Una corte de Costa Rica dispuso este miércoles 25 de junio que las autoridades deben dejar en libertad a decenas de extranjeros que llegaron a ese territorio luego de ser expulsados de Estados Unidos por el Gobierno de Donald Trump y que actualmente están en un refugio de deportados. Actualmente hay 200 personas de distintos países, sobre todo de África y Asia, incluidos 80 niños.
En las últimas horas, la Justicia de Costa Rica dio la orden para que las autoridades correspondientes liberen a los migrantes extranjeros que llegaron al país y fueron encerrados en un refugio después de ser deportados por Estados Unidos.
En estos complejos habitan alrededor de 200 migrantes, procedentes principalmente de países de Asia y África, pero también de Rusia, por ejemplo. Dentro de estos centenares también están incluidos 80 niños.
Todos ellos fueron llevados en febrero a Costa Rica como parte de un acuerdo entre ambos Gobiernos, un pacto que despertó críticas por parte de organizaciones de Derechos Humanos.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio lugar parcialmente a un recurso de amparo a favor de los migrantes solicitado en marzo, instruyendo a las autoridades de Migración a que definan el “estatus” de los extranjeros en un plazo de 15 días.
Algunos de los deportados aceptaron la repatriación voluntaria, mientras que otros están recluidos en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), a 360 kilómetros de San José, próximo a la frontera con Panamá.
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Los magistrados también instaron al Gobierno de Costa Rica a resolver “qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y, en general, de tipo social requieren por parte del Estado”.
Por ejemplo, una afgana dijo a la agencia AFP en marzo pasado que había huido de su país para poder trabajar y estudiar y no ser obligada a casarse con un hombre. En tanto recalcó que, si la hacen volver a Afganistán, será asesinada por los talibanes.
Esto sucede al tiempo que Costa Rica se prepara para la visita de la secretaria estadounidense de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien tendrá un encuentro con el presidente Rodrigo Chaves y recorrerá el centro de detención temporal migratorio Los Lagos.
El accionar de la nación centroamericana fue criticada por Human Rights Watch alegando que los 200 migrantes fueron deportados injustamente y que el Gobierno de Chaves los ha mantenido retenidos por meses sin darles precisiones sobre su futuro.
“Durante más de un mes, los funcionarios costarricenses informaron repetidamente a las personas que sus únicas opciones eran regresar a sus países de origen o viajar a otro país que les aceptara”, dijo la organización.
Junto a Costa Rica, la Administración de Trump también hizo convenios con otros países, como Panamá y El Salvador. El primero recibió a 300 deportados, la mayoría asiáticos; el segundo acogió a 252 migrantes venezolanos que fueron acusados –sin evidencia- de ser miembros de la banda del Tren de Aragua y fueron llevados a la megacárcel.
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Con AFP
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