La familia es una institución con un valor patrimonial incalculable. Pasan los años, pasan los siglos; y la familia, aunque experimenta desgastes, continúa manteniendo una importancia significativa en la sociedad y en las culturas. Esta institución, como todos los actores y sectores sociales, recibe el impacto de un mundo cambiante, de una cosmovisión cada vez más compleja y diversa. La institución familiar en los momentos actuales está marcada por nuevas concepciones que inciden en su composición, en sus funciones y en su estilo. Los cambios experimentados la encuentran sin herramientas para apropiarse de ellos y convertirlos en oportunidades para su propio desarrollo y estabilidad.

En este contexto de transformaciones vertiginosas, la institución familiar se ve impactada por fuerzas que tienen planes y proyectos que se oponen a un desarrollo humano y social integral. El narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado y la corrupción sistémica, anarquizan a la familia. Las prácticas, inicialmente, son aisladas y sencillas, hasta que se convierten en asiduas y planificadas. Es un problema que va más allá de la República Dominicana. No es una dificultad exclusiva de este país. Esta realidad se  generaliza en un mundo marcado por la apariencia y el  afán de dinero fácil. Por este interés espurio hay familias que han de rendirle cuenta a la justicia y a la sociedad.

El conflicto con la justicia no es propio de todas las familias. Todavía la sociedad dominicana cuenta con muchas que se respetan a sí mismas y responden con la altura debida a las leyes y a la normativa que rige a la sociedad. Hay familias que constituyen un orgullo nacional. Sus aportes, sus sacrificios y, sobre todo, el esfuerzo continuo para que sus descendientes sean ciudadanos respetables y comprometidos con el desarrollo del país es loable. Son familias que fortalecen la organización social y la institucionalidad. Esto no solo se observa en las que poseen mayor nivel educativo. Se constata, también, en otras muy sencillas, pero con principios y valores definidos.

De otra parte, las familias envueltas en conflictos con la justicia y con la normativa social se incrementan en la República Dominicana. Esto requiere la declaración de un estado de alerta nacional. El Estado dominicano no puede ser indiferente a esta realidad. Las cámaras legislativas, el sistema educativo dominicano, las organizaciones de la sociedad civil y todas las instancias comprometidas con el avance del país han de ponerse en acción. Cada día se observa cómo jóvenes y mayores de una misma familia cometen delitos graves. Se evidencia, también, la participación de madres, padres, hijos y parientes en hechos que transgreden las leyes, la ética y la convivencia social.

La culpabilidad de estos hechos no puede recaer solo en las familias. Hay un déficit de políticas sociales que fortalezcan la institución familiar y la preparen para afrontar con madurez las transformaciones que la impactan. La educación de la familia requiere más inversión y planificación. La seguridad social y laboral tiene que constituir una garantía, no solo para la sobrevivencia de la familia, sino para su desarrollo integral. La familia no puede sola. Necesita apoyos socioeconómicos y trabajo decente para sus miembros. Hay que parar el apoyo a los más ricos. Hay que priorizar a las familias cada vez más empobrecidas por la avaricia y el robo organizado de funcionarios, de políticos, de legisladores y de empresarios.

Se ha de pasar de la alerta en el entorno familiar a la atención sistemática a las familias. Para alejar esta institución del delito y de las muertes violentas, hay que dedicarle la atención requerida. Esta intervención del Estado no espera. Se convierte en urgencia nacional. Todavía estamos a tiempo. Dejarlo para más tarde, compromete la paz social y el desarrollo nacional. Para avanzar en esta dirección, se ha de activar la puesta en ejecución de leyes que contribuyan a la superación de la pobreza que afecta a las familias. Se ha de priorizar la educación de las familias, con una educación que restaure valores, relaciones y culturas que fortalecen la identidad y el desarrollo de las familias.

Es necesaria una educación que integre las familias a la sociedad; que les aporte mecanismos para la gestión de los cambios y de las crisis que estos generan. Ha de ser una educación pensada y que establezca ruptura con más de lo mismo. La educación que se requiere ha de impactar al sistema educativo actual, ya que ha de alejarse de la rutina y de la descontextualización. Es tiempo oportuno para escuchar el clamor de las familias. Es la hora adecuada para alejar a las familias del delito y de las infracciones a las leyes.

Es ocasión propicia para la reconstrucción del entorno familiar en la República Dominicana. Actuemos a favor de esta causa.