El Tribunal Supremo español inicia a partir de este lunes el juicio que, por primera vez en la historia, sentará a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, en el banquillo por la presunta filtración de información sobre una investigación por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La acusación particular, que ejerce el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), el empresario Alberto González Amador, y las acusaciones populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para García Ortiz por un delito de revelación de secretos, mientras que la Fiscalía reclama la absolución al sostener desde el inicio que no hay delito.
Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- juzgarán entre este lunes y el 13 de noviembre si García Ortiz filtró un correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía un pacto al fiscal y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda -que le reclama 350.000 euros- en busca de una rebaja en la petición de condena.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, rechazan que filtrase ningún correo con información que ya era conocida, y defienden que recabó los correos de sus subordinados en base al Estatuto de la carrera y para difundir una nota de prensa que desmentía noticias "inveraces" difundidas por algunos medios y "responsables públicos".
Este caso ha provocado un importante debate político en España entre el conservador Partido Popular (PP), que piensa que el Fiscal General debería haber dimitido ante la acusación, para salvaguardar el prestigio de la institución, y el Gobierno, que nombra a este alto cargo del Estado, y que defiende su inocencia.
El 12 de noviembre, el fiscal general tomará la palabra en el juicio, después de que ante el juez que instruyó el caso negara tajantemente haber filtrado o haber dado orden de divulgar información reservada sobre la pareja de Ayuso. "Rotundamente no", dijo al ser preguntado.
Este lunes está previsto que entre por la puerta principal del Supremo, en su condición de autoridad, y que durante el juicio se siente en estrados, junto a sus abogados, y con toga, informan a EFE fuentes fiscales.
Por el Tribunal Supremo desfilarán hasta cuarenta testigos: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, el periodista Miguel Ángel Rodríguez, o la número dos del Partido Socialista de Madrid y antiguo cargo de la presidencia del Gobierno, Pilar Sánchez Acera; fiscales, periodistas o los guardias civiles que, también por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del juez.
Más de 200 periodistas de 59 medios están acreditados para un juicio en el que no habrá señal en directo; los profesionales podrán difundir extractos de la vista, pero no retransmitirla ni en directo ni en diferido.
Desde el interior de la Sala de lo Penal, escenario del juicio, podrán presenciar la vista cincuenta personas de público y más veinte periodistas.
Compartir esta nota