A pesar de que la República Dominicana ha destinado más de 48 mil millones de dólares a la educación pública administrada por el MINERD desde la implementación del 4% del PIB en 2013, los resultados de aprendizaje siguen siendo profundamente preocupantes. En efecto, solo el 17% de los niños en tercer grado comprende lo que lee, menos del 1% de los estudiantes de sexto grado domina las operaciones matemáticas básicas, y solo el 8% de los jóvenes de 15 años supera el nivel mínimo en matemáticas em las pruebas PISA. Este abismo entre inversión y resultados obliga a un rediseño profundo de las prioridades. El problema no es solo de recursos, sino de gestión, enfoque pedagógico y corresponsabilidad social. No hay aprendizaje sin asistencia, sin continuidad docente, sin escuelas funcionales. No hay mejora sin información confiable ni sin evaluación rigurosa.
En este mes de abril de 2025 se están cumpliendo once años desde la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa. A la distancia, el balance es tan inevitable como incómodo. Es cierto que se han logrado avances puntuales —sobre todo en cobertura y financiamiento—, pero los obstáculos estructurales que motivaron el pacto siguen intactos. En esencia, el documento fue el resultado de una búsqueda desenfocada de consensos y de una participación social mal comprendida. En el documento final quedaron igualados aspectos centrales con anecdóticos y así se perdió el norte de lo fundamental. Las consecuencias: once años después, la educación dominicana sigue atrapada en la forma y lejos del fondo.
Se necesita volver al punto de partida. A la definición de acuerdos de fondo con visión histórica y política real, ahora que producto de las redefiniciones de la geopolítica global el desarrollo y la prosperidad para los dominicanos vuelve a golpear las puertas de la historia y la educación es la única llave que falta para abrir esa puerta. Hay que volver a mirar como fuente de inspiración al Pacto de la Moncloa de la España de finales de los ‘70. Este, no fue un acuerdo entre ONGs, sindicatos o gremios; fue un acuerdo entre fuerzas políticas que entendieron que sin estabilidad institucional no habría futuro para nadie. Del mismo modo, la educación dominicana no puede seguir secuestrada por la fragmentación de intereses. Se hace imprescindible un pacto político, más que social, que defina cinco o seis fundamentos que ningún gobierno quiera ni pueda cambiar. Por ejemplo, pactar para que por ninguna razón se interrumpa el calendario y el horario escolar con consecuencias reales para quien o quienes incumplan; que la calidad debe ser un hecho concreto de superación en cada centro escolar y no solo una expresión de deseo abstracta; que se premie por desempeño al docente, medido por su asistencia y por cuanto aprenden sus estudiantes; porque el concurso sea la única puerta de entrada al sistema educativo para funcionarios docentes y no docentes.
Por tanto, son los partidos políticos dominicanos, sobre todo aquellos representados en el Congreso, quienes tienen que liderar estos acuerdos. Como señala IDEA Internacional, son los partidos las instituciones indispensables para la democracia representativa. Sin éstos, no hay posibilidad de canalizar la participación ciudadana ni de asegurar la legitimidad de las políticas públicas (IDEA Internacional, 2016).
Compartir esta nota