Mala decisión la de la Junta Central Electoral, la de no establecer un precedente con los partidos políticos que han violentado su disposición sobre el cese de la campaña electoral prematura, luego de una admonición que estableció el 25 de agosto como la fecha límite para retirar la propaganda electoral establecida en todo el país y paralizar las marchas, caravanas, concentraciones y actos de promoción de los candidatos presidenciales y los candidatos a posiciones congresuales y municipales.
Desde el primer momento de la admonición de la JCE estuvo claro que ciertos partidos y candidatos decidieron no dialogar con las autoridades electorales, sino impugnarlas, desoir sus disposiciones y restarle autoridad legal y moral para tomar decisiones coercitivas contra los violadores de las disposiciones del organismo responsable de regular la campaña electoral.
Se sabe que este ha sido el período para la precampaña interna de los partidos. Todas las organizaciones se adelantaron y escogieron a sus candidatos presidenciales, con la excepción del Partido Revolucionario Moderno, que tiene la vista puesta en la asamblea de selección del candidato presidencial que deberá realizar el primer domingo de octubre, del año preelectoral.
Los resultados de ese proceso deberán darlo a conocer los partidos a más tardar cinco días después de las asambleas. Pero todos sabemos que Fuerza del Pueblo y PLD ya pre-seleccionaron a sus candidatos presidenciales, quienes están en campaña abierta y con actividades que socavan la autoridad de la JCE.
La JCE ha convocado a una reunión conjunta de los partidos políticos con ese organismo, y lo ha llamado “una cumbre”, para debatir el próximo martes el marco regulatorio de la pre-campaña y campaña electoral, con el propósito de “viabilizar la tolerancia, la convivencia pacífica y la integridad electoral”.
¿Y qué pasó con la admonición de la JCE a los partidos políticos?
Nada. Todos los partidos han seguido el patrón trazado por Fuerza del Pueblo, de desautorizar al organismo electoral, quitarle autoridad legal y moral para regular la campaña electoral, con lo cual el país entra en una especie de selva electoral sin regulación, a partir de ahora, y se desdibuja todo el cronograma que ha dando tanto trabajo a los miembros del organismo electoral elaborar y aprobar.
El PLD ha dicho que irá a llamada cumbre convocada por la JCE, pero que no se desmovilizará y continuará realizando actividades públicas abiertas, marchas, concentraciones, porque esa organización, como las otras opositoras, están en campaña abierta y necesitan saturar todos los espacios con promoción, fotografías, imágenes, consignas, en las que aparecen sus candidatos a posiciones electivas, desde el presidencial, hasta el que aspira a regidor en el más humilde distrito municipal.
Con esta forma blanda de manejarse que ha puesto en marcha la JCE, acaba de perder una gran parte de su autoridad, no solamente para la campaña electoral en período fuera del tiempo de la proclama, sino para controlar los gastos de campaña, los límites establecidos de inversión por candidaturas, el control de los personeros que deberá contratar y entrenar para que sean los reguladores de los procesos en los colegios y centros de votación, y muchas otras tareas que son de su exclusiva responsabilidad.
Lamentablemente, ha triunfado el desorden y la falta de autoridad de un organismo central para el sostenimiento de la democracia y la representación de los ciudadanos dominicanos, que aspiramos a vivir en orden, con respeto a las disposiciones legales y con respeto a la autoridad establecida.