Tras ser adoptado por una comisión parlamentaria, el proyecto de ley sobre la muerte asistida llegará a la Asamblea Nacional el lunes. France 24 analiza los principales puntos de discordia en torno a este texto dando voz a sus partidarios y detractores.
Después de muchas idas y vueltas, los textos sobre el final de la vida, agrupados en un único proyecto de ley durante su revisión en 2024 antes de la disolución de la Asamblea Nacional vuelven a la cámara baja el lunes 12 de mayo, pero divididos en dos proyectos de ley con un primer texto sobre los cuidados paliativos y otro sobre la muerte asistida.
Los debates durarán dos semanas, con una discusión general conjunta y dos votaciones formales programadas para el 29 de mayo. El proyecto de ley, nombrado “Olivier Falorni (MoDem) sobre la muerte asistida”, fue adoptado en comisión el 2 de mayo por 28 diputados contra 15 y una abstención.
Apoyada por la mayoría de los representantes de la izquierda y de los grupos macronistas, y duramente rechazada por los de la extrema derecha de Agrupación Nacional y la derecha de los Republicanos, esta medida permitiría a los pacientes que padecen una "enfermedad grave e incurable", "potencialmente mortal, en fase avanzada o terminal" y que ya no pueden soportar su sufrimiento, recibir o administrarse una sustancia letal.
France 24 hace balance de los elementos clave del debate dando la palabra a la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (ADMD), a favor del texto, y a la asociación Alliance Vita, que se opone firmemente al mismo.
¿“Muerte asistida”, “eutanasia” o “suicidio asistido”?
Aunque tanto la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (ADMD) como la asociación Alliance Vita tienen opiniones radicalmente opuestas sobre el proyecto de ley, ambas coinciden sin embargo en la cuestión del vocabulario.
"Hay que llamar al pan, pan y al vino, vino, vino, y estamos hablando de eutanasia y suicidio asistido. Hay algo engañoso en el término 'muerte asistida'". "Hablamos con la gente y nos damos cuenta de que hay mucha confusión y que la mayoría de los franceses no saben la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia", subraya Tugdual Derville, delegado general de Alliance Vita.
"Asistencia pasiva o activa para morir: es cierto que nadie lo entiende, pero en la ADMD somos muy claros y las encuestas que encargamos siempre usamos los términos adecuados. Los países que han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido también usan los términos adecuados, así que no entiendo por qué el proyecto de ley no incorpora este vocabulario", afirma Philippe Lohéac, delegado general de la ADMD.
Si bien la mayor parte del debate entre parlamentarios no debería centrarse en el vocabulario, es importante aclarar esto. La eutanasia activa implica que un médico realice un acto que acelera la muerte de un paciente. Un médico inyectará una sustancia que provocará directamente la muerte del paciente, a petición del mismo.
El suicidio asistido médicamente implica que un médico recete medicamentos que le permitan al paciente que los solicita quitarse la vida. La sustancia letal debe ser ingerida por el propio enfermo, de lo contrario se trata de eutanasia activa.
¿Acceso demasiado restringido o extendido?
El proyecto de ley sobre la muerte asistida define cinco criterios acumulativos para que un paciente sea elegible: tener al menos 18 años de edad; ser francés o residente en Francia; estar padeciendo una "enfermedad grave e incurable, cualquiera que sea su causa, que ponga en peligro la vida, en fase avanzada o terminal"; y que este último cause “sufrimiento físico o psicológico” resistente al tratamiento o insoportable; y poder expresar la propia voluntad de forma libre e informada.
Este último punto, que excluye a los pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas como el alzheimer, es cuestionado por la ADMD.
"Vemos que este es uno de los textos más restrictivos de Europa", afirma Philippe Lohéac, quien desearía un sistema que permitiera "que las condiciones de la muerte asistida se definan en el momento del diagnóstico de la enfermedad".
Por el contrario, Tugdual Derville, de la Alianza Vita, considera el proyecto de ley “Olivier Falorni” como un texto "que va en la dirección de facilitar el acceso al derecho a morir", con muy pocas garantías para evitar abusos y decisiones tomadas por capricho.
"Se trata de una concepción individualista de la existencia que se está llevando a cabo", juzga Derville, señalando en particular la falta de recursos posibles para los familiares. "Esto significa que una persona mayor enferma y deprimida podría decidir acabar con todo por sí sola, sin decírselo a sus seres queridos", advierte.
¿“Pronóstico vital” o “calidad de vida restante”?
El proyecto de ley votado en comisión se refiere a una "enfermedad grave e incurable […] que pone en peligro la vida, en una fase avanzada o terminal". En su versión inicial, el texto preveía que el pronóstico vital se realizaría "a corto o medio plazo", pero es particularmente complicado saber qué abarca esa noción de "mediano plazo".
El 6 de mayo, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) emitió un dictamen sobre el tema. La HAS considera “imposible”, en ausencia de consenso médico, determinar quién podría beneficiarse de la muerte asistida basándose en un pronóstico de vida a mediano plazo o en una “fase terminal” de la enfermedad, pero sugiere tener en cuenta “la calidad de vida restante de la persona”.
Tugdual Derville admite que es imposible para los médicos hacer predicciones fiables, pero critica la falta de criterios "objetivos" para juzgar "la calidad de la esperanza de vida" de un paciente.
"Estamos intentando inculcar la idea de que algunas vidas no valen la pena ser vividas. Es un punto que nos preocupa", dice, lamentando que no se requiera la opinión de ningún psiquiatra o psicólogo.
“Solo la persona afectada puede juzgar si puede seguir luchando contra la enfermedad, ya que cada persona tiene una capacidad de resistencia diferente”, responde Philippe Lohéac, y añade que "es puramente una elección subjetiva y debe seguir siéndolo".
¿La elegibilidad es decidida por una persona o colectivamente?
Otra cuestión que plantea interrogantes, incluso dentro del Gobierno, es la de la colectividad de la decisión de quién puede acceder a la muerte asistida. El texto actual prevé que el médico contactado por el paciente decida por su cuenta si este es elegible, después de haber obtenido la opinión de al menos otro médico y otro cuidador, todo ello en un período de 15 días.
La ADMD, que considera este periodo demasiado largo y promueve reducirlo a cuatro días, no quiere que se tome una decisión colectiva. Para la asociación, el médico solicitado debe simplemente comprobar que se cumplen los criterios de elegibilidad. “La decisión debe recaer en el paciente. Es su vida, es su sufrimiento”, subraya Philippe Lohéac.
Por el contrario, Tugdual Derville de Alliance Vita considera que el período de 15 días es demasiado corto y deplora la falta de colectividad en la decisión sobre la elegibilidad del paciente.
“El médico que tendrá que decidir por su cuenta consultará opiniones sin tenerlas en consideración. Esto es bastante chocante, dado que habrá una lista de médicos a favor de la eutanasia y cuya decisión se conocerá de antemano”, afirma.
Tal como está, el artículo 14 del proyecto de ley estipula que "los profesionales de la salud que estén dispuestos a participar en la implementación" de la muerte asistida "deberán declararse" ante la comisión de seguimiento y evaluación. Sin embargo, los nombres de los médicos sólo serán accesibles para los médicos.
Dada la configuración de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley debería en principio ser adoptado por los diputados, pero el proceso legislativo, a falta de un procedimiento acelerado, podría prolongarse durante muchos meses.
El texto tendrá que ser examinado después por el Senado, constituido por una derecha mucho menos favorable a la muerte asistida.
Artículo adaptado de su original en francés
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