El 16 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, enviándolos a El Salvador. Allí fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 por Nayib Bukele, que ha sido criticada por violaciones a los Derechos Humanos.
La administración de Donald Trump desafía al Poder Judicial de EE. UU. al deportar a cientos de venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, a pesar de la intervención judicial. Los deportados fueron enviados al mayor complejo carcelario de El Salvador.
El domingo, aunque un juez había bloqueado la medida, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció la deportación de 238 venezolanos a San Salvador. Rubio justificó la decisión invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa creada en 1798 durante un contexto de guerra.
El responsable de la diplomacia estadounidense utilizó sus redes sociales para agradecer al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por "su ayuda y amistad", haciendo referencia a la disposición de su Gobierno por recibir presuntos criminales detenidos en Estados Unidos para que cumplan sentencia en territorio salvadoreño.
Por su parte, Bukele oficializó la llegada de "los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua", detallando que Washington se comprometió a pagar 6 millones de dólares por un año de estancia de estos supuestos criminales en El Salvador.
La movida había sido ya vaticinada desde el pasado 3 de febrero, cuando Rubio y Bukele cerraron un acuerdo migratorio entre ambas naciones, mismo que incluía la deportación de personas migrantes en situación irregular, de cualquier nacionalidad, que residieran en Estados Unidos y hubieran cometido crímenes en ese territorio.
Los protagonistas del acuerdo remarcaron la disposición de El Salvador a recibir miembros, o presuntos miembros, de organizaciones criminales tales como la pandilla MS-13 o el mismo Tren de Aragua.
Bukele ha convertido las duras prisiones de El Salvador en una marca de su agresiva lucha contra el crimen. Desde marzo de 2022, más de 84.000 personas han sido detenidas, muchas de ellas con frágiles garantías procesales.
Incluso antes de la campaña contra las pandillas, las cárceles de El Salvador eran notoriamente violentas y estaban superpobladas, pero la joya de la corona de la lucha de Bukele es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que inauguró en 2023.
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En unos vídeos de producción sofisticada se ha visto a los presos, en calzoncillos, conducidos a los patios de la prisión y obligados a sentarse casi unos encima de otros. Los hacinan en celdas sin literas suficientes para todos.
En aquel momento, Bukele tuiteó: "El Salvador ha logrado pasar de ser el país más peligroso del mundo, al país más seguro de América. ¿Cómo lo hemos conseguido? Metiendo a los delincuentes en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora lo hay".
¿Qué es el Cecot?
Bukele ordenó construir la megaprisión al iniciar su campaña contra las bandas de El Salvador en marzo de 2022. Se inauguró un año después en la ciudad de Tecoluca, a unos 45 kilómetros al este de la capital.
Con capacidad para 40.000 reclusos, el Cecot consta de ocho pabellones de gran tamaño. Sus celdas albergan entre 65 y 70 presos cada una. No reciben visitas. No hay programas que les preparen para volver a la sociedad después de sus condenas ni talleres o proyectos educativos. Nunca se les permite acceder al exterior.
Las excepciones son charlas motivacionales ocasionales de presos que se han ganado la confianza de los funcionarios de prisiones. Los presos se sientan en filas en el pasillo fuera de sus celdas para las charlas o son conducidos para regímenes de ejercicios bajo la supervisión de los guardias.
El ministerio de Justicia afirma que los retenidos nunca volverán a sus comunidades.
Los comedores, salas de descanso, gimnasio y juegos de mesa de la prisión son para los guardias.
¿Cuántos presos tiene El Salvador?
En abril de 2021, un año antes del inicio del estado de excepción que se ha mantenido, el Gobierno informó que tenía 36.000 presos, cifra que se triplicó según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en septiembre de 2023, cuando cuantificó 100.000 presos en El Salvador.
La organización de Derechos Humanos Cristosal informó que en marzo de 2024, El Salvador – con una población de 6,36 millones de habitantes – mantenía recluidas a 110.000 personas, entre condenados a prisión y quienes esperan juicio.
Cristosal aseguró también que al menos 261 personas habían muerto en las cárceles de El Salvador durante la represión a las bandas. El grupo y otros han citado casos de abusos, tortura y falta de atención médica.
También en el 2024, luego de dos años de implementarse el régimen de excepción, un informe de la sociedad civil reveló que el 2,5 % de la población adulta de El Salvador se encuentra detenida.
“El Salvador posee la tasa más alta de encarcelamiento a nivel mundial”, señaló el documento en su momento.
Con AP y medios locales
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