Las calles de Río de Janeiro se llenaron de seguidores del expresidente brasileño de extrema derecha, actualmente en prisión domiciliaria e investigado por el intento de golpe de estado que sufrió Brasil a inicios de 2023. Entrevistados por France 24 en Españo, muchos de ellos expresan su apoyo total al exmandatario, la negación de los cargos por los que se le acusa y rechazo al poder judicial actual en el estado sudamericano. También apoyaron a Estados Unidos y su actual gobierno, liderado por el republicano Donald Trump.
“No se trata de ser bolsonarista, se trata de ser patriota. Yo estoy luchando por el futuro de mis nietos. ¿Entiendes? Yo espero vivir razonablemente bien durante un tiempo… No sé cuánto tiempo me queda, pero me preocupan mis nietos”, afirma Solange de Souza, una comerciante jubilada que no se pierde una manifestación a favor de su ídolo, el expresidente Jair Bolsonaro.
Hoy se celebra el 7 de septiembre, el Día de la Independencia de Brasil y, como de costumbre en los últimos años, la playa de Copacabana se ha llenado de simpatizantes del exmandatario vestidos de verde y amarillo, los colores de la bandera brasileña. En medio de este bicromatismo, llama la atención un joven ataviado con una bandera de los Estados Unidos. Airaan Martines asegura que “es el mejor país del mundo” y que su bandera representa “la libertad, la esperanza y la justicia”.
En los últimos años, el 7 de septiembre se ha transformado en una fecha señalada para los bolsonaristas. Centenas de “patriotas”, como se autodefinen, han acudido a la famosa Avenida Atlántica para exigir la amnistía de Bolsonaro, que está a punto de ser condenado por la Corte Suprema por un intento fallido de golpe de Estado, y de los otros “patriotas” que el 8 de enero de 2022 protagonizaron los actos de vandalismos que destrozaron los edificios de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia.
En el malecón, el marketing patriótico hace gala de todo su potencial creativo. Los vendedores callejeros tienen camisetas que celebran la Ley Magnitsky, una de las medidas más duras de EE. UU. para castigar a ciudadanos extranjeros acusados de corrupción o graves violaciones de derechos humanos: recientemente, el Gobierno de Donald Trump la aplicó al juez Alexandre de Moraes, que instruye el caso de Bolsonaro. También hay camisetas que retratan al magistrado entre rejas. Muchos simpatizantes llevan pancartas que piden la expulsión del juez del país.
Los símbolos de la república brasileña se mezclan con la estrella de David, que exalta Israel, y con las banderas de Argentina y Estados Unidos.
Los indicios de golpe
El 7 de septiembre de 2021, un año antes de perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro amenazó a los jueces del Tribunal Supremo, que en su oratoria fueron retratados como el principal enemigo de la democracia y de la libertad de expresión.
“Solo saldré [del poder] preso, muerto o victorioso. Quiero decirles a los sinvergüenzas que jamás me arrestarán”, afirmó el exmandatario en la Avenida Paulista hace cuatro años, delante de miles de personas que sostenían pancartas exigiendo la intervención militar y la detención de los magistrados del Tribunal Supremo. Es precisamente esta frase la que habría delatado las intenciones golpistas de Bolsonaro, según la Fiscalía General del Estado.
Cuatro años después, Bolsonaro está en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica y no puede usar las redes sociales para lanzar sus consignas. Si todo sale como previsto, el 12 de septiembre conocerá el fallo de la Corte Suprema, que debe decidir si es culpable de organizar un golpe de Estado y de cometer otros cuatro delitos que, juntos, pueden costarle una pena de hasta 43 años de prisión.
Lo llaman el “juicio del siglo” porque es la primera vez que un expresidente y varios militares de alto rango se sientan en el banquillo para responder de la acusación de golpe. Los otros intentos de la historia reciente de Brasil han quedado impunes. Desde 1889, Brasil sufrió 14 golpes o intentos de golpes, según el jurista Lênio Streck. Además, a diferencia de Argentina y Chile, en Brasil ni un solo militar fue condenado por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1964-1985).
Aun así, para quien transita por la burbuja bolsonarista, llama la atención cómo la percepción de la realidad y la narrativa son diametralmente opuestas a la que defienden los jueces del máximo tribunal del país. “Es evidente que es un montaje. No hay pruebas. ¿Qué golpe? Sin armas, el hombre estaba fuera del país. El 8 de enero de 2023, Bolsonaro estaba en los Estados Unidos. ¿Qué golpe?, pregunto. ¡No hubo golpe!”, asegura Solange. A finales de 2022, se atrincheró durante dos meses en el campamento bolsonarista que fue instalado en frente al cuartel general del Ejército, en el centro de Río de Janeiro. “Nadie nos pagaba un duro para estar allí. Era todo espontáneo. Había mucho entusiasmo y respeto”, destaca.
“Tú no veías un papel tirado en el suelo. En Brasilia, la izquierda contrató a un grupo de vándalos para llevar a cabo la depredación, para arrestar a ancianos inocentes. Yo no estuve en Brasilia, pero estuve todos los días en el campamento de Río. Y te aseguro que muchos ancianos inocentes fueron encarcelados por verdaderos criminales, porque ellos no hicieron nada”, añade George Bonnet, un ingeniero de pelo blanco que también participó activamente del movimiento ciudadano que no reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 2022 y que clamó durante semanas por la intervención militar.
