Este jueves 27 de febrero, Manuel José Garcia Mansilla, uno de los dos jueces designados por el presidente Javier Milei mediante decreto y sin aval del Senado, juramentó como miembro de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) Argentina. La decisión del mandatario provocó amplias críticas, al tratarse de una presunta decisión unilateral por parte del presidente. Human Rights Watch alertó sobre lo que considera una falta de independencia judicial.
Una acción polémica por parte de Javier Milei que hoy se debatió en la Corte Suprema de Justicia de Argentina y que decidió decantarse, por ahora, a favor del presidente. Por real decreto, Milei decidió que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ocupasen asientos como magistrados de la más alta institución judicial del país. Pero ante el intenso debate que se generó, la Corte tuvo la última palabra sobre la admisión final de los jueces.
En este sentido, la alta corte decidió tomarle juramento a Manuel García-Mansilla como nuevo integrante del tribunal y dijo que decidirá el próximo jueves qué hace con Ariel Lijo.
“En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José García Mansilla”, se informó oficialmente este jueves.
Aunque el máximo tribunal, admiten medios locales, no está dispuesto a que le fijen los tiempos, la decisión en torno a Lijo será decidida el día 6 de marzo. Por el momento, la Cámara Federal, puesto que ocupa el juez Lijo, decidió por unanimidad otorgarle la licencia para desempeñar su labor en la Corte Suprema.
De hecho, su caso es más complejo: no hay un criterio unificado respecto a si corresponde otorgar el beneficio de la licencia sin goce de sueldo al juez federal, sino que debería presentar la renuncia a su cargo como juez federal, al entender que no puede retener su despacho y, a su vez, desempeñarse como integrante de la Corte.
Críticas a Milei
El real decreto publicado en el Boletín Oficial por el presidente argentino Javier Milei encendió las críticas de sociedad civil y de organizaciones sin ánimo de lucro por tratarse de una decisión unilateral que afecta al poder judicial de todo un país.
El máximo mandatario decidió cubrir los puestos por decreto al considerar que no obtendría los apoyos necesarios en el Senado para cubrir las dos vacantes del Supremo, que dejaron las salidas de Juan Carlos Maqueda, en diciembre pasado, y de Elena Highton de Nolasco, en 2021.
Pero su decisión desató el rechazo del bloque peronista en el Senado, que consideró mediante un comunicado que el jefe de Estado “volvió a violar la Constitución”, ya que los “empleos” que pueden ser cubiertos durante el receso del Legislativo son cargos diplomáticos y militares.
La designación de Lijo también fue criticada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que reveló que el magistrado recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez y solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo.
La ONG Human Rights Watch fue más allá: “Milei arremete contra la independencia judicial”, dijo en un informe. Según Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, “nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno a la democracia”.
Según añade, “el Senado debería estar a la altura de las circunstancias y garantizar que no se realicen nombramientos irregulares en la Corte Suprema”.
Dicha designación, efectuada el miércoles, llegó a tres días de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso el sábado, por lo que el plazo para la publicación del decreto en el Boletín Oficial caduca el viernes.
Con EFE y medios locales
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