Un grupito bien orquestado tiene hoy en día prácticamente el monopolio de la discursiva anti haitiana en nuestro país y actúa de modo concertado bajo un mandamiento vertical.
Su modus operandi consiste en insuflar el miedo con insultos, mentiras, amenazas y descalificaciones primarias por medio de un sinnúmero de bocinas acopladas y adiestradas por profesionales.
Pasan su tiempo tratando de detectar cualquier señal de cordura en el tratamiento del tema haitiano para enfilar sus cuchillas de una vez. Su norte es nunca inhibirse por los términos que usan, por el odio que vierten y las mentiras que expelen: buscan confundir y surfear sobre los temores.
Traidor a la Patria: es así como califican a todos aquellos que tienen dos dedos de frente y entienden, de cara a una crisis haitiana de una amplitud sin precedentes, que echarle leña al fuego es hacerle un muy flaco servicio a la Patria que algunos pretenden tener el monopolio de servir.
La deportación ilegal de niños, la caza de las embarazadas haitianas en los hospitales dominicanos, las condiciones inhumanas en las camionas, en Haina y en los demás centros de detención y deportación, así como la corrupción que se manifiesta en los servicios de migración y en determinados estamentos militares son situaciones que hablan mal de la República Dominicana y de su sistema democrático.
Enfrentar debidamente y superar esas situaciones no es traicionar a la Patria. Muy por el contrario, hacerlo le dará a nuestro gobierno y al país más apoyo y más credibilidad y, en definitiva, más fuerza para solucionar las dificultades que encaramos.
La realidad descrita con una pluma muy fina por un estudiante haitiano portador de documentos de identidad y migratorios válidos, publicada la semana pasada, sobre sus peregrinaciones cuando estuvo atrapado en una redada, es una síntesis de atropellos inconcebibles a los derechos humanos que apuntalan las camionas, el Vacacional de Haina y los agentes de migración.
Distintos organismos internacionales y bilaterales han realizado llamados al país para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes haitianas y, de manera explícita, de mujeres embarazadas.
Entre ellas, la CIHD, el 1 de diciembre del 2021, recordó que las personas migrantes tienen derecho a recibir la misma atención médica que las personas nacionales, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Por tanto, los Estados no deben impedir el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad.
Recientemente el Departamento de Estado publicó el informe sobre trata de personas en República Dominicana, degradando al país a nivel de vigilancia 2 por encontrar varias limitaciones relacionadas con la población migrante.
En materia de salud sexual en 2017 la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), identificó que la población femenina de origen haitiano en edad reproductiva alcanzó 150,165 mujeres. De estas, el 60.6% tuvo su último hijo entre 2013 y 2017, lo que supone 90,999 nacimientos, lo que significa a su vez un promedio aproximado de 18,199 nacimientos anuales (o sea, 1,516 mensuales), para ese quinquenio.
De acuerdo con los datos publicados en la prensa por el Servicio Nacional de Salud (SNS), cerca de 15 mil nacimientos de niños hijos de madres haitianas fueron registrados en los hospitales de la red pública durante los primeros cinco meses de 2023 (3,000 mensuales), representando esto un 9.1% de incremento respecto al mismo periodo en 2022 (2,727 mensuales).
Estos son los datos sobre partos de madres haitianas publicados del SNS:
- 2017: 1,516 partos mensuales
- 2018: 1,224 partos mensuales
- 2019: 2,332 partos mensuales
- 2020: 2,448 partos mensuales
- 2021: 2,971 partos mensuales
- 2022: 2,727 partos mensuales
De estos datos se desprende que la gran mayoría de partos de mujeres haitianas son partos de mujeres que viven sobre el suelo dominicano y no son el fruto de un “turismo de salud” ilegal.
Sin embargo, se difunde en diversos espacios públicos que estos partos están relacionados mayoritariamente con mujeres embarazadas haitianas que son traídas (tráfico ilícito de migrantes), con el objetivo de dar a luz en territorio dominicano.
De considerar esto como una realidad se estaría haciendo referencia a un problema de seguridad nacional, al tratarse de tráfico ilícito de migrantes a través de los puntos fronterizos formales e informales, lo que significaría inequívocamente un involucramiento de las fuerzas de seguridad fronterizas y de otros funcionarios públicos en actos de corrupción.
En este escenario la respuesta no debe estar orientada contra el derecho a la salud sino hacia la persecución y sanción del delito de tráfico ilícito de migrantes.
Estemos, pues, vigilantes. Analicemos la realidad con la mayor objetividad posibles. No nos dejemos enredar en falsos debates. Las cifras hablan por sí mismas.