Mientras los titanes de la UE blindan las fronteras y restringen la permanencia de migrantes en su territorio, el Gobierno de España ha reformado el reglamento de Extranjería para simplificar los trámites a siete millones de foráneos que residen en el país, un 14% de la población total, según datos oficiales. Así, España quiere pasar de regularizar 200.000 extranjeros cada año a 300.000, al menos hasta 2028.
El nuevo protocolo español, que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025, flexibiliza cuestiones fundamentales como la figura del arraigo, la integración de los estudiantes al mundo laboral, las autorizaciones de trabajo, la reagrupación familiar y las solicitudes de asilo.
La duración de los visados se ha unificado a un año, incluido el permiso para la búsqueda de empleo. Todas las renovaciones se concederán por cuatro años, una medida que brindará “estabilidad tanto a las personas migrantes como a las empresas”, puntualiza por escrito el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Además, ciertos trámites que antes no podían iniciarse en territorio español, ahora sí se podrán realizar. Entre ellos, la residencia para familiares de estudiantes o la de larga duración.
Aunque más garantista en el papel, el nuevo protocolo no interviene el problema más apremiante del sistema de Extranjería: la lentitud para resolver los trámites.
La abogada Erica Ebuera, especializada en temas de migración, detalla que “por ley, los plazos de resolución no deberían exceder los 3 meses, pero en la realidad esto nunca se cumple”. En efecto, los tiempos de respuesta oficiales evidencian que hay personas que llevan más de 9 meses esperando un permiso para trabajar o una respuesta para el arraigo.
“A la Administración no le interesa invertir mucho más dinero del que está invirtiendo”, apunta Ebuera para evidenciar el desequilibrio entre el número de empleados a cargo y el sinfín de expedientes por resolver.
El único de la UE con una figura de arraigo
Una de las modificaciones esenciales del nuevo reglamento toca la cuestión del arraigo, la vía más utilizada por los migrantes para regularizar su situación en España, como lo demuestran las 210.000 personas que, según cifras oficiales, gozaban de esta autorización a finales de 2023 —85.000 más que en 2022.
Por esta vía, un extranjero sin permiso de residencia tiene múltiples posibilidades para normalizar su estatus al completar tres años en el país, un plazo que se reducirá a dos años con la nueva normativa.
Además, se incorporan dos nuevas figuras de arraigo: el de segunda oportunidad y el sociolaboral. El primero de ellos beneficia a cualquier extranjero que haya tenido un permiso de residencia en los últimos dos años y que por algún motivo haya caducado.
“No se requiere un contrato de trabajo, sino únicamente indicar que en algún momento se ha estado de forma regular, haber estado dos años en España y no tener antecedentes”, detalla la letrada de Erimo Abogados.
El arraigo sociolaboral permitirá a un migrante sumar dos o más contratos, para facilitar que cumpla con el mínimo de 20 horas de trabajo semanales y el salario mínimo interprofesional, ambos requisitos para ser regularizado.
Con estas modificaciones, España se reafirma como “el único país de la Unión Europea que dispone de una figura específica para regularizar a las personas a través del arraigo”, como ha recordado la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
De estudiantes a trabajadores
Los estudiantes extracomunitarios —cerca de 75.857, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— gozarán de una vía rápida para transitar del visado de estudios a un permiso de trabajo, lo que facilitará el deseo de muchos jóvenes de vivir en España una vez culminado el ciclo académico.
Se acabará el viacrucis de miles de jóvenes que anualmente tienen que renovar el visado de estudios, pues los permisos serán concedidos para todo el tiempo que dure la formación.
Aún más: los extranjeros podrán optar por un visado de estudios al inscribirse a programas en modalidad híbrida, siempre que al menos el 50% de las clases sean presenciales. En la práctica, esto se traduce en ofertas formativas más económicas y mayor elasticidad en los horarios para conciliar clases y trabajo.
Otra novedad es que los alumnos extracomunitarios que podrán acreditar solvencia para su manutención —como exige el consulado a la hora de otorgar el visado—, aportando un contrato de trabajo.
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La autorización de empleo para estudiantes se mantiene, siempre que no excedan las 30 horas semanales y sin necesidad de que dicho empleo esté relacionado con la formación del alumno, tal como recoge la anterior reforma migratoria de 2022.
Uno de los objetivos de España es dinamizar el mercado laboral con la inclusión de extranjeros.
El Banco de España estima que son necesarios 24 millones y medio de migrantes en edad de trabajar para 2053, con el fin de “evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español”.
La ministra Saiz ha subrayado que el nuevo reglamento facilita a los migrantes “realizar su proyecto de vida en España, facilitando los cambios de estatus, por ejemplo, si un estudiante viene a formarse y luego se incorpora al mercado laboral, o si un familiar reagrupado decide obtener un permiso de trabajo propio”.
El “limbo” de los solicitantes de asilo
Los demandantes de asilo han quedado con un sabor agridulce tras conocer las nuevas directrices de Extranjería, ya que el Estado ya no contabilizará los días que lleven en el país como solicitante de protección a la hora de tramitar el arraigo; eso sí, el lapso de espera para solicitar la regularización se reducirá de dos años a seis meses.
La abogada Ebuera resalta que “los solicitantes de asilo han entrado en un limbo porque no hay claridad sobre lo que va a pasar. Parece ser que no van a poder regularizarse desistiendo de sus procesos, sino que tendrán que esperar su solicitud denegatoria”, lo que alargaría varios meses las diligencias.
En 2024, la Oficina de Asilo y Refugio registró 167.366 solicitudes de protección internacional, la cifra más alta desde que hay registros. Las autoridades nacionales y las embajadas en España hablan de un abuso en la figura del asilo, por eso “el Gobierno ha intentado resolver el tema de una forma mucho más agresiva”, explica Ebuera.
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La abogada atestigua que muchos extranjeros quieren sacar ventaja de los pliegues de la legislación: “He recibido llamadas desde el país de origen de personas que tienen el único objetivo de conseguir su hoja blanca —documento que obtienen los solicitantes de asilo al presentar su petición y que les permite trabajar—, aunque no cumplan las condiciones. Esto ha generado que en la práctica no se encuentren citas, y que los que realmente tienen esa necesidad de refugio no puedan acogerse porque no encuentran oportunidad para iniciar el proceso”.
Díscola europea
El nuevo protocolo de Extranjería aprobado en España contrasta en un contexto mundial en el que los países de Occidente apuestan por retener a los migrantes en las fronteras, cuando no directamente por la deportación, como en la Italia de Giorgia Meloni o los Estados Unidos de Donald Trump. En Europa, el auge de movimientos sociopolíticos de ultraderecha críticos con la migración ya han moldeado la agenda en los parlamentos.
Solo en el último mes: Friedrich Merz, el hombre con más opciones de ser el próximo canciller de Alemania, ha propuesto endurecer la legislación migratoria y acelerar las expulsiones de extranjeros.
Quiere implantar “una prohibición de facto de entrada en la República Federal de Alemania para todos aquellos que no dispongan de documentos de entrada válidos”. Al tiempo, el Gobierno francés ha ratificado su línea dura en política hacia los migrantes con mayores restricciones a la regularización.
En tal panorama, España irrumpe como la díscola europea, algunas dirían la 'oveja negra'. No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) labra su propio camino al margen de sus vecinos.
Como precedente aún fresco, su campaña para el reconocimiento de Palestina, ante la negativa de la dupla franco-alemana. “Unida en la diversidad”, reza el eslogan de la Unión Europea, pero ¿cuánta diferencia está dispuesta a tolerar?
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