Después de la acusación formal, llegan las revelaciones explosivas. Esta semana, el expresidente Jair Bolsonaro fue acusado por la Fiscalía General del Estado de intento de golpe de Estado, de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de integrar una organización criminal. Juntos, estos tres delitos podrían costarle una condena de hasta 38 años de prisión, a los que podrían sumarse otras penas por otros crímenes que se le atribuyen.
Acto seguido, el juez Alexandre de Moraes, responsable de la investigación, decidió levantar el secreto de sumario de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, el principal colaborador del expresidente Jair Bolsonaro durante todo su mandato.
También conocida como colaboración premiada, es un acuerdo entre una persona investigada por delitos, el Ministerio Público y la Policía Federal. Por un lado, las autoridades pueden obtener información útil para resolver el caso; por el otro, el investigado puede garantizar beneficios en el proceso penal y con la sentencia.
La publicación de la delación de Cid era lo más esperado por la prensa brasileña, deseosa de conocer todos los bastidores del supuesto golpe contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por la defensa de Bolsonaro, preocupada por preparar su estrategia.
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Un día después de publicar el texto de la delación, el juez Moraes divulgó también los vídeos de este importante testimonio. Gracias a ellos, los brasileños han podido ver cómo el hombre de confianza de Bolsonaro contó lo que sabía sobre el intento de golpe de Estado, la venta de las joyas sauditas y el fraude en las tarjetas de vacunación, a cambio de una reducción significativa de su pena.
Las actas de las audiencias revelan detalles inéditos de las investigaciones que involucran al expresidente Bolsonaro, como el hecho de que un juez del Tribunal Superior Electoral habría ayudado al núcleo golpista a monitorear a Alexandre de Moraes.
Según el teniente coronel, Bolsonaro ordenó seguir a Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, que en 2023 lo inhabilitó políticamente hasta 2030. El objetivo era averiguar si él y el vicepresidente Hamilton Mourão mantenían reuniones secretas.
Además, la divulgación de la colaboración premiada deja en evidencia que los hijos de Bolsonaro, el senador Flávio y el diputado Eduardo, no estaban de acuerdo sobre cuál debería ser la reacción de su padre tras su derrota en las elecciones de 2022.
Cid asegura que Flávio estaba en contra de un golpe de Estado y abogaba por aceptar el resultado electoral en lugar de intentar revertirlo. Los conservadores aconsejaron a Bolsonaro que asumiera el papel de líder de la oposición, considerando que era la estrategia más eficaz dado el escenario político. En el lado opuesto estaba Eduardo, que sí apoyaba la idea de un golpe.
Y no era la única discrepancia: los grupos militares involucrados en el supuesto golpe también estaban divididos entre los más “exaltados” y los más moderados, que intentaban “detener” a Bolsonaro.
Entre moderados y radicales discutieron un supuesto intento de golpe
Los radicales estaban a favor de crear un brazo armado y alentaban la perpetración de un golpe de Estado. “Creían que cuando el presidente diera la orden, tendría el apoyo del pueblo y de los coleccionadores de armas, de los tiradores deportivos y de los cazadores”, revela Cid.
Entre ellos, destacan los nombres de Eduardo Bolsonaro y la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro; el senador Magno Malta; y Mario Fernandes, general retirado y ex número dos de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro. Fernandes fue detenido en noviembre por la Policía Federal porque considerado responsable del plan secreto para matar al presidente Lula y a su vice Geraldo Alkmin, tras las elecciones de 2022.
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El ala menos aguerrida estaría integrada por otro hijo del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro; por Ciro Nogueira, entonces ministro de la Casa Civil; y por el contraalmirante (OBS: literalmente brigadier)Batista Júnior, entonces comandante de la Aeronáutica.
En el medio, había un grupo de moderados, que creía que el país estaba sufriendo abusos jurídicos y no estaban de acuerdo con “la conducción de las relaciones institucionales”, pero entendían que no se podía hacer nada ante los resultados de las elecciones.
Este grupo está subdividido en dos. Por un lado, estaban los generales en activo que mantuvieron más contacto con Bolsonaro: el general Freire Gomes, comandante del Ejército; el general Paulo Sérgio, entonces ministro de Defensa; y el general Teófilo, comandante de Operaciones Terrestres.
Había todavía otro grupo de moderados que opinaba que Bolsonaro debía abandonar el país, algo que realmente aconteció a finales de diciembre de 2022, poco antes de los actos violentos de Brasilia del 8 de enero de 2023. Entre ellos estaban Paulo Junqueira, un empresario del agronegocio que financió el viaje de Bolsonaro a los Estados Unidos; y el senador Magno Malta, que también pertenecía al grupo más radical, pero creía que Bolsonaro debería abandonar el país.
Cid también reveló que en 2022 recibió dinero en efectivo en una caja de vino en el Palácio da Alvorada del general Braga Netto, ex ministro de Defensa y candidato a vicepresidente por la fórmula de Jair Bolsonaro en 2022. La suma estaba destinada a organizar las acciones golpistas.
Braga Netto, que para los investigadores tuvo un “verdadero papel de líder, organizador y financiador" del intento de golpe de Estado en Brasil, fue encarcelado hace dos meses tras intentar obstruir la recopilación de pruebas.
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La financiación
En otro momento de su confesión, Cid confirmó que viajó en 2022 a Estados Unidos para vender dos relojes, un Rolex y un Patek Philippe, y un kit de joyería Chopard, a instancias del mismo Bolsonaro. Se trata de regalos del Gobierno de Arabia Saudí a la figura del presidente y que, por ley, deberían haber permanecido en el acervo del Estado.
En su declaración, el exasistente dijo que las ventas permitieron recaudar 86.000 dólares, que fueron retirados en tajadas para no levantar sospechas. El primer lote de 18.000 dólares habría sido entregado directamente al expresidente.
Según este militar, la idea de vender los artículos surgió por una cuestión financiera de Bolsonaro, que se venía quejando de los gastos de “mudanza y transporte de la colección que tendría que pagar, así como de multas de tráfico por no llevar casco en las motos”.
Además, Cid acusó a Bolsonaro de haberle ordenado que introdujera datos falsos de vacunación contra el Covid-19 en los sistemas del Ministerio de Salud para él y para su hija. Según su relato, los certificados de vacunación fueron impresos y entregados en mano al expresidente.
Sobre el supuesto intento de golpe, el teniente coronel reveló que participó en reuniones en las que algunos militares discutieron una posible intervención, pero dijo que no tuvo un papel directo en “ninguna planificación detallada”.
También reveló que, tras acordar su delación premiada, sufrió muchas presiones para revelar el contenido de sus declaraciones por parte del general Braga Netto y del abogado Fábio Wajngarten. En los vídeos divulgados el 20 de febrero, Cid aparece bastante conmocionado y se queja de que lo perdió todo mientras su ex jefe, Bolsonaro, se hacía millonario.
Tras un bombardeo informático de dos días, la defensa de Bolsonaro ha revelado que va a pedir a la Corte Suprema la anulación de la delación premiada de Mauro Cid. También solicitará más tiempo para impugnar la denuncia.
El abogado Celso Vilardi criticó al juez Alexandre de Moraes, relator del caso ante el Supremo, y afirmó que interfirió indebidamente en la delación del Cid, lo que, en su opinión, comprometería la validez del acuerdo.
Lula: 'Si se demuestra, debe ser detenido'
Por su parte, el presidente Lula calificó de “gravísimas” las acusaciones de la Fiscalía contra su antecesor por intento de golpe de Estado. “Estoy seguro de que, si se demuestra, sólo hay una salida: ser detenido”, dijo el mandatario brasileño.
“Si se demuestra la participación del ex presidente y sus altos mandos en el intento de asesinato del juez del Tribunal Electoral, del presidente de la República y del vicepresidente, es algo extremadamente grave. Él (Bolsonaro) y quienes participaron en esta banda no buscaban gobernar, sino apoderarse del país como si fuera propiedad privada”, añadió Lula.
Mientras, diputados de la oposición han criticado la denuncia presentada por la Fiscalía contra Bolsonaro y otras 33 personas, calificándola de “ficción”.
Para la diputada Caroline de Toni, aliada del expresidente y miembro del mismo partido, la denuncia es una “narrativa construida” que busca intimidar a la derecha en Brasil.
El propio Bolsonaro ha usado este jueves la misma palabra.
“No estoy obsesionado con el poder. Tengo pasión por nuestro Brasil. A diferencia de algunas personas aquí, en Brasilia, que están a cargo en este momento, tengo la conciencia tranquila. (Ellos) no tienen nada más contra nosotros que narrativas. Y todas se fueron por el desagüe”, afirmó en un evento de su partido.
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Bolsonaro estuvo en Brasilia en la semana en la que la Fiscalía dio a conocer el texto de 272 páginas, en el que formaliza la denuncia. Su objetivo era cosechar apoyos entre los congresistas para una hipotética Ley de Amnistía, que exculparía a los condenados por los actos vandálicos del 8 de enero.
“Lo curioso es que estas personas se están condenando cuando piden la amnistía antes de ser juzgados. Ahora, lo primero que tienen que hacer es defender su inocencia. Ni siquiera han sido juzgados, y ya están pidiendo amnistía, es decir, están diciendo que son culpables. Sólo con pedir amnistía antes de ser juzgados, merecen ser condenados” replicó Lula.
Este 21 de febrero, el juez Alexandre de Moraes negó el pedido de la defensa de Bolsonaro de tener un plazo de 83 días para responder a las acusaciones presentadas en la denuncia del Ministerio Público. Los abogados de Bolsonaro quisieron suspender el plazo -que, por ley, es de 15 días- hasta que tuvieran acceso a todos los documentos de la investigación y aún tuvieran otros 83 días para analizar el material y presentar una respuesta a las acusaciones. En su decisión, Moraes reafirmó que se dará el mismo plazo a todos los denunciados.
El expresidente de derecha, que por ley no podrá presentarse a las elecciones de 2026, está intentado volver al ruedo político a través de una posible reforma de la Ley de la Ficha Limpia, que reduciría su inhabilitación política de ocho a dos años.
Razones no le faltan: el último sondeo del centro Paraná Pesquisas, Bolsonaro aparece por delante, con el 36% de intención de voto, frente al 33,8% del actual presidente. Es por esto que, a pesar del juicio inminente, el líder de la derecha brasileña quiere a todas costas volver a ser candidato.
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