"Esto es un circo, una ópera bufa" y un "linchamiento político descarado", dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ante una comisión parlamentaria que deberá decidir si recomienda o no al plenario del Congreso debatir el levantamiento de su inmunidad.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha instado al Congreso retirar la inmunidad a Chaves para que sea investigado por "beligerancia política".
"Este es un día vergonzoso para la patria".
Esta es la segunda vez que Chaves, de 64 años, enfrenta un proceso de este tipo. En septiembre, el Congreso rechazó quitarle la inmunidad para que fuera juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país enfrentaba un pedido de desafuero.
"Este es un día vergonzoso para la patria", agregó Chaves, quien tras comparecer ante la comisión, compuesta por dos opositoras y un oficialista, salió de la sede legislativa sin permitir preguntas de los diputados.
"Es lamentable" que el presidente "decidiera huir" por "el miedo a tener que responder por sus actos", afirmó la diputada Rocío Alfaro, miembro de la comisión.
El mandatario encabezó afuera de la sede parlamentaria una concentración de simpatizantes a los que convocó para acompañarlo.
El proceso es "injusto" porque el Tribunal "está completamente parcializado", declaró Abril Portugués, un granjero de 61 años presente en la convocatoria.
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¿Puede ser destituido el presidente?
Si Chaves fuera despojado de su inmunidad, deberá enfrentar un proceso que podría culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para cargos públicos por entre dos y cuatro años.
El Tribunal Electoral prohibió en junio a Chaves -que no puede aspirar a la reelección- intervenir en la campaña electoral al considerar que "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".
Chaves, un economista conservador, ha dicho que espera que su partido obtenga una mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones para realizar una serie de reformas.
El gobernante, en el poder desde 2022, acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.
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Con AFP
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