El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció vía videoconferencia para su primera audiencia ante la Corte Penal Internacional el viernes en La Haya. Se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad por numerosos asesinatos cometidos durante su "guerra contra las drogas".
La primera audiencia breve por videoconferencia del ex líder filipino tuvo lugar el viernes 14 de marzo en La Haya. Rodrigo Duterte, de 79 años, está acusado por la Corte Penal Internacional (CPI). Esta audiencia sirvió para informarle de los delitos de los que es sospechoso y los derechos que tiene como acusado.
De aspecto frágil, vestido con traje azul y corbata, habló brevemente para confirmar su nombre y fecha de nacimiento. La jueza presidente, Iulia Motoc, le permitió seguir el procedimiento a distancia debido a su largo vuelo a La Haya.
"Extradición extrajudicial"
Su abogado, Salvador Medialdea, declaró ante el tribunal que su cliente había sido "secuestrado de su país": "Fue trasladado sumariamente a La Haya. Para los abogados, es una extradición extrajudicial. Para quienes no son tan juristas, es un secuestro, simple y llanamente", declaró el abogado, añadiendo que Rodrigo Duterte padecía "problemas médicos debilitantes". Y para concluir: “Aparte de identificarse, no está en condiciones de aportar nada a esta audiencia”.
Rodrigo Duterte pareció quedarse dormido durante el procedimiento, cerrando frecuentemente los ojos durante largos períodos. Pero la jueza Iulia Motoc le recordó que "el médico del tribunal opinó que está completamente consciente y en plena forma".
Fijó el 22 de septiembre como el siguiente paso del proceso, una audiencia para confirmar los cargos.
"Decenas de miles de asesinatos"
Presidente de Filipinas de 2016 a 2022, Rodrigo Duerte, es sospechoso de crímenes contra la humanidad por numerosos asesinatos cometidos durante su campaña contra los consumidores y traficantes de drogas, que dejó decenas de miles de muertos en el archipiélago, según ONG de derechos humanos.
Según la Fiscalía, los crímenes imputados al ex jefe de Estado formaban parte de "un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil de Filipinas". "Se han cometido potencialmente decenas de miles de asesinatos", dijo el fiscal sobre la campaña, que se dirigió principalmente a hombres pobres, a menudo sin pruebas de su conexión con el narcotráfico.
Mientras las familias de las víctimas esperan justicia, los partidarios de Rodrigo Duterte creen que fue secuestrado y enviado a La Haya, víctima de las disputas internas en la cima del gobierno y del enfrentamiento entre la familia Duterte y la del presidente Marcos, que hasta ahora habían sido aliados en el gobierno de Filipinas.
Está previsto que un grupo de familiares de las víctimas, así como abogados y activistas de derechos humanos, se reúnan en Manila el viernes por la noche para ver una transmisión en vivo de la audiencia de la CPI.
Según expertos en derecho internacional, este caso de alto perfil llega en un momento crucial para la CPI, que está siendo criticada e incluso sometida a sanciones estadounidenses.
"Veo el arresto y la entrega de Duterte como un regalo en un momento importante", declaró a la AFP Willemvan Genugten, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Tilburg (Países Bajos).
Más temprano el viernes, su hija Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas, dijo que había presentado una solicitud de último momento para trasladar la audiencia.
Los partidarios del expresidente se congregaron frente al imponente edificio de cristal de La Haya y gritaron: "¡Traedlo a casa!".
Pero Ecel Sandalo, un manifestante anti-Duterte, dijo a AFP que el hecho de que el expresidente esté siendo juzgado le da "esperanza de que, a pesar de todas las injusticias del mundo, todavía hay pequeñas victorias que podemos celebrar".
"Asumo la responsabilidad"
Mientras se preparaba para aterrizar en los Países Bajos el miércoles, Rodrigo Duterte dijo que asumía la responsabilidad en un vídeo compartido en Facebook.
"Yo fui quien dirigió a la policía y al ejército. Dije que los protegería y que asumiría la responsabilidad. […] Les dije a la policía y al ejército que era mi trabajo y que yo era responsable de él", afirmó.
En la audiencia de confirmación de cargos, un sospechoso puede impugnar la evidencia presentada por el fiscal. Sólo después de esta etapa el tribunal decidirá si procede o no a juicio, un proceso que puede durar varios meses o incluso años.
*Con AFP; adaptado de su original en francés
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