetimos, la simple entrega de insumos y alimentos. Como se ha reiterado en innumerables ocasiones, aspira a cimentar un modelo de desarrollo equitativo y sostenible en el que la niñez dominicana disponga de oportunidades reales para potenciar su capacidad cognitiva, su crecimiento integral y su futuro.
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