Los mediadores israelíes arribaron este lunes 10 de marzo a Doha, donde tendrán lugar las conversaciones indirectas con Hamás, en un intento por extender el alto el fuego e intentar pasar a la segunda fase del acuerdo. Para ello, el Gobierno de Benjamin Netanyahu debería retirar las tropas del enclave a cambio de la entrega del resto de rehenes vivos en Gaza, según los términos del pacto, pero su ejecución aún es incierta.
Las negociaciones –indirectas– entre Israel y Hamás tienen lugar este lunes 10 de marzo en Doha, Qatar, abordar la extensión del alto el fuego y el intercambio de prisioneros y rehenes en Gaza. Según admitieron fuentes cataríes a la agencia EFE, la delegación israelí ya se encuentra en la capital de Catar para llevar a cabo las negociaciones.
El intento por reconducir la situación –dado que la segunda fase debería haber iniciado el pasado 1 de marzo– viene después de que Israel aceptara la invitación de los mediadores para hablar sobre el alto el fuego en la franja.
El mensaje que llegó cuando el grupo islamista Hamás dijo haber visto "indicadores positivos" en las negociaciones indirectas con Israel para mantener el acuerdo de tregua en la Franja de Gaza y pasar a la segunda fase.
Esta segunda fase consiste en la retirada total del Ejército israelí del enclave a cambio de la entrega del resto de rehenes vivos en Gaza, según lo acordado por las partes el pasado mes de enero.
Israel ahora propone cambiar el pacto para extender la tregua durante el Ramadán y la Pascua judía a cambio de la liberación del resto de rehenes, sin retirar a sus tropas del enclave.
Hamás, por su parte, insiste en su compromiso con pasar a la segunda fase del alto el fuego.
Por ello, se considera que unas negociaciones que parecían rumbo a un cese de las hostilidades definitivo se encuentra en cuidados intensivos por el temor a un recrudecimiento de las hostilidades: Israel ya ha perpetrado ataques sobre la franja y la ayuda humanitaria ha vuelto a quedar varada en la frontera.
Tras una semana, la ayuda humanitaria sigue sin entrar, una decisión tomada por el gobierno de Netanyahu que Hamás ha denunciado, mientras que ayer mismo Israel ordenó cortar el suministro eléctrico a toda la franja.
"Cortar la electricidad, cerrar los cruces fronterizos, interrumpir la ayuda, el socorro y el combustible y dejar morir de hambre a nuestro pueblo constituye un castigo colectivo y un crimen de guerra en toda regla", afirmó el grupo en un comunicado respecto a estas medidas.
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Sin ayuda humanitaria, ni electricidad
Mientras las delegaciones se disponen a negociar, Israel utiliza el arma del hambre para presionar a la parte gazatí, como denunciaron recientemente los países árabes. Pero a la situación, calificada por Hamás como “chantaje barato” se añade el corte del suministro de energía para los habitantes de la Franja.
Israel lo admite: la suspensión, según el Gobierno, tiene por objeto presionar al grupo islamista en las conversaciones de alto el fuego.
El ministro de Energía, Eli Cohen, declaró que había dado instrucciones a la Corporación Eléctrica de Israel para que no vendiera electricidad a Gaza, en lo que describió como una forma de presionar a Hamás para que liberara a los rehenes.
La Autoridad Palestina del Agua declaró que la decisión suspende de facto las operaciones de una planta desalinizadora de agua que produce 18.000 metros cúbicos de agua al día para la población de las zonas central y meridional de la Franja de Gaza. Mohammad Thabet, portavoz de la planta, declaró a Reuters que la decisión privará a la población de esas zonas de agua limpia y saludable.
Hamás califica la medida de “castigo colectivo” e insiste en que no se le presionará para que haga concesiones en las conversaciones.
Reino Unido denunció la situación afirmando su "profunda preocupación" ante el recorte de los suministros eléctricos y alertó de que no poner fin a esa medida contraviene la legislación internacional: "pone en riesgo infringir las obligaciones de Israel en virtud de la ley humanitaria internacional".
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Con Reuters y EFE
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