Los restos de ocho líderes sociales y religiosos fueron encontrados en una zona rural en el departamento del Guaviare, en el sur de Colombia. Las sospechas están sobre las disidencias de la guerrilla comandadas por alias 'Iván Mordisco'. La Defensoría del Pueblo ya había emitido advertencias de riesgos en la localidad colombiana.
En Colombia fue localizada una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos en el sur de Colombia, según notificó la Fiscalía General de la Nación.
Los ocho líderes habían sido citados por integrantes del frente 'Armando Ríos' de las disidencias de las FARC (extinta guerrilla) “por sospecha de la posible creación” de un grupo que respondía a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el departamento del Guaviare.
Estas personas eran objetivo de una búsqueda urgente del Gobierno desde abril pasado, cuando se denunció la citación a las víctimas por parte del frente primero ‘Armando Ríos’, del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.
El pasado 14 de abril, las autoridades del municipio de Calamar confirmaron la desaparición de ocho personas en el caserío Agua Bonita Media. La investigación preliminar de la Fiscalía apuntó que la orden para aprehender a las ocho personas surgió del círculo de confianza de alias Iván Mordisco, líder del EMC.
¿Quiénes son las víctimas?
"Con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido #1 del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación recuperó los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos hallados en una fosa común en zona rural del municipio de Calamar", comunicó la Fiscalía.
El reconocimiento preliminar de los familiares arrojó que las víctimas son Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
¿Quién pudo ser el posible autor?
Las miradas de las autoridades colombianas recaen sobre el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, el cual opera en la zona.
Presuntamente las ocho víctimas fueron citadas por los guerrilleros “por sospecha de la posible creación de una célula” de otra guerrilla activa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
La investigación apunta que el 4 de abril pasado dos de los asesinados fueron citados por miembros del grupo armado. Luego, tres días después, las otras seis también fueron llamadas para ser “interrogadas” por la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial. Después fueron trasladadas a un predio abandonado.
El Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016 para terminar 52 años de conflicto.
Sin embargo, algunos guerrilleros se opusieron al acuerdo y otros fueron expulsados del grupo armado por no asumir las directrices de la jerarquía de las FARC. Actualmente estas disidencias operan especialmente en departamentos del sur del país.
¿Hubo advertencias de peligro?
La Defensoría del Pueblo puntualizó este miércoles 2 de julio que había alertado en enero del riesgo que existía en el departamento del Guaviare, sur de Colombia.
“Los hechos que se han presentado durante este año en el Guaviare son consumaciones de la alerta temprana que advertía sobre la creciente disputa territorial entre las disidencias de la línea de ‘Mordisco’ y las de ‘Calarcá’”, dijo Iris Marín, la defensora del pueblo.
Además, la funcionaria denunció violencia contra las mujeres y los pueblos indígenas Jiw y Nukak: “Hemos recibido información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y hemos coordinado acciones con la Fiscalía y autoridades nacionales y territoriales para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva”.
Marín también resaltó que la situación humanitaria continúa siendo compleja. “Se mantienen confinamientos, restricciones de movilidad y una grave afectación de derechos. Sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas”, remarcó.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, repudió "la grave afrenta al derecho a la vida y al trabajo comunitario" que supone este crimen múltiple.
"Todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales. Estos hechos son una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia", escribió el mandatario en X.
Petro hizo un "llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a quienes lideran desde la fe, desde el cuidado del otro, desde la paz", y destacó que es deber de las autoridades garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no queden impunes.
Con EFE
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