La realidad del 'universo bolsonarista'
En el universo bolsonarista, Alexandre de Moraes es un dictador y en Brasil no hay libertad de expresión. Anderson Souza da Silva, un electrotécnico que lleva una camiseta amarilla, lo resume de esta forma: “Yo vine a defender la patria, la familia y la libertad, porque el país vive bajo una dictadura del Tribunal Supremo Federal. El Supremo hace y deshace lo que quiere. Lo mismo ocurre con el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y los senadores. Vivimos en un país bajo una dictadura disfrazada: nadie tiene derecho a ser opositor del Gobierno. Tenemos al presidente de la República preso dentro de su casa, sin haber cometido ningún delito, mientras que quien gobierna nuestro país, con numerosos delitos y numerosas condenas en su haber, están todos sueltos”.
A pocos metros, Erica Medeiros, empresaria, explica que “Bolsonaro está siendo acusado por motivos políticos” y no por el hecho de haber cometido algún delito. “Necesitan eliminarlo de las próximas elecciones, sin olvidar que nosotros ganamos las últimas elecciones. Pero en este país no hay voto impreso y no se pudo demostrar”, agrega.
Sus convicciones tienen la misma fortaleza que la fe y ninguno de los argumentos esgrimido por la periodista hacen mella: por ejemplo, que el voto impreso, por sí solo, no impide el fraude electoral; o que las urnas electrónicas, tan criticadas por Bolsonaro, pueden ser auditadas incluso sin el voto impreso – una información repetida hasta la saciedad por los sucesivos presidentes del Tribunal Superior Electoral en los últimos años.
En 2022, Bolsonaro recibió el 49,10% de los votos. Esto significa que fue escogido por la mitad del país. Hoy Brasil sigue polarizado como antaño. El 51% de la población aprueba el arresto domiciliario de Bolsonaro y el 53% apoya la acción de Moraes, según la última encuesta de Datafolha. Además, el 61% de los entrevistados reconoce que no votaría por un candidato que promete amnistiar a Bolsonaro.
No parece que este dato haya influido en la decisión del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ir a Brasilia esta semana, en busca de aliados para intentar aprobar la ley de Amnistía en el Congreso Nacional. Tarcísio, como es llamado en la prensa brasileña, aspira a ser el delfín de Bolsonaro en las elecciones del año que viene, ya que el líder de extrema derecha está inhabilitado hasta 2030.
En la manifestación de la Avenida Paulista, que según la Universidad de São Paulo congregó a 42.000 personas, Tarcísio apareció al lado del pastor Silas Malafaia, investigado por la Policía Federal por obstrucción a la justicia en el caso que investiga el golpe de Estado, y al presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, que sigue apoyando a Bolsonaro porque – reconoce – gracias a él su partido se ha convertido en el más grande de Brasil.
No es un detalle de poca monta, ya que significa más dinero del fondo electoral. En las elecciones locales de de 2024, el PL consiguió distribuir 886 millones de reales (163 millones de dólares) entre sus candidatos. En segundo lugar, se situó el Partido de los Trabajadores de Lula, con 620 millones de reales (114 millones de dólares).
Desde el camión de sonido, Tarcísio de Freitas criticó duramente el juicio a Bolsonaro y de los otros siete acusados por intento de golpe de Estado, presionó al presidente de la Cámara, Hugo Motta, para que ponga en votación el proyecto de ley de “amplia amnistía” para los involucrados al 8 de enero de 2023, y dijo que el único candidato posible de la derecha para 2026 es Bolsonaro. “Nadie soporta más la tiranía del ministro Moraes”, espetó el gobernador, que en las manifestaciones anteriores había evitado criticar abiertamente al Tribunal Supremo. “No aceptaremos la dictadura de un poder sobre otro”, añadió.
Si en Río de Janeiro numerosas pancartas pedían a Donald Trump que rescate Brasil o le agradecían por su apoyo a Bolsonaro, en São Paulo una bandera gigantesca de EE. UU. fue extendida por los manifestantes en la Avenida Paulista. Para el columnista Leonardo Sakamoto, se ha tratado de un gesto de mal gusto, dado que este 7 de septiembre se conmemora el 203º aniversario de la independencia de Brasil.
“La gran bandera terminó siendo un regalo del bolsonarismo más auténtico para Lula, quien se ha esforzado por señalar que los líderes del grupo actúan como traidores a la nación al incitar a Estados Unidos a imponer sanciones contra Brasil. Trump exige, para comenzar a discutir la revisión del aumento del 50% de los aranceles a nuestros productos, que el Supremo Tribunal Federal interrumpa el juicio a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado. O que el Congreso Nacional apruebe una amnistía. Alexandre de Moraes no se alarmó cuando Donald Trump le impuso la Ley Magnitsky. Sin embargo, el grupo autoproclamado patriótico tuvo un orgasmo en redes sociales por las acciones del Gobierno estadounidense. Las sanciones financieras previstas por la ley estadounidense no tuvieron impacto en el juicio a Jair Bolsonaro y sus cómplices por intento de golpe de Estado y organización criminal armada en el Supremo Tribunal Federal”, escribe Sakamoto.
Desde que empezó la crisis de los aranceles, el presidente Lula ha defendido la soberanía de Brasil y ha trabajado para abrir nuevos mercados para los productos afectados. El resultado es que su popularidad ha mejorado. Según la encuesta Genial/Quaest, la desaprobación del Gobierno progresista disminuyó del 53% al 51% entre julio y agosto, mientras que la aprobación aumentó del 43% al 46% en el mismo período.
En un escenario cada vez más incierto y polarizado, sólo hay una certeza, según varios juristas: si el Congreso aprueba la Ley de Amnistía, la Corte Suprema la declarará inconstitucional y la fractura entre los dos poderes puede ser insalvable.
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