El Tribunal Supremo Electoral firmó un acuerdo con el Gobierno y la petrolera estatal YPFB para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre, en medio de una grave crisis energética y un clima político polarizado.
A tan solo días de la segunda vuelta presidencial, Bolivia enfrenta una severa escasez de combustibles que paralizó a sectores productivos y generó preocupación en la ciudadanía. Pese a este panorama, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció haber garantizado este miércoles el suministro de diésel y gasolina necesarios para la logística electoral.
El organismo firmó un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La medida busca evitar que la crisis energética comprometa el desarrollo de unos comicios inéditos entre dos candidatos opositores: el centrista Rodrigo Paz y el derechista Jorge "Tuto" Quiroga.
Entre largas filas de vehículos en las estaciones de servicio y restricciones en la distribución de productos, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que el acuerdo con el Gobierno "garantiza la provisión desde el inicio hasta la culminación del proceso electoral". Además indicó que los vehículos del órgano electoral tendrán preferencia en el abastecimiento.
Las operaciones logísticas ya están en marcha. Según detalló el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, el traslado de materiales hacia zonas rurales se inició el martes y debe concluir 72 horas antes de la jornada electoral del domingo. En departamentos como La Paz, el despliegue involucra vehículos terrestres, avionetas y embarcaciones fluviales, lo que añade desafíos logísticos en plena crisis energética. Solo en este departamento se requerirán cerca de 30.000 litros de diésel y gasolina, explicó Condori.
A nivel nacional, más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en el país, mientras que 369.000 lo harán desde el exterior en 22 países. En Santa Cruz, el departamento más poblado, se realizó un simulacro de cómputo y se confirmó la llegada de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Universidad Complutense de Madrid.
Aprueban ley de emergencia para la importación directa de combustible
Pese al compromiso del TSE, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, admitió que YPFB opera "al límite", con reservas de gasolina para apenas tres días y de diésel para menos de uno. El motivo es la falta de divisas necesarias para importar carburantes. Según el funcionario, Bolivia requiere entre 55 y 60 millones de dólares semanales para asegurar el abastecimiento, pero en las últimas semanas solo logró entre 35 y 45 millones. Se espera la llegada de buques con nuevos cargamentos entre el 20 y 23 de octubre, es decir, después de las elecciones.
Pero otras decisiones legislativas fueron tomadas. Según reportó el diario boliviano La Razón, el Senado aprobó también el miércoles una ley de carácter excepcional que permite a personas físicas y jurídicas privadas importar directamente combustible por un plazo de tres meses, sin pasar por las plantas de la estatal YPFB.
La norma, impulsada por el Comité pro Santa Cruz, busca paliar la emergencia y deberá ser revisada por la Cámara de Diputados antes de su promulgación. La presidenta interina del Senado, Gladys Alarcón, defendió la iniciativa señalando que "el país no puede quedar sin combustibles" y llamó a superar diferencias políticas para enfrentar la crisis.
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La escasez de combustible se politiza a días de la segunda vuelta electoral
Las tensiones también llegaron al terreno político. Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, acusó al gobierno de ocultar combustibles para favorecer a su rival, Jorge Quiroga. Incluso advirtió con iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente saliente, Luis Arce. El ministro Gallardo negó las acusaciones y recordó que Paz fue el único candidato en ser informado oficialmente sobre la situación crítica del abastecimiento.
El contexto se agrava con la ausencia del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien enfrenta una orden de aprehensión por un caso de presunto contrabando de combustibles. Su paradero se desconoce desde hace más de una semana, lo que alimentó el desconcierto en un país que se aproxima a unas elecciones decisivas en medio de colas interminables, inflación y desconfianza.
Con EFE y medios locales
